La estatal petrolera Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) enfrenta una creciente crisis, marcada por demoras en el despacho de gasolina, acusaciones de sabotaje interno y un amplio proceso de reestructuración que ha resultado en el despido de más de 400 funcionarios. La situación ha generado preocupación entre transportistas y consumidores, quienes denuncian la falta de transparencia y la posibilidad de que la calidad del combustible se vea comprometida.
Durante una visita a la refinería de Palmasola, este corresponsal constató la presencia de largas filas de camiones cisternas esperando para cargar gasolina. Conductores reportaron que el acceso a la refinería es limitado, lo que provoca retrasos significativos en la distribución del combustible a diferentes regiones del país. Mientras tanto, en la parte posterior de la planta, una considerable cantidad de camiones con diésel aguardan sin inconvenientes.
“Estamos descargando diésel de manera normal, pero con la gasolina es otro problema. No nos dejan pasar o solo permiten el ingreso de unas pocas unidades. Por eso se ve esta cola interminable”, declaró un chofer, quien prefirió mantener su identidad en reserva por temor a represalias.
Ante esta situación, YPFB ha atribuido los recientes problemas de calidad de la gasolina, que han provocado fallas en motores y bajo rendimiento en vehículos, a un presunto sabotaje deliberado orquestado por estructuras internas organizadas. La empresa alega que estos actos forman parte de un plan para desestabilizar a la compañía y al gobierno actual.
Yussef Akly, presidente de YPFB, ha señalado que la administración anterior convirtió a la empresa en un espacio de influencia política, lo que, según su criterio, generó graves daños a su capacidad técnica y operativa durante los últimos 20 años. “Existe una estructura heredada que continúa afectando nuestra gestión de cambio”, afirmó Akly en una reciente conferencia de prensa.
Como parte de la estrategia de reestructuración, YPFB ha despedido a 410 funcionarios desde la asunción de Rodrigo Paz como presidente del país. La empresa justifica estas medidas como una forma de optimizar recursos, mejorar la eficiencia operativa y fortalecer la transparencia y la responsabilidad institucional.
“Muchos de estos funcionarios ya tienen iniciados procesos por haber afectado las operaciones de YPFB y, en algunos casos, los procesos ya están avanzados con medidas cautelares”, detalló un comunicado oficial de la estatal petrolera.
Akly enfatizó que los cambios implementados buscan no solo racionalizar la estructura de la empresa, sino también corregir irregularidades heredadas y garantizar una gestión basada en criterios técnicos y éticos. Asimismo, remarcó que se buscará procesar a todos los responsables de cualquier daño a la empresa en materia económica o técnica.
Según un informe de la Gerencia de Talento Humano Corporativo, la administración anterior habría designado de manera irregular a funcionarios cercanos al Movimiento al Socialismo (MAS) en el Comité Mixto de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar, con el presunto fin de protegerlos y generar inestabilidad interna. La actual gerencia, en coordinación con el área legal, ha iniciado los procedimientos para anular dichas designaciones.
El gobierno ha anticipado que se iniciarán investigaciones y denuncias contra los responsables, y que se aplicará todo el peso de la ley a quienes resulten involucrados en delitos que afecten a la población.
Desde el 11 de noviembre de 2023, YPFB ha impulsado diversas medidas anticorrupción, incluyendo el acompañamiento a investigaciones fiscales por venta irregular de combustible en el Distrito Comercial Amazónico, la participación en la Comisión de la Verdad en los casos Botrading I y Ampliación Botrading II, con nuevas líneas de investigación, la intervención a los distritos comerciales, la investigación continua de denuncias por boicot interno, con varios funcionarios y exfuncionarios bajo pesquisa del Ministerio Público, y el control físico de todas las plantas con la intervención del Ejército.
YPFB ha reafirmado su compromiso con una gestión técnica, transparente y orientada a recuperar la confianza de la población en la empresa estratégica más importante del país, tomando acciones concretas para mejorar el suministro de combustibles, incorporando mejoras técnicas con aditivos, mayores controles de calidad y activando el seguro solidario, medidas que ya se están implementando y comunicando a la población.
Sin embargo, las medidas adoptadas por la actual administración han generado críticas por parte de algunos sectores, quienes cuestionan la militarización de las plantas de YPFB y la falta de transparencia en el proceso de despachos de combustible. Transportistas han exigido a YPFB que garantice la compra de combustible de calidad y que se investiguen las denuncias de irregularidades.
La situación actual de YPFB plantea serios desafíos para el gobierno y la empresa estatal. La resolución de la crisis requiere de una gestión transparente, eficiente y basada en criterios técnicos, así como de una investigación exhaustiva de las denuncias de sabotaje y corrupción. La confianza de la población en YPFB, una empresa estratégica para la economía boliviana, depende de la capacidad de la actual administración para superar estos obstáculos y garantizar el suministro de combustibles de calidad a precios justos. La demora en Palmasola, aunque calificada por YPFB como "leve" debido a la incorporación de nuevos aditivos, sigue siendo un punto crítico que exige una solución inmediata para evitar mayores inconvenientes a transportistas y consumidores. El futuro de YPFB y la estabilidad del suministro de combustibles en Bolivia están en juego.
