La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha emitido una recomendación contundente sobre el caso del Rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, un sitio que se convirtió en un macabro hallazgo de restos humanos y evidencia de actividades criminales. Sin embargo, la recomendación 11/2025 ha generado controversia al eximir de toda responsabilidad a la Fiscalía General de la República (FGR), a pesar de que ésta asumió la indagatoria en marzo de 2025, y concentrar las críticas en la fiscalía local y el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF).
La CNDH, bajo la dirección de Rosario Piedra Ibarra, acusa a la Fiscalía del Estado de Jalisco (FEJ) y al IJCF de graves irregularidades en el procesamiento de las evidencias encontradas en el rancho, así como en la custodia del inmueble. El documento, que ha sido objeto de análisis por parte de expertos y colectivos de madres buscadoras, omite detalles cruciales sobre la participación de la FGR, incluyendo la invitación pública realizada por el entonces fiscal general, Alejandro Gertz Manero, a los medios de comunicación para visitar el rancho antes de que la FGR anunciara formalmente la atracción del caso.
Esta omisión ha levantado sospechas entre las madres buscadoras, quienes cuestionaron el papel de Gertz Manero y la FGR desde el principio, argumentando que la convocatoria mediática podría haber comprometido la integridad de la escena del crimen. La CNDH no menciona estas inquietudes en su recomendación, limitándose a señalar que la FGR recibió el expediente del caso el 19 de marzo de 2025.
La recomendación detalla que la FEJ no resguardó adecuadamente el inmueble después de una intervención inicial en noviembre de 2024, durante la cual fueron detenidas al menos diez personas. Esta falta de custodia permitió que las madres buscadoras ingresaran al rancho el 5 de marzo de 2025, descubriendo evidencia que no había sido procesada por la fiscalía estatal. La CNDH responsabiliza al agente del Ministerio Público de la FEJ por permitir el acceso de personas al rancho el 20 de marzo de 2025, a pesar de que se encontraba en proceso de intervención pericial.
La CNDH reconoce que el acceso de las buscadoras, aunque pretendía ser controlado, resultó en la alteración del lugar y de los indicios potencialmente presentes. El documento enfatiza que esta situación evidenció deficiencias en la preservación del inmueble y en la conducción de las diligencias ministeriales, lo que compromete la legalidad y la seguridad jurídica del caso.
A pesar de que la FGR emitió un comunicado reciente sobre los avances de la investigación, la CNDH apenas dedica un párrafo a la institución encabezada por Ernestina Godoy. La relación de evidencias recabadas por la CNDH incluye un oficio de la fiscalía de Jalisco en el que se informa que la FGR no ejerció su facultad de atracción del caso inicialmente.
La recomendación identifica violaciones a los derechos humanos a la legalidad y seguridad jurídica, así como al acceso a la justicia, atribuibles a servidores públicos de la FEJ y el IJCF. La CNDH exige a ambas instituciones un acto público de reconocimiento de responsabilidad por estas violaciones en un plazo de seis meses.
Además, se les instruye a nombrar servidores públicos de alto nivel y a elaborar un protocolo de actuación para el aseguramiento de los lugares de intervención, el procesamiento técnico-científico de indicios, el manejo de la cadena de custodia y la generación de periciales confiables.
En particular, se solicita a la FEJ que coadyuve con la CNDH en una queja contra seis servidores públicos ante la Contraloría Interna, y que integre la recomendación a las carpetas de investigación abiertas por presuntos actos de corrupción y abuso de autoridad relacionados con el aseguramiento del Rancho Izaguirre.
El IJCF, por su parte, debe colaborar con las autoridades en el esclarecimiento de las carpetas de investigación abiertas en la FEJ, colaborar con la CNDH en el procedimiento contra cinco servidores públicos por sus omisiones y dilaciones en el procesamiento de las pruebas, llevar a cabo un programa de capacitación en materia de derechos humanos para su personal, y emitir una circular con lineamientos técnicos para el procesamiento de indicios y la cadena de custodia.
Este caso se produce en un contexto de creciente preocupación por la violencia y la impunidad en México, especialmente en estados como Jalisco, donde la presencia del crimen organizado es fuerte. La captura y posterior muerte de “El Mencho” en febrero pasado desató una ola de violencia en la entidad, con enfrentamientos, narcobloqueos y decenas de muertos y detenidos.
La situación se agrava con el aumento de agresiones contra las madres buscadoras, quienes desempeñan un papel fundamental en la localización de personas desaparecidas. Artículo 19 ha documentado que el sexenio de Claudia Sheinbaum podría ser uno de los más letales para estas mujeres, con 11 asesinatos registrados en 2025, concentrados principalmente en Guanajuato, Sinaloa y Jalisco.
La recomendación de la CNDH sobre el Rancho Izaguirre plantea interrogantes sobre la independencia y la imparcialidad de la investigación, así como sobre la responsabilidad de la FGR en este caso. La exclusión de la FGR de la recomendación ha generado críticas y ha reavivado el debate sobre la necesidad de una mayor transparencia y rendición de cuentas en la lucha contra la impunidad en México. La omisión de detalles clave y la focalización exclusiva en las autoridades locales han sido interpretadas por algunos como un intento de proteger a la FGR de posibles cuestionamientos, lo que socava la confianza en la investigación y en la capacidad del Estado para garantizar la justicia para las víctimas y sus familias.
