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Caracas, Venezuela – A pesar de la reciente promulgación de la Ley de Amnistía en Venezuela, la situación de los presos políticos sigue siendo compleja y genera controversia. Si bien se han reportado nuevas liberaciones en diversas cárceles del país, organizaciones de derechos humanos advierten que “cientos” de personas permanecen detenidas injustamente, y exigen que el Estado reconozca y repare las graves violaciones sufridas durante su cautiverio.
El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clipp) confirmó este lunes la excarcelación de reclusos en centros penitenciarios de varios estados. Según reportes de familiares, las liberaciones se produjeron en la cárcel de Tocorón (Aragua), Yare y Ramo Verde (Miranda), así como en comandos policiales de Boleíta, en Caracas, y Puerto Ordaz (Bolívar).
“Como familiares y víctimas, celebramos cada libertad, pero reiteramos que aún cientos de personas continúan injustamente detenidas, muchas en condiciones inhumanas”, declaró Clipp a través de su cuenta en la red social X. La organización enfatizó la necesidad de que el Estado asuma la responsabilidad por las violaciones de derechos humanos cometidas durante la detención de estos individuos, buscando así garantizar justicia y paz en el país.
Por su parte, Alfredo Romero, director presidente del Foro Penal, informó que su organización ha verificado al menos 18 excarcelaciones este lunes, elevando a 621 el número total de presos políticos liberados desde el anuncio del proceso de liberación realizado por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, el pasado 8 de enero. Sin embargo, Romero también ha sido crítico con la lentitud y la falta de transparencia en el proceso, señalando que la amnistía no se está aplicando de manera integral.
Entre los liberados se encuentra Julio Velazco, un activista que fue detenido en septiembre de 2025 y permaneció 47 días desaparecido, sin que su familia o defensa legal tuvieran información sobre su paradero. Su liberación ha sido celebrada por el partido opositor Vente Venezuela, liderado por María Corina Machado, quien también anunció la excarcelación de Milciades Ávila y Edwin Moya, integrantes del equipo de seguridad de la exdiputada.
La detención de Ávila y Moya se produjo en septiembre de 2024, en un contexto de crisis política tras las cuestionadas elecciones presidenciales en las que Nicolás Maduro resultó reelecto. La oposición y observadores internacionales denunciaron irregularidades en el proceso electoral, incluyendo la falta de publicación de las actas de votación por parte del organismo electoral afín al chavismo.
La Ley de Amnistía, aprobada en febrero, fue una condición clave para el acuerdo político alcanzado entre el gobierno y la oposición, con el objetivo de garantizar unas elecciones presidenciales libres y justas en 2024. Sin embargo, la implementación de la ley ha sido objeto de críticas por parte de organizaciones de derechos humanos y partidos opositores, quienes denuncian que se está aplicando de manera selectiva y que no se están liberando a todos los presos políticos que cumplen con los requisitos establecidos en la ley.
La falta de transparencia en el proceso de liberación y la persistencia de detenciones arbitrarias generan desconfianza y ponen en riesgo la credibilidad de las elecciones presidenciales. Organizaciones como Amnistía Internacional han instado al gobierno venezolano a garantizar la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos, así como a investigar y sancionar a los responsables de las violaciones de derechos humanos cometidas contra ellos.
La situación de los presos políticos en Venezuela ha sido un tema de preocupación internacional durante años. Organizaciones de derechos humanos han documentado casos de tortura, tratos inhumanos y degradantes, y violaciones al debido proceso legal. La liberación de algunos presos políticos es un paso positivo, pero no es suficiente para abordar la crisis de derechos humanos en el país.
El gobierno venezolano ha argumentado que la Ley de Amnistía es un gesto de buena voluntad y un paso hacia la reconciliación nacional. Sin embargo, la oposición y las organizaciones de derechos humanos exigen que se cumplan plenamente los términos de la ley y que se garantice la justicia para las víctimas de represión política.
La liberación de Julio Velazco, Milciades Ávila y Edwin Moya representa un alivio para sus familiares y amigos, pero también pone de manifiesto la necesidad de que se liberen a todos los presos políticos que permanecen detenidos injustamente. La comunidad internacional sigue de cerca la situación en Venezuela y espera que el gobierno cumpla con sus compromisos en materia de derechos humanos y democracia.
El futuro de la amnistía y su impacto en el panorama político venezolano dependerá de la voluntad del gobierno de aplicar la ley de manera integral y transparente, así como de la capacidad de la oposición y la sociedad civil para exigir el cumplimiento de los derechos humanos y la justicia para las víctimas de represión política. La liberación de los presos políticos es un paso crucial hacia la reconstrucción de la democracia en Venezuela, pero aún queda mucho por hacer para garantizar un futuro de paz, justicia y libertad para todos los venezolanos.
