Costa Rica enfrenta una encrucijada crítica en su gobernabilidad, con llamados urgentes a fortalecer la institucionalidad y erradicar la ineficiencia que carcome el erario público. Un análisis profundo revela una creciente frustración ciudadana ante la lentitud de la justicia, la falta de controles efectivos y la persistencia de prácticas que favorecen a unos pocos en detrimento de la mayoría. La reciente ola de críticas, expresada en diversos foros y amplificada por las redes sociales, exige una revisión exhaustiva del funcionamiento de los tres poderes de la República y de todas las instituciones públicas.
La raíz del problema, según diversas fuentes, no reside en la ausencia de leyes o instituciones, sino en la falta de voluntad política y en la incapacidad de las personas que las dirigen para cumplir con sus funciones de manera eficiente y transparente. Se denuncia una preocupante laxitud en la ejecución de sanciones, lo que permite que casos emblemáticos como la Trocha, el Cementazo, el caso Cochinilla, el caso Diamante, el caso Barrenador y otros, queden impunes o se dilaten por años, llegando incluso a prescribir. Esta impunidad alimenta la desconfianza ciudadana y socava los cimientos del Estado de Derecho.
La situación se agrava con los privilegios injustificados del sector público, incluyendo las convenciones colectivas, el uso de combustible por parte de diputados y funcionarios, las pensiones de lujo y los pagos indebidos en el Ministerio de Educación. Estas prácticas, calificadas de “repúblicas independientes”, desvían recursos que podrían destinarse a mejorar la educación pública, la salud y la infraestructura del país. El abandono de la educación primaria y secundaria en favor del FEES (Fondo de Educación Superior) es otro punto de controversia, al igual que el lento avance en la construcción de carreteras y hospitales.
La justicia, tradicionalmente descrita como ciega, es señalada como uno de los principales obstáculos para el progreso del país. En un mundo cada vez más digitalizado, la lentitud de los procesos judiciales y la falta de transparencia son inaceptables. Costa Rica, paradójicamente, ocupa el último lugar de la OCDE en desarrollo digital, pero se sitúa entre los primeros en privilegios salariales del sector público. Esta incongruencia evidencia una profunda distorsión en las prioridades del país.
El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) también es objeto de críticas, con llamados a modernizar los procesos electorales y a establecer requisitos más estrictos para los candidatos y los partidos políticos. Se propone eliminar la reelección de diputados y funcionarios públicos, prohibir la doble postulación para presidente y diputado, reducir el número de diputados y fortalecer los controles sobre el financiamiento de las campañas.
La irrupción de internet y las redes sociales ha transformado el panorama político, permitiendo a los ciudadanos acceder a información de manera más rápida y directa. Este “cuarto poder ampliado” ofrece una oportunidad única para fortalecer la participación ciudadana y exigir rendición de cuentas a los gobernantes. Sin embargo, también plantea desafíos, como la propagación de noticias falsas y la polarización política.
La solución a los problemas de Costa Rica, según expertos, pasa por fortalecer las auditorías internas, las contralorías y demás instituciones de control de gasto público. Estas entidades deben comprender que su deber primordial es con el país, no con las instituciones que las financian. Una mayor eficiencia en el control del gasto público podría haber evitado pérdidas millonarias en el Banco Nacional, facilitado la evasión de controles en las licitaciones públicas y agilizado los procesos judiciales.
El problema fundamental, sin embargo, reside en las personas, en su falta de capacidad y en su falta de compromiso con el servicio público. No basta con cambiar las instituciones o la institucionalidad; es necesario formar y seleccionar a funcionarios públicos competentes, honestos y comprometidos con el bienestar del país.
Se plantea la necesidad de actualizar la Constitución Política, especialmente en lo que respecta a las convenciones colectivas y al 8% del PIB destinado a la educación pública. La reelección presidencial, permitida hace algunos años, demuestra que es posible modificar la Carta Magna para beneficio del Estado y de los ciudadanos.
En definitiva, Costa Rica se encuentra en un momento crucial de su historia. La crisis de gobernabilidad exige una respuesta urgente y contundente, basada en el fortalecimiento de la institucionalidad, la transparencia, la eficiencia y la participación ciudadana. El futuro del país depende de la capacidad de sus líderes y de sus ciudadanos para superar los desafíos actuales y construir una sociedad más justa, próspera y democrática. La inacción no es una opción, y la complacencia podría conducir al país por un camino de anarquía y decadencia. La hora de actuar es ahora.
