La familia de Lizeth Marzano ha alzado la voz con contundencia contra la defensa del acusado, Adrián Villar, a pocas horas de que se presente la apelación contra los nueve meses de prisión preventiva dictados por el Poder Judicial. Gino Marzano, hermano de la deportista, cuestionó abiertamente los argumentos presentados por el abogado César Nakazaki, calificándolos de “inverosímiles” y basados en aspectos personales del acusado que, según su criterio, no tienen relevancia para el caso.
En declaraciones a Latina Noticias, Gino Marzano expresó su profundo desacuerdo con la estrategia legal adoptada por la defensa de Villar, la cual, a su juicio, busca desviar la atención de la gravedad de los hechos y minimizar la responsabilidad del acusado. “En realidad, la defensa presentó argumentos inverosímiles”, afirmó, refiriéndose a los fundamentos expuestos durante la reciente audiencia judicial.
La crítica principal de la familia Marzano se centra en el intento de la defensa por apelar a la trayectoria académica y personal de Adrián Villar como justificación para revertir la medida de prisión preventiva. Gino Marzano considera que estos argumentos son irrelevantes en un caso de presunto atropello y fuga, y que la defensa está recurriendo a tácticas dilatorias para evitar que su patrocinado enfrente la justicia.
Además, el hermano de Lizeth Marzano puso en duda la sinceridad de las disculpas ofrecidas por Adrián Villar durante la sesión judicial. A su parecer, estas disculpas no son un gesto genuino de arrepentimiento, sino más bien una estrategia cuidadosamente planificada por su equipo legal. “Existen indicios de que buscó asesoramiento jurídico desde el momento en que ocurrió el incidente y claramente optaron por un camino largo, en lugar de seguir el inmediato que implicaba entregarse”, declaró.
La demora en la entrega de Adrián Villar a las autoridades es un punto crucial en la acusación. La familia Marzano considera que esta actitud demuestra una clara intención de evadir la responsabilidad y obstruir la justicia. El abogado César Nakazaki, por su parte, ha argumentado que su patrocinado no tenía obligación legal de entregarse tras el atropello ocurrido en San Isidro.
Sin embargo, Gino Marzano rechaza categóricamente esta interpretación, advirtiendo que podría sentar un precedente peligroso y alentar a otros conductores involucrados en atropellos a abandonar la escena del crimen. “Decir que no hay obligación (legal) de entregarse es prácticamente incitar a la fuga tras un atropello”, enfatizó.
Ante esta situación, los familiares de Lizeth Marzano han solicitado formalmente al Ministerio Público que recalifique el caso como homicidio simple con dolo eventual. Esta figura legal implica una pena superior a diez años de prisión, lo que reflejaría, según su criterio, la gravedad de los hechos y la presunta negligencia del acusado.
La decisión del juez Adolfo Farfán Calderón de dictar nueve meses de prisión preventiva contra Adrián Villar se basó en la existencia de peligro de fuga y riesgo de obstrucción de la justicia, argumentos sustentados por el Ministerio Público. La familia Marzano confía en que esta medida se mantenga y que el proceso judicial avance de manera transparente y justa.
El caso ha generado una gran conmoción en la opinión pública peruana, especialmente en el ámbito deportivo, debido a la trayectoria de Lizeth Marzano como destacada atleta de skateboarding. La familia ha recibido muestras de solidaridad y apoyo de diversos sectores de la sociedad, quienes exigen que se haga justicia y que se castigue con todo el peso de la ley a los responsables del atropello.
La apelación presentada por la defensa de Adrián Villar será crucial para determinar el futuro del proceso judicial. La familia Marzano se mantiene vigilante y confiada en que la justicia prevalecerá y que se hará justicia por Lizeth. La espera por una resolución definitiva es angustiante, pero la familia está decidida a luchar hasta el final para que se esclarezcan los hechos y se castigue a los culpables.
La discusión sobre la obligación legal de entregarse tras un atropello ha abierto un debate importante en la sociedad peruana. Muchos expertos legales coinciden en que, si bien no existe una obligación legal explícita de entregarse de inmediato, existe una obligación moral y ética de hacerlo, especialmente si se ha causado daño a otra persona. La familia Marzano espera que este debate contribuya a fortalecer la cultura de responsabilidad y respeto por la vida en el país.
El caso Lizeth Marzano ha puesto de manifiesto la necesidad de revisar las leyes y regulaciones relacionadas con los atropellos y fugas, con el objetivo de garantizar que los responsables sean castigados de manera efectiva y que se proteja a las víctimas. La familia Marzano se ha comprometido a trabajar en esta dirección, colaborando con las autoridades y organizaciones de la sociedad civil para promover cambios legislativos que fortalezcan la seguridad vial y la justicia.
