Un tribunal de comercio de Estados Unidos ha ordenado al gobierno federal iniciar el proceso de devolución de miles de millones de dólares a importadores que pagaron aranceles globales impuestos durante la administración de Donald Trump, los cuales fueron declarados ilegales por la Corte Suprema el mes pasado. La decisión, emitida por el juez Richard Eaton de Manhattan, obliga a la Aduana y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) a recalcular los costos de entrada de millones de envíos, excluyendo los aranceles, y a garantizar que los importadores reciban reembolsos con intereses.
La orden judicial se basa en el hecho de que, en Estados Unidos, los importadores inicialmente pagan una estimación del valor al ingresar mercancías, la cual se liquida aproximadamente 314 días después. Eaton instruyó a la CBP a realizar estos recálculos sin aplicar los aranceles, asegurando así el reembolso a los importadores afectados. Durante la audiencia, el juez enfatizó la capacidad de la agencia para implementar estos reembolsos, señalando que la CBP realiza este tipo de cálculos diariamente y puede programar sus sistemas para emitirlos de manera eficiente.
Eaton ha programado una nueva audiencia para recibir actualizaciones sobre los planes de la CBP. Además, ha decidido asumir la responsabilidad exclusiva de revisar las solicitudes de reembolso de estos aranceles, buscando agilizar el proceso y evitar demoras innecesarias.
La CBP ha reconocido que la tarea de revisar los costos de entrada sin los aranceles es de una escala “sin precedentes”, pudiendo requerir la revisión manual de más de 70 millones de declaraciones de importación. La agencia estima que podría necesitar hasta cuatro meses para evaluar las opciones de reembolso disponibles.
El monto total de los aranceles pagados ilegalmente durante la administración Trump supera los 130 mil millones de dólares. La Corte Suprema, si bien declaró ilegales los aranceles, no proporcionó directrices específicas sobre cómo se deberían realizar los reembolsos, generando incertidumbre entre los importadores.
La decisión de Eaton surgió a raíz de una demanda presentada por Atmus Filtration, una empresa que alega haber pagado alrededor de 11 millones de dólares en aranceles ilegales. El caso de Atmus es solo uno de aproximadamente 2 mil demandas presentadas ante el tribunal comercial, buscando reembolsos bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés).
El juez Eaton expresó su intención de evitar un análisis caso por caso, buscando establecer un método eficiente para que los importadores puedan reclamar el reembolso de los impuestos aplicados ilegalmente. “Queremos encontrar un método por el cual estos importadores puedan reclamar el reembolso de los impuestos aplicados ilegalmente”, declaró el juez.
Paralelamente a esta decisión, 20 estados han presentado una demanda judicial contra las nuevas tarifas globales impuestas por Trump inmediatamente después de la derrota en la Corte Suprema. Los procuradores generales y gobernadores demócratas argumentan que Trump está excediendo sus poderes con las tarifas planeadas del 15% sobre una amplia gama de productos importados.
Trump defiende la imposición de estas tarifas como una medida esencial para reducir el déficit comercial de larga data de Estados Unidos. Impuso los aranceles basándose en la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, después de que la Corte Suprema anulara los aranceles previamente impuestos bajo una ley de poderes de emergencia.
La Sección 122, que nunca antes había sido invocada, permite al presidente imponer tarifas de hasta el 15%. Estas tarifas están limitadas a cinco meses, a menos que sean prorrogadas por el Congreso. La demanda es liderada por los procuradores generales de Oregon, Arizona, California y Nueva York.
El procurador general de Oregon, Dan Rayfield, enfatizó que el enfoque actual debe ser el reembolso a los afectados, en lugar de la imposición de nuevas tarifas ilegales. “El foco ahora debe ser el reembolso a las personas, no el refuerzo de las tarifas ilegales”, afirmó Rayfield. La nueva demanda argumenta que Trump no puede recurrir a la Sección 122, ya que fue concebida para ser utilizada únicamente en circunstancias específicas y limitadas, y no para la imposición general de aranceles de importación.
La situación plantea un desafío logístico y legal considerable para la CBP, que deberá gestionar un volumen masivo de solicitudes de reembolso y garantizar la transparencia y equidad en el proceso. La decisión del juez Eaton representa un paso importante para corregir las políticas comerciales controvertidas de la administración Trump y restaurar la confianza en el sistema comercial internacional. La batalla legal continúa, con los estados desafiando las nuevas tarifas y buscando limitar aún más el poder del presidente en materia de comercio exterior. El desenlace de estos litigios tendrá implicaciones significativas para la economía global y las relaciones comerciales de Estados Unidos.
