Montevideo, Uruguay – A pesar de un anuncio oficial sobre una leve disminución en la mortalidad infantil, un análisis más profundo revela una preocupante disparidad entre el sistema de salud público y privado en Uruguay. El presidente Yamandú Orsi, durante su informe anual ante el parlamento, destacó una tasa de mortalidad infantil de 6,3 por mil nacidos vivos, un dato que pasó casi inadvertido en medio del reconocimiento a la labor de los médicos cubanos en la recuperación de la vista de miles de uruguayos. Sin embargo, los números esconden una realidad más compleja: mientras el sector privado registra un mayor número de nacimientos, el sistema público enfrenta una tasa de mortalidad infantil significativamente más alta, evidenciando una profunda desigualdad en el acceso a la salud y las condiciones de vida.
Los datos preliminares del Ministerio de Salud Pública, a los que accedió El Observador, muestran que en 2023 hubo casi 3.000 nacimientos menos en los prestadores de salud públicos (12.993) en comparación con los privados (15.847). A pesar de esta diferencia, la mortalidad infantil en el sector público supera considerablemente a la del privado, un fenómeno que los expertos atribuyen a una combinación de factores socioeconómicos y de acceso a la atención médica.
“Parte se explica por la menor cantidad de controles en el embarazo, aunque eso ha ido mejorando, parte se explica por las condiciones en el embarazo como la alimentación, la violencia, las adicciones, y parte se explica que dada el alta hospitalaria en los hogares más pobres el contexto agrava las chances de infecciones u otras patologías”, explica Leonardo Macias, coordinador del Servicio de Recién Nacidos del Pereira Rossell, el principal hospital público de maternidad del país.
Esta disparidad pone de manifiesto que la mera disponibilidad de tecnología médica avanzada, como la que ha permitido salvar a bebés extremadamente prematuros como Olivia, quien nació con apenas 330 gramos, no es suficiente para reducir la mortalidad infantil de manera equitativa. Si bien Uruguay ha logrado avances significativos en la supervivencia de bebés prematuros – reduciendo la mortalidad de aquellos que nacen con menos de un kilo y medio del 70% a menos del 8% en las últimas décadas – la brecha entre ricos y pobres sigue siendo un obstáculo importante.
Francisco Cóppola, ex profesor titular de Ginecología, es categórico al afirmar que “si Uruguay quiere bajar todavía más la mortalidad infantil la clave está más en la parte social que en la medicina. Y en lo social inclúyase la violencia psicológica y la física, los abusos sexuales, más allá de hábitos, acceso a la carne y otras cosas”. Esta perspectiva subraya la importancia de abordar las causas subyacentes de la desigualdad, como la pobreza, la falta de acceso a una alimentación adecuada, la violencia doméstica y la falta de saneamiento básico.
La situación se complica aún más cuando se considera la legislación sobre el aborto en Uruguay. Si bien el aborto es legal en determinadas circunstancias, los plazos establecidos limitan la capacidad de las mujeres para tomar decisiones informadas, especialmente en casos de anomalías fetales incompatibles con la vida. En otros países europeos, la detección temprana de estas anomalías a menudo conduce a la adopción de la asistolia fetal inducida, un procedimiento que se considera un óbito fetal y no se incluye en las estadísticas de mortalidad infantil.
“En Uruguay ese procedimiento no se usa y eso causa dos problemas: por un lado que haya niños que nacen pero mueren, por lo general, en menos de una semana, por otro, que el continuar con la gestación y parir un bebé que lo más probable es que muera genera más problemas para la madre”, explica la ginecóloga Verónica Fiol. Esta práctica, aunque controvertida, podría reducir las cifras de mortalidad infantil y evitar el sufrimiento tanto de los bebés como de sus madres.
La prematurez y otras afecciones originadas en el período perinatal son responsables de casi el 73% de las muertes en menores de un mes. La desigualdad social juega un papel crucial en este contexto, ya que los bebés que nacen en hogares con condiciones precarias tienen un mayor riesgo de complicaciones y muerte. Como señala el neonatólogo Macias, “no es lo mismo un niño prematuro que tras el alta hospitalaria se va a una casa con todas las comodidades que un niño que va a un asentamiento sin saneamiento o donde el techo se llueve”.
Además de las causas directamente relacionadas con el embarazo y el parto, las malformaciones congénitas, las deformaciones y las anomalías cromosómicas también contribuyen a la mortalidad infantil, especialmente después del primer mes de vida. Las muertes súbitas, las muertes violentas (accidentes o violencia) y las infecciones respiratorias también representan una parte significativa de las causas de muerte en menores de un año.
La psiquiatra estadounidense Karl Menninger, en su famosa frase, afirmaba que “lo que se les dé a los niños, los niños darán a la sociedad”. Esta afirmación resuena con fuerza en el contexto uruguayo, donde la desigualdad social y la falta de oportunidades para los niños más vulnerables amenazan con perpetuar un ciclo de pobreza y exclusión.
El desafío para Uruguay no es solo mejorar la atención médica, sino también abordar las causas subyacentes de la desigualdad y garantizar que todos los niños tengan la oportunidad de crecer y desarrollarse en un entorno saludable y seguro. La reducción de la mortalidad infantil requiere un enfoque integral que combine inversiones en salud, educación, vivienda y protección social, así como un compromiso firme con la justicia social y la igualdad de oportunidades. El anuncio del presidente Orsi sobre la disminución de la mortalidad infantil es un paso en la dirección correcta, pero es crucial reconocer que aún queda mucho por hacer para garantizar que todos los niños uruguayos tengan la oportunidad de alcanzar su máximo potencial.
