Quito, 2 de marzo de 2026 – Un coronel de la Policía Nacional, señalado de abuso sexual contra una joven uniformada, se retiró voluntariamente de la institución el pasado 28 de febrero, generando controversia y cuestionamientos sobre la efectividad de los mecanismos de control interno y la protección a las víctimas de acoso en las fuerzas del orden. La salida del oficial, confirmada a través de un telegrama de la Dirección Nacional de Administración de Talento Humano, se produce en medio de una investigación interna y una denuncia penal formal presentada ante la Fiscalía de Pichincha.
El caso salió a la luz pública el 9 de enero, tras una investigación de EXTRA que reveló la presunta normalización del abuso jerárquico dentro de la Policía Nacional. La denuncia, presentada 55 días antes por la víctima, detalla que el coronel, mientras se desempeñaba como comandante distrital en un cuartel del norte de Quito, intentó besarla, tocarla a la fuerza y abusar de ella dentro de su oficina. Además, la uniformada relató haber sido objeto de comentarios ofensivos con connotación de género, incluyendo afirmaciones despectivas sobre la apariencia física de sus compañeras.
Inicialmente, las autoridades policiales se mostraron evasivas ante las consultas sobre el caso, alegando falta de conocimiento y competencia. Sin embargo, dos días después, el comandante de la Policía de Quito anunció una investigación interna al oficial implicado. Esta indagación, que se extendió durante un mes, culminó con la confirmación del cese de funciones del coronel, incluido en una nómina de 100 servidores policiales que optaron por la cesación voluntaria.
La abogada Valeria Mena, experta en temas penales, advierte que la salida del oficial de la institución le permite evitar un posible juicio administrativo, ya que este solo puede llevarse a cabo mientras el servidor se encuentra en funciones. Según Mena, si el coronel hubiera solicitado la baja después de que se iniciara un proceso administrativo en su contra, con evidencias en curso, la solicitud habría sido denegada. “Este caso se archivará porque el acusado ya no pertenece a las filas policiales. Si lo quieren sancionar, estarían vulnerando sus derechos constitucionales”, explica la jurista.
Mena presume que el oficial solicitó la baja en un momento estratégico, mientras Asuntos Internos recopilaba información para determinar si su accionar constituía una falta grave o muy grave. “Al coronel le resultaba más beneficioso salirse de la Policía a quedarse y tratar de luchar en un sistema judicial que posiblemente no vería la realidad de los hechos”, señala.
A pesar de la imposibilidad de un juicio administrativo, la denuncia penal continúa su curso. La jurista explica que el objetivo de este proceso es buscar una reparación integral para la víctima y determinar la existencia de elementos probatorios que permitan formular cargos contra el implicado. Se iniciará una investigación previa en la que se analizarán las pruebas presentadas por la víctima y se podría citar al coronel a una audiencia de formulación de cargos.
El caso ha generado una ola de indignación y ha puesto en evidencia la vulnerabilidad de las mujeres dentro de la Policía Nacional. El 1 de marzo, este Diario publicó testimonios de otras servidoras policiales que relataron haber sufrido casos de abuso sexual, revelando un patrón de acoso y violencia que parece estar arraigado en la cultura institucional.
El comandante de la Zona 9 ha indicado que se investigará el caso internamente para determinar responsabilidades, aunque la salida del coronel complica significativamente la posibilidad de imponer sanciones disciplinarias. El documento que confirma el cese de funciones especifica que los servidores policiales que optan por la cesación voluntaria ya no podrán desempeñar funciones específicas de carácter policial, operativo o administrativo, lo que implica que el coronel ha perdido su capacidad para ejercer funciones dentro de la institución.
La situación plantea serias interrogantes sobre la eficacia de los mecanismos de control interno de la Policía Nacional y la necesidad de fortalecer la protección a las víctimas de acoso y abuso sexual. La salida impune del coronel podría enviar un mensaje de impunidad y desalentar a otras víctimas a denunciar, perpetuando un ciclo de violencia y silencio.
La abogada Mena enfatiza la importancia de que la Fiscalía continúe la investigación penal con rigor y transparencia, garantizando el debido proceso y la protección de los derechos de la víctima. La búsqueda de una reparación integral para la uniformada es fundamental para restablecer su dignidad y confianza en la justicia.
Este caso no solo pone en tela de juicio la conducta de un oficial en particular, sino que también exige una reflexión profunda sobre la cultura institucional de la Policía Nacional y la necesidad de implementar políticas y protocolos más efectivos para prevenir y sancionar el acoso y el abuso sexual. La sociedad ecuatoriana espera que las autoridades competentes tomen medidas concretas para garantizar la seguridad y el respeto de todas las personas, especialmente de aquellas que se encuentran en una posición de vulnerabilidad. La transparencia y la rendición de cuentas son esenciales para recuperar la confianza ciudadana en las fuerzas del orden y construir una sociedad más justa e igualitaria.
