España concede asilo político a la defensora de derechos humanos Ivania Cruz y al abogado Rudy Joya, en una decisión histórica que reconoce la persecución política en El Salvador bajo el gobierno de Nayib Bukele. La resolución, calificada como un precedente jurídico significativo, ha generado fuertes reacciones tanto a nivel nacional como internacional, especialmente entre organizaciones de derechos humanos que denuncian un creciente clima de represión en el país centroamericano.
La concesión de asilo, según Cruz, vocera de la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios (UNIDEHC), es particularmente relevante debido a la rigurosidad con la que España evalúa las solicitudes de protección internacional. “Es muy difícil que el Estado español conceda asilo político. El porcentaje es bajo, pero en nuestro caso se comprobó que existe persecución y riesgo real si regresamos a El Salvador”, explicó Cruz en una entrevista.
Históricamente, los casos de asilo concedidos a salvadoreños en España se han relacionado principalmente con la violencia de las pandillas. Sin embargo, esta decisión marca un cambio fundamental: el reconocimiento de la persecución perpetrada por el propio Estado salvadoreño. Cruz enfatiza que “el agresor ha cambiado”, pasando de grupos criminales a las instituciones gubernamentales.
La defensora de derechos humanos sostiene que su situación es consecuencia directa de su trabajo crítico hacia el gobierno de Bukele, especialmente en temas relacionados con los derechos humanos. “Nos fabricaron un caso en El Salvador por ser una voz crítica”, afirmó. Esta acusación se suma a las denuncias de otros activistas, periodistas y líderes sociales que han sido objeto de persecución y hostigamiento por parte del gobierno.
El caso de Cruz también involucró intentos de extradición a través de mecanismos internacionales, incluyendo el uso de la Interpol, lo que fue calificado por las Naciones Unidas como “represión transnacional”. La concesión de asilo implica la eliminación de la alerta internacional y el cierre de este proceso, lo que Cruz considera una “victoria jurídica” y una segunda derrota para el gobierno de Bukele.
El exilio de defensores de derechos humanos y periodistas salvadoreños ha aumentado significativamente en los últimos dos años. En mayo de 2024, se registró un éxodo masivo de periodistas, con cerca de cuarenta comunicadores autoexiliados. Actualmente, activistas y periodistas se encuentran refugiados en México, Estados Unidos y Europa, denunciando presiones y amenazas.
La comunidad internacional ha comenzado a prestar mayor atención a la situación en El Salvador, en parte gracias al trabajo de incidencia realizado por organizaciones y exiliados. En Europa, se han formado redes de apoyo para salvadoreños en el exilio, especialmente en el País Vasco y, próximamente, en Barcelona. Estas plataformas buscan visibilizar las denuncias y contrarrestar la narrativa oficial del gobierno salvadoreño.
Cruz destaca que la información sobre la situación en El Salvador está cruzando fronteras, y que sectores políticos europeos han comenzado a escuchar las denuncias. Sin embargo, criticó que representantes del gobierno salvadoreño han evitado el escrutinio público durante sus visitas a Europa, como en el caso de la reciente gira del vicepresidente Félix Ulloa, donde se impidieron preguntas incómodas de periodistas.
Para Cruz, la resolución a su favor y a la de Joya representa una “victoria colectiva” y un precedente que podría beneficiar a otros salvadoreños que buscan protección internacional. “Es una esperanza para quienes siguen resistiendo dentro del país y para quienes han tenido que salir”, afirmó.
La defensora de derechos humanos continuará su labor desde el exilio, impulsando denuncias y acompañando procesos legales, incluyendo la defensa de personas detenidas en El Salvador. Su caso no solo es un logro personal, sino un símbolo de resistencia y un llamado a la comunidad internacional para que preste atención a la situación de los derechos humanos en El Salvador. La decisión de España envía un mensaje claro: la persecución política no quedará impune y la protección internacional está disponible para aquellos que la necesitan. La creciente diáspora salvadoreña, forzada al exilio por la represión, representa un desafío para el gobierno de Bukele y una prueba de la fragilidad de la democracia en el país. La lucha por los derechos humanos continúa, ahora desde la distancia, pero con la esperanza de un futuro mejor para El Salvador.
