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La Procuraduría General de la Nación ha desatado una investigación de alto impacto contra seis exinterventores y ha suspendido provisionalmente a dos interventores actuales de las EPS Savia Salud y EPS SOS, en medio de una crisis sanitaria que amenaza a millones de colombianos. La medida disciplinaria surge tras comprobarse el fracaso de las intervenciones estatales en ambas entidades, evidenciando un deterioro significativo en sus indicadores financieros y operativos.
Las EPS Savia Salud, con más de 1.6 millones de afiliados principalmente en Antioquia, y EPS SOS, que operaba con aproximadamente 800 mil afiliados en el suroccidente del país, han experimentado un agravamiento de su situación bajo la administración estatal, contradiciendo el objetivo inicial de las intervenciones. La Procuraduría, a través de visitas administrativas, determinó que la inestabilidad administrativa, marcada por la rotación constante de interventores –cuatro en cada EPS en menos de 24 meses–, fracturó la ejecución de los planes de trabajo y profundizó la crisis institucional.
En el caso de Savia Salud, los investigados son Edwin Carlos Rodríguez Villamizar, Diana Constanza Rodríguez Posso, Luis Óscar Gálvez Mateus y el actual interventor suspendido, William Humberto Salgado Gamboa. Por EPS SOS, la investigación recae sobre Carlos Marino Escobar Vásquez, Carlos Eduardo Franco Muñoz, Sergio Andrés Gil Celis y el también suspendido Carlos Alberto Betancur Castañeda.
Los indicadores de Savia Salud revelan un panorama alarmante. El incumplimiento de fallos judiciales alcanzó el 21%, mientras que el déficit patrimonial se disparó de -$570.000 millones en 2022 a un preocupante -$1,1 billones en 2024. La insatisfacción de los usuarios se tradujo en un aumento del 33% en las quejas entre 2023 y 2025, y un incremento exponencial en las tutelas, superando las 64.000 en el mismo período.
EPS SOS tampoco escapa a la crisis. Los reclamos de los usuarios crecieron un 71%, y la siniestralidad, un indicador clave de la salud financiera de la EPS, se disparó al 117,5% en 2024, poniendo en riesgo su viabilidad. Este porcentaje significa que la EPS está gastando más de lo que recibe por cada peso, lo que indica una situación insostenible a largo plazo.
La Procuraduría vincula directamente el fracaso de las intervenciones a la inestabilidad administrativa y la falta de continuidad en la gestión. La rotación de interventores impidió la implementación efectiva de planes de trabajo y exacerbó las deficiencias estructurales de las EPS.
La crisis ha generado reacciones a nivel político. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, ha alzado su voz de alarma, advirtiendo que la situación trasciende el debate ideológico y representa una “tragedia humana” que están pagando los pacientes. Gutiérrez acusó al Gobierno Nacional de Gustavo Petro de buscar “acabar con el sistema” de salud, señalando que tras la intervención de Savia Salud, la Alcaldía de Medellín, la Gobernación de Antioquia y Comfama fueron excluidas de la junta directiva, perdiendo acceso a la información financiera crucial.
“Desde entonces, no tenemos acceso a los estados financieros, lo que genera incertidumbre sobre la situación real de esta EPS intervenida”, afirmó Gutiérrez en su cuenta de X. Además, recordó que en abril de 2025 interpusieron una acción popular debido a una deuda de $168.208 millones que las EPS intervenidas tenían con la red pública de Medellín. Sin embargo, la deuda aumentó un 42% en siete meses, alcanzando los $238.936 millones al cierre de 2025.
Gutiérrez enfatizó que esta cifra confirma el agravamiento de la situación y que Savia Salud adeuda más de $202 mil millones a la red pública de Medellín, recursos que no han sido girados y que amenazan la sostenibilidad financiera de la red hospitalaria. Criticó la gestión del Gobierno Nacional, afirmando que “la salud no puede improvisarse, y parece que esa es la constante del Gobierno”.
La investigación de la Procuraduría se suma a la creciente preocupación por la crisis del sistema de salud colombiano, que se ve afectado por problemas de financiación, corrupción y falta de acceso a servicios médicos. La situación de Savia Salud y EPS SOS es un reflejo de las dificultades que enfrentan muchas EPS en el país, y pone en riesgo la salud y el bienestar de millones de colombianos.
El futuro de estas EPS intervenidas es incierto. La Procuraduría continuará con la investigación para determinar las responsabilidades de los interventores y tomar las medidas disciplinarias correspondientes. Mientras tanto, la crisis sanitaria persiste, y los pacientes se ven cada vez más afectados por la falta de acceso a servicios médicos y la incertidumbre sobre el futuro del sistema de salud. La comunidad médica y los usuarios esperan que las autoridades tomen medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del sistema y proteger la salud de los colombianos. La situación exige una revisión profunda del modelo de gestión de las EPS y la implementación de políticas que garanticen la transparencia, la eficiencia y la calidad en la prestación de servicios de salud.
