Santo Domingo, República Dominicana – Una conferencia organizada por el Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales (IGLOBAL), con el apoyo de la UNESCO, ha encendido el debate sobre el delicado equilibrio entre la libertad de expresión y la necesidad de regular las grandes plataformas digitales. El evento, celebrado en el auditorio de la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode), contó con la presencia del expresidente Leonel Fernández, la rectora del IGLOBAL, Josefina Pimentel, y representantes de la UNESCO en el país, atrayendo a un público diverso compuesto por jueces, académicos, periodistas, juristas y estudiantes.
El eje central de la discusión fue la exposición del experto internacional Joan Barata, quien desglosó el creciente poder de las plataformas tecnológicas en la configuración del discurso público y los desafíos que esto plantea para las democracias contemporáneas. Barata argumentó que comprender el funcionamiento de estas plataformas requiere una distinción crucial: la diferencia entre lo ilegal y lo nocivo.
“El ámbito de lo ilegal en las plataformas es el mismo que existe fuera de internet: no se puede difamar, no se puede incitar al crimen ni promover discursos de odio. Eso continúa siendo igual”, enfatizó Barata, subrayando que las leyes existentes ya cubren las actividades ilícitas en el entorno digital. Sin embargo, su advertencia clave radica en la capacidad –y el respaldo legal en muchos casos– que tienen las plataformas para definir de manera autónoma qué contenido consideran “nocivo” dentro de sus espacios digitales.
Esta potestad, según el experto, se traduce en millones de decisiones algorítmicas diarias que ejercen una influencia significativa en la configuración del debate público. “Las plataformas, de forma algorítmica, adoptan millones de decisiones al día que tienen mucho más poder en la conformación de lo que es aceptable y lo que no es aceptable que un legislador o un juez”, afirmó Barata, pintando un panorama donde la moderación de contenidos no se rige únicamente por el derecho, sino también por criterios corporativos, políticas internas y, fundamentalmente, por sistemas algorítmicos opacos.
Esta realidad plantea serias interrogantes sobre la transparencia y la rendición de cuentas de las plataformas. ¿Cómo se definen los criterios de “nocividad”? ¿Qué mecanismos existen para garantizar que estas decisiones no sean arbitrarias o discriminatorias? ¿Cómo se protege la libertad de expresión frente a la censura privada ejercida por estas empresas?
Barata advirtió que muchos intentos de regular las plataformas se enfocan en solucionar síntomas, en lugar de abordar las causas profundas de los problemas sociales que intentan resolver. Tomó como ejemplo la protección de menores en internet, señalando que esta cuestión involucra dimensiones mucho más amplias que la simple regulación tecnológica, incluyendo la educación, la responsabilidad familiar, el papel de las escuelas y el funcionamiento de las comunidades.
El especialista también criticó lo que denominó la “tentación tecnosolucionista”, la creencia errónea de que la tecnología por sí sola puede resolver problemas complejos con raíces sociales profundas. Esta mentalidad, según Barata, puede llevar a soluciones simplistas e ineficaces que ignoran la complejidad de los desafíos que enfrentamos.
Durante su presentación, Barata analizó diversos modelos regulatorios que se están discutiendo a nivel internacional. Contrastó el enfoque de Estados Unidos, basado en la Primera Enmienda (que protege la libertad de expresión) y la Sección 230 (que otorga inmunidad a las plataformas por el contenido publicado por sus usuarios), con los modelos impulsados por la Unión Europea a través del Digital Services Act (DSA).
El DSA, que entró en vigor recientemente, establece nuevas obligaciones de transparencia y supervisión para las plataformas digitales, incluyendo la obligación de eliminar contenido ilegal y de proteger los derechos fundamentales de los usuarios. Este enfoque, más proactivo y regulatorio, busca equilibrar la libertad de expresión con la necesidad de proteger a los usuarios de contenidos dañinos.
La conferencia en Funglode no solo expuso los desafíos que plantean las plataformas digitales, sino que también abrió un espacio para el debate y la reflexión sobre posibles soluciones. La discusión se centró en la necesidad de encontrar un equilibrio entre la protección de la libertad de expresión y la regulación de contenidos nocivos, evitando tanto la censura arbitraria como la propagación de discursos de odio y desinformación.
La participación de figuras clave como Leonel Fernández y Josefina Pimentel, así como la presencia de representantes de la UNESCO, subrayan la importancia de este debate a nivel nacional e internacional. La regulación de las plataformas digitales es un tema complejo que requiere un enfoque multidisciplinario, que involucre a legisladores, jueces, académicos, periodistas, empresas tecnológicas y la sociedad civil en su conjunto.
El futuro de la libertad de expresión en la era digital depende de nuestra capacidad para encontrar soluciones innovadoras y efectivas que protejan los derechos fundamentales de los ciudadanos y promuevan un debate público informado y plural. La conferencia en Funglode ha sido un paso importante en esa dirección, generando conciencia sobre los desafíos que enfrentamos y abriendo un espacio para la búsqueda de soluciones conjuntas. La discusión continúa, y la necesidad de una regulación inteligente y equilibrada de las plataformas digitales se vuelve cada vez más urgente.
