La Fiscalía General de la República (FGR) ha formalizado una acusación contra Javier Tapia Santoyo, ex secretario de Administración y Finanzas del Instituto Politécnico Nacional (IPN), por su presunta participación en la adjudicación irregular de contratos por más de 11 millones de pesos a una empresa identificada como “fantasma”. Los hechos, que se remontan a su época como tesorero del Hospital 20 de Noviembre del ISSSTE, representan la primera de una serie de investigaciones que la FGR tiene en curso contra el ex funcionario, quien ya había sido destituido de su cargo en el IPN el año pasado tras una instrucción de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
La judicialización de la carpeta de investigación número FED/FECC/UNAI-CDMX/0000530/2019, llevada a cabo a través de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, involucra también a dos ex funcionarios más del ISSSTE: María Dolores Arellano Sesmas y Rodrigo Alberto Rodríguez Briceño. La acusación formal se presentó ante la jueza Patricia Sánchez Nava, del Centro de Justicia Federal del reclusorio Oriente, el pasado 27 de febrero.
Según la FGR, Tapia Santoyo y sus colaboradores adjudicaron en 2018 tres contratos a la empresa Interacción Biomédica por un monto total de 11 millones 147 mil pesos. Lo más grave de la acusación es que, para el momento de la adjudicación, Interacción Biomédica ya figuraba en el listado del Servicio de Administración Tributaria (SAT) como una empresa simuladora de operaciones, es decir, una empresa “fantasma” utilizada para desviar recursos públicos. Los contratos se destinaban a la adquisición de insumos para el Hospital 20 de Noviembre.
Este no es el primer intento de la FGR por llevar a cabo este proceso. La carpeta de investigación había sido previamente devuelta para correcciones normativas, pero finalmente fue presentada nuevamente ante la jueza Sánchez Nava.
Durante la audiencia inicial, la defensa de Javier Tapia Santoyo solicitó a la jueza federal que se duplicara el plazo legal para ofrecer pruebas, lo que ha pospuesto la resolución de su situación jurídica hasta el 4 de marzo. Mientras tanto, los otros dos imputados, María Dolores Arellano Sesmas y Rodrigo Alberto Rodríguez Briceño, optaron por no esperar y enfrentar las acusaciones de inmediato. La jueza consideró que existían pruebas suficientes para vincularlos a proceso por el delito de uso ilícito de atribuciones, imponiéndoles como medida cautelar la prohibición de salir del país y la obligación de firmar mensualmente durante el transcurso del proceso legal.
Es importante destacar que María Dolores Arellano Sesmas ocupaba, al menos hasta octubre pasado, el cargo de titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, lo que amplía el alcance de la investigación y sugiere una posible red de funcionarios involucrados en prácticas corruptas.
Paralelamente, Cecilia Guadalupe Orta Sosa, administradora única de la empresa Interacción Biomédica, ya había sido vinculada a proceso a principios de febrero por su participación en el esquema de desvío de recursos.
La investigación sobre las actividades de Javier Tapia Santoyo y su red de empresas fachada se intensificó a raíz de un informe publicado en diciembre de 2023 por la organización TOJIL, especializada en combate a la corrupción. El informe, titulado “Clan Biomédica”, documentó exhaustivamente los nexos contractuales y empresariales de Tapia Santoyo con una red de 84 empresas fachada, todas ellas encabezadas por Interacción Biomédica S.A. de C.V.
El informe de TOJIL reveló que Interacción Biomédica no era una empresa fantasma cualquiera, sino la compañía simuladora de operaciones que había recibido la mayor cantidad de recursos públicos: más de 3 mil 300 millones de pesos. La investigación demostró que Tapia Santoyo, y personas ligadas a él, comenzaron a favorecer a las empresas de la red desde sus cargos en el ISSSTE hasta 2018, y continuaron haciéndolo una vez que asumió el cargo de secretario de Administración del IPN a partir de 2019.
La FGR inició su primera carpeta de investigación contra Tapia Santoyo en febrero de 2022, bajo el número FED/FEMCC/FEMCC-CDMX/0000753/2022, por el delito de presunto enriquecimiento ilícito, derivado de inconsistencias entre su patrimonio y sus gastos. Posteriormente, se sumó otra indagatoria por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita.
A pesar de estas investigaciones, Tapia Santoyo permaneció en su cargo hasta 2025, cuando finalmente fue removido tras la presentación de nuevas evidencias de irregularidades. La destitución se produjo después de que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno determinara que su permanencia en el cargo era incompatible con las acusaciones en su contra.
El caso de Javier Tapia Santoyo y la red “Clan Biomédica” pone de manifiesto la persistencia de la corrupción en las instituciones públicas mexicanas y la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y transparencia en la gestión de los recursos públicos. La investigación de la FGR y el trabajo de organizaciones como TOJIL son fundamentales para desmantelar estas redes de corrupción y garantizar que los recursos públicos se utilicen en beneficio de la sociedad. La resolución del caso Tapia Santoyo, y el destino de los otros implicados, serán un referente importante en la lucha contra la corrupción en México.
