Quito, Ecuador – El Consejo de Administración Legislativa (CAL) ha admitido a trámite una contundente queja presentada por el legislador Juan Andrés González (Revolución Ciudadana) contra la asambleísta Diana Jácome Silva, acusándola de agresión verbal y de utilizar tácticas de intimidación durante una sesión plenaria celebrada el pasado 5 de febrero de 2026. La denuncia se centra en las controvertidas declaraciones de Jácome, quien, dirigiéndose a la bancada de oposición Revolución Ciudadana, les recomendó “usar una buena pijama por cualquier cosa” y “encontrar una buena habitación en la Cárcel del Encuentro junto a Wilman Terán, a quien ustedes salvaron”.
González Alvear argumenta que estas expresiones no son meras réplicas en un debate político, sino que constituyen una forma deliberada de agresión, estigmatización e intimidación. Según su queja, las palabras de Jácome buscan desacreditar y afectar la honra de los miembros de la bancada RC de manera pública y sistemática. El legislador enfatiza que la referencia a la “pijama” y a la “cárcel” trasciende el análisis político y se convierte en una amenaza velada, insinuando una posible privación de libertad futura para los opositores.
La queja detalla que Jácome dirigió sus comentarios específicamente hacia el lado izquierdo del hemiciclo, donde se encuentra ubicada la bancada de Revolución Ciudadana, lo que, según González, confirma que la intervención fue un acto de agresión y amenaza intimidatoria dirigida directamente a su grupo político. El asambleísta de RC sostiene que este tipo de manifestaciones constituyen un abuso del espacio institucional para intimidar y desacreditar a sus colegas, lo que contraviene el artículo 170, numeral 1, de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
El artículo en cuestión establece que agredir de palabra a otro asambleísta, funcionario o servidor parlamentario, tanto dentro como fuera del recinto parlamentario, constituye una falta administrativa grave. González argumenta que las expresiones de Jácome cumplen con esta definición, ya que sugieren que los legisladores de la oposición deberían estar presos, implicando una atribución implícita de responsabilidad penal.
En su documento, González describe las palabras de Jácome como “ofensivas”, “burlescas” y “degradantes”, señalando que su intención es “agraviar” y “ridiculizar” a los miembros de la bancada RC. El legislador afirma que estas expresiones se alejan del debate político constructivo y se convierten en un ataque personal que afecta su reputación y dignidad como asambleísta.
La solicitud de González exige que Jácome sea sancionada con una suspensión de nueve a treinta días sin remuneración por la comisión de esta falta grave. El CAL, tras calificar la queja, ha dispuesto que la secretaría de la Asamblea Nacional notifique a Jácome sobre la denuncia para que pueda presentar su defensa en un plazo de tres días.
Este incidente ha generado una fuerte controversia en el ámbito político ecuatoriano, reavivando el debate sobre los límites del debate parlamentario y la necesidad de mantener un ambiente de respeto y tolerancia entre los legisladores. La bancada Revolución Ciudadana ha expresado su solidaridad con González y ha condenado enérgicamente las declaraciones de Jácome, calificándolas de “inaceptables” y “peligrosas”.
Por su parte, la asambleísta Jácome aún no ha emitido una declaración pública en respuesta a la queja. Se espera que su defensa aclare sus intenciones y explique el contexto de sus comentarios. La resolución del CAL sobre este caso podría sentar un precedente importante en la regulación del comportamiento de los legisladores y en la protección de la integridad y la dignidad de los representantes del pueblo.
Analistas políticos señalan que este incidente refleja la creciente polarización en la Asamblea Nacional y la dificultad para encontrar puntos de encuentro entre las diferentes fuerzas políticas. La falta de diálogo y la proliferación de ataques personales podrían obstaculizar el trabajo legislativo y socavar la confianza de los ciudadanos en las instituciones democráticas.
La admisión a trámite de la queja de González es un paso importante para investigar las acusaciones y determinar si Jácome incurrió en una falta administrativa grave. El resultado de este proceso podría tener implicaciones significativas para el futuro de la Asamblea Nacional y para la calidad del debate político en Ecuador. La sociedad ecuatoriana observa con atención el desarrollo de este caso, esperando que se haga justicia y que se promueva un ambiente de respeto y tolerancia en el ámbito parlamentario.
La referencia a Wilman Terán, un exasambleísta de Revolución Ciudadana que fue detenido en relación con investigaciones de corrupción, añade una capa adicional de complejidad al caso. La insinuación de que los miembros de la bancada RC podrían compartir la misma suerte que Terán es vista por González como una forma de estigmatización y de ataque a la presunción de inocencia.
Este incidente subraya la importancia de establecer límites claros en el debate parlamentario y de garantizar que los legisladores se abstengan de utilizar lenguaje ofensivo, amenazante o intimidatorio. La Asamblea Nacional, como institución representativa de la voluntad popular, debe ser un espacio de diálogo constructivo y de búsqueda de soluciones a los problemas del país, no un escenario de confrontación y de ataques personales. La decisión del CAL será crucial para reafirmar estos principios y para fortalecer la democracia ecuatoriana.
