A un año del impactante hallazgo del Rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco ha alzado nuevamente la voz, denunciando la lentitud y opacidad en las investigaciones, así como la falta de resultados concretos en la identificación de las víctimas. El rancho, utilizado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como centro de adiestramiento y reclutamiento, reveló un macabro escenario de muerte y sufrimiento, con el descubrimiento de más de 400 objetos personales y restos óseos.
El 5 de marzo de 2023 marcó un punto de inflexión en la búsqueda de desaparecidos en Jalisco. El colectivo, guiado por una denuncia anónima, se adentró en el predio, encontrando evidencias escalofriantes de la actividad criminal del CJNG. “Comenzamos a encontrar lo que nadie debería encontrar: huesos calcinados y restos humanos entre la tierra”, relata el colectivo en un comunicado, evocando el horror y la consternación que sintieron al descubrir la magnitud de la tragedia. “Esos restos no los colocamos nosotros. Estaban ahí, ocultos bajo el suelo. Aún se nos eriza la piel al recordar ese momento. Porque mientras cavábamos, entendimos algo que nunca vamos a poder borrar de nuestra memoria: en ese lugar muchas personas perdieron la vida. No fue solamente un sitio de adiestramiento o reclutamiento. En ese rancho hubo muerte, dolor y silencio”.
El Rancho Izaguirre no era simplemente un lugar para formar nuevos reclutas del CJNG. Las evidencias encontradas, incluyendo una señal de tránsito utilizada para practicar puntería con impactos de bala y un campo de obstáculos, sugieren un lugar donde se impartía entrenamiento paramilitar y se ejercía violencia. La presencia de figuras religiosas y objetos personales abandonados en el lugar, como zapatos, bolsos, ropa y pertenencias, pintan un retrato desgarrador de las víctimas, personas que fueron atraídas o secuestradas para ser adoctrinadas o utilizadas por el cártel.
Tras el hallazgo inicial, la Guardia Nacional ingresó al predio en septiembre de 2023, logrando la detención de 10 personas y la liberación de dos secuestrados. Sin embargo, la vigilancia del lugar fue interrumpida, permitiendo que el CJNG retomara el control del rancho. Esta falta de continuidad en las acciones de seguridad ha generado críticas y desconfianza entre los colectivos de búsqueda y las familias de los desaparecidos.
En octubre de 2023, el entonces fiscal general, Alejandro Gertz Manero, informó sobre la detención y procesamiento de 19 personas relacionadas con el caso, incluyendo al presidente municipal de Teuchitlán y al jefe de policía de un municipio cercano, presuntamente vinculados al CJNG. A 10 de estos detenidos se les impuso una pena de 141 años y tres meses de prisión, además de una reparación del daño de 1.3 millones de pesos a cada uno. Sin embargo, estas condenas no han sido suficientes para satisfacer la demanda de justicia de las familias de los desaparecidos.
La investigación, que posteriormente quedó a cargo de la Fiscalía General de la República (FGR), ha sido objeto de controversia. En enero de 2026, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco denunció que la FGR había abandonado las investigaciones y filtrado información al crimen organizado, presuntamente con el objetivo de liberar a los detenidos. Estas acusaciones han socavado la credibilidad de la FGR y han generado un clima de desconfianza en el proceso de investigación.
A pesar de los esfuerzos realizados, la FGR aún no ha logrado identificar los restos humanos encontrados en el rancho. Gertz Manero admitió en octubre de 2023 que “hasta este momento no ha habido ninguno, ni por parte de las periciales locales ni de las nuestras federales, que nos haya dado un solo caso”. A un año del hallazgo, la fiscalía continúa sin pronunciarse sobre la identidad de las víctimas, lo que ha generado frustración y desesperación entre las familias de los desaparecidos.
El colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco ha publicado un video inédito que muestra las labores de excavación y los hallazgos realizados en el rancho. El video, de casi 6 minutos de duración, documenta el proceso de búsqueda de restos óseos y la catalogación de objetos personales, ofreciendo una visión impactante de la realidad que enfrentan los buscadores de personas desaparecidas en México.
Ante la falta de avances en la investigación y la ausencia de respuestas por parte de las autoridades, el colectivo ha lanzado un llamado a la presidenta del país, Claudia Sheinbaum, a la FGR y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, exigiendo transparencia y rendición de cuentas. “A un año de ese hallazgo, seguimos exigiendo lo mismo que desde el primer día: verdad, investigación y justicia. Las familias merecen saber qué pasó. México merece saber qué pasó”, enfatiza el colectivo en su comunicado.
El caso del Rancho Izaguirre se ha convertido en un símbolo de la crisis de desaparición forzada en México, un problema que afecta a miles de familias y que exige una respuesta urgente y efectiva por parte de las autoridades. La exigencia de verdad, justicia y reparación del daño para las víctimas y sus familias sigue siendo la principal demanda de los colectivos de búsqueda y de la sociedad civil. La falta de resultados en la investigación del Rancho Izaguirre alimenta la percepción de impunidad y la desconfianza en las instituciones, lo que dificulta aún más la lucha contra la violencia y la criminalidad en el país. La memoria de las víctimas y la exigencia de justicia deben ser el motor que impulse la búsqueda de la verdad y la reparación del daño en este caso y en todos los casos de desaparición forzada en México.
