El Día Internacional de la Mujer de 2026 llega marcado por un preocupante retroceso en la igualdad de género, directamente vinculado a un sistema fiscal global que favorece a las élites y deja a las mujeres, especialmente en el Sur Global, cargando con el peso de la injusticia económica. Expertos advierten que el desmantelamiento del multilateralismo y la reducción de la ayuda al desarrollo están profundizando la desigualdad, mientras que la persistente brecha salarial y la infravaloración del trabajo no remunerado continúan socavando la autonomía económica femenina.
Los datos son contundentes: las mujeres ganan apenas el 61% de lo que ganan los hombres por cada hora trabajada, una cifra que evidencia una estructura económica profundamente desigual. Si se considera el trabajo no remunerado, esencial para el sostenimiento de las sociedades, el ingreso efectivo de las mujeres se desploma hasta un alarmante 32%. Esta realidad no es una simple desigualdad, sino una injusticia estructural que exige una transformación radical.
A pesar de algunos avances en la inclusión financiera –el 73% de las mujeres en economías de ingresos bajos y medios ahora tiene una cuenta bancaria–, 700 millones de mujeres siguen excluidas del sistema financiero, privadas de las herramientas necesarias para construir resiliencia económica y ejercer su autonomía. Informes del Banco Mundial revelan que la exclusión jurídica y económica de las mujeres no es un fallo técnico, sino una decisión política que frena deliberadamente el desarrollo. En la mayoría de los países, las leyes que deberían garantizar la igualdad económica no se aplican plenamente, limitando el acceso de las mujeres al empleo, al crédito, al emprendimiento y a oportunidades reales de progreso.
La raíz del problema, según analistas, reside en un sistema fiscal global diseñado para que las multinacionales y los superricos evadan sus responsabilidades. Esta evasión fiscal tiene un impacto directo en las mujeres, ya que los recortes en servicios públicos como guarderías y atención médica recaen desproporcionadamente sobre ellas, obligándolas a asumir tareas de cuidado no remuneradas que perpetúan la injusta organización social del trabajo.
La pérdida deliberada de ingresos fiscales en la economía digital agrava aún más la situación. Las plataformas digitales generan enormes beneficios en los mercados del Sur Global, pero eluden impuestos al transferir sus ganancias a jurisdicciones de baja o nula imposición. La Red de Justicia Fiscal estima que el mundo pierde 492 mil millones de dólares cada año por el abuso fiscal global, una pérdida que afecta especialmente a los países de ingresos medios y bajos, y que se traduce en menos recursos para financiar la salud, la educación, los cuidados y la protección social. Cuando una multinacional no paga impuestos, es una mujer quien sufre las consecuencias, ya sea por la falta de subsidios o la reducción de servicios públicos.
Sin embargo, la situación no es desesperanzadora. La creciente conciencia sobre la injusticia fiscal y la movilización social están generando una respuesta cada vez más firme. Gobiernos, coaliciones, organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil coinciden en que la justicia fiscal es esencial para sostener la estabilidad de la economía global y garantizar la igualdad de género.
Cada vez más voces reclaman una tributación justa de los más poderosos, desafiando la narrativa promovida por algunos ultrarricos de que gravarlos sería perjudicial. Incluso medios como The Wall Street Journal han reconocido que los bajos impuestos pagados por los multimillonarios constituyen un problema para la economía. Un estudio de la London School of Economics revela que las bajas tasas efectivas que pagan los superricos erosionan el apoyo ciudadano a la tributación de la clase media.
La Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa (ICRICT) ha propuesto una reforma de la arquitectura fiscal internacional, que actualmente está sesgada en favor de los países más poderosos y de las corporaciones. Esta reforma es fundamental para perpetuar desigualdades estructurales que afectan especialmente a mujeres y niñas.
La negociación de una Convención Fiscal de las Naciones Unidas se presenta como el espacio multilateral más relevante para abordar estos temas de fondo. Aunque el proceso enfrenta presiones y resistencias de quienes temen perder privilegios, especialistas coinciden en que la Convención, que debería adoptarse en 2027, debe incorporar disposiciones para corregir los desequilibrios de género y fortalecer la equidad fiscal global.
Organizaciones sociales y académicas han presentado propuestas concretas para avanzar en las negociaciones, como la aplicación de una “fórmula de reparto” global que distribuya adecuadamente los tributos que deben pagar las multinacionales a la fuente en la que se generan los beneficios, combinada con un impuesto mínimo corporativo de 25%. Esto podría generar hasta 702 mil millones de dólares de ingresos adicionales al año.
Para que la justicia fiscal sea real, se complementaría con un impuesto mínimo de 25% sobre los ultrarricos, un impuesto coordinado a los patrimonios superiores al 2% –como propone el economista francés Gabriel Zucman– y un Registro Global de Activos (GAR) para frenar la evasión y los flujos financieros ilícitos.
Más allá de la ONU, el empoderamiento económico de las mujeres ha sido un tema central en la Cumbre de la Unión Africana en Adís Abeba. En Estados Unidos, a pesar de la retirada de las negociaciones fiscales en la ONU, se observa un debate fiscal abierto en California, donde se impulsa un referendo para establecer un impuesto extraordinario del 5% a los residentes con patrimonios superiores a mil millones de dólares.
La conferencia “En Defensa de la Democracia” celebrada en Santiago de Chile y la creación esperada de un Panel Intergubernamental de Expertos sobre la Desigualdad añaden nuevas capas a una arquitectura de resistencia cada vez más sólida.
Gravar adecuadamente a las multinacionales y a los superricos, y combatir la evasión fiscal internacional, es esencial para financiar los sistemas de cuidados, la protección social y los servicios públicos que sostienen la igualdad real entre mujeres y hombres. Sin recursos, los derechos de las mujeres no son más que una promesa vacía. Exigir justicia fiscal no es un asunto técnico, sino una reclamación del derecho de las mujeres a una vida digna, libre y plena.
