Arequipa se enfrenta a una crisis humanitaria tras las intensas lluvias de la última semana, pero la respuesta de las autoridades locales y regionales ha estado marcada por la descoordinación, la falta de liderazgo y una preocupante burocracia que retrasa la tan necesaria declaratoria de emergencia. Mientras la ciudad lucha por recuperarse de los daños causados por los desbordes de ríos y deslizamientos, las reuniones se suceden por separado, las acusaciones vuelan y la ayuda tarda en llegar a los damnificados.
Las zonas más afectadas, Yanahuara y Cayma, son el epicentro de las labores de recuperación, pero el ritmo es lento y la sensación de abandono se extiende entre los ciudadanos. La declaración de emergencia, anunciada por múltiples autoridades, sigue siendo una promesa incumplida, atrapada en un laberinto de trámites burocráticos que involucran al Gobierno Regional de Arequipa (GRA), el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).
La responsabilidad de solicitar la declaratoria de emergencia recae en el GRA, que debe remitir la solicitud al Indeci, el cual la evalúa y, en caso de ser aprobada, la eleva a la PCM para su oficialización mediante decreto supremo. Sin embargo, a tres días del desastre, la PCM aún no ha emitido la declaratoria, lo que ha generado frustración y críticas hacia las autoridades.
La falta de coordinación ha sido evidente desde el primer momento. La Municipalidad Distrital de Sachaca, en un acto de desesperación, declaró por cuenta propia el estado de emergencia en su jurisdicción, una medida que, si bien busca agilizar la gestión de ayuda, carece de validez legal sin la aprobación de la PCM. Esta acción refleja la impotencia de los gobiernos locales ante la lentitud del proceso centralizado.
Los congresistas por Arequipa tampoco han estado exentos de críticas. Jaime Quito y Esdras Medina presentaron solicitudes de declaratoria de emergencia directamente al presidente encargado José María Balcázar, ignorando el procedimiento establecido que exige canalizar la solicitud a través del GRA. Alex Paredes, por su parte, se limitó a enviar oficios de respaldo a la Municipalidad Provincial de Arequipa y al GRA, mientras que Diana Gonzales solicitó a la Contraloría dar seguimiento al uso de los recursos públicos. La ausencia de María Agüero y Edwin Martínez en las primeras reuniones de coordinación también fue notable.
El gobernador regional de Arequipa, Rohel Sánchez, ha sido objeto de señalamientos por su falta de liderazgo. La instalación de la Plataforma de Defensa Civil el 19 de enero, lejos de ser un acto de coordinación, se convirtió en una reunión exclusiva de funcionarios de confianza y del jefe de la Región Policial Arequipa, sin la participación de los representantes de los gobiernos locales afectados y otros entes relevantes.
La primera reunión entre autoridades en el terreno se produjo de manera fortuita, cuando Sánchez se encontró con el alcalde de Yanahuara, Sergio Bolliger, durante un recorrido nocturno por la zona afectada. El incidente del alcalde Bolliger, cuestionado por presentarse en terno a la zona de desastre, se convirtió en un símbolo de la falta de sensibilidad y conexión con la realidad que atraviesa la ciudad.
La reunión en El Filtro, al día siguiente, tampoco logró reunir a todos los actores clave. Estuvieron presentes representantes de José Luis Bustamante y Rivero, Paucarpata, Miraflores, Sedapar, Indeci, Coer, Ejército y la Policía Nacional, pero no los alcaldes de Cayma y Yanahuara, las zonas más afectadas.
La emergencia ha puesto de manifiesto la negligencia de los gobiernos locales en el control de construcciones en zonas de riesgo. La presencia de la Universidad Continental y el colegio Lord Byron en áreas cercanas a torrenteras ha generado interrogantes sobre la responsabilidad de las autoridades en la prevención de desastres. Si bien se argumenta que se realizaron trabajos de limpieza de las torrenteras, la duda persiste sobre si se pudieron tomar medidas más drásticas para evitar la tragedia.
La situación en Arequipa es un claro ejemplo de la falta de preparación y coordinación de las autoridades ante situaciones de emergencia. La burocracia, la politización y la falta de liderazgo han obstaculizado la respuesta a la crisis, dejando a los damnificados a la espera de ayuda y soluciones. La declaratoria de emergencia, aunque necesaria, no es suficiente. Se requiere una revisión profunda de las políticas de prevención de desastres, una mayor coordinación entre las autoridades y una mayor sensibilidad hacia las necesidades de la población afectada.
La ciudadanía arequipeña exige respuestas claras y acciones concretas. La frase "Unidos lo podemos todo" suena hueca en medio de la desolación y la desesperanza. Es hora de que las autoridades dejen de lado las diferencias y trabajen en conjunto para reconstruir Arequipa y proteger a sus habitantes. La transparencia en el uso de los recursos públicos y la rendición de cuentas son fundamentales para recuperar la confianza de la población y evitar que tragedias como esta se repitan en el futuro. La emergencia en Arequipa es una llamada de atención para todo el país, una oportunidad para aprender de los errores y fortalecer la capacidad de respuesta ante los desafíos del cambio climático y los desastres naturales.
