El edil de Durazno, Pedro Hernández (Frente Amplio), ha levantado una fuerte polémica al denunciar un cobro desproporcionado por parte de Obras Sanitarias del Estado (OSE) a un vecino del barrio Las Violetas. Según el planteamiento realizado en la sesión ordinaria de la Junta Departamental este jueves 19 de febrero, el vecino se encontró con una exigencia de 104.000 pesos para una conexión de apenas 25 metros a la red de agua potable. El caso, que ha generado sorpresa y cuestionamientos, ha sido elevado al directorio de OSE para su revisión.
Hernández detalló que el vecino en cuestión había cumplido con el pago inicial del trámite de conexión, sin embargo, al momento de la visita técnica, se le solicitó un monto adicional equivalente a 57 Unidades Reajustables (UR), lo que se traduce en aproximadamente 104.000 pesos, para cubrir la extensión de la conexión. El edil acompañó su exposición con una imagen del padrón 13.620, ubicado en un mapa de la zona, para dar mayor claridad a la ubicación del caso.
“Descarto que debe haber un error”, afirmó Hernández en sala, enfatizando que la cifra solicitada le parece excesiva para la distancia involucrada. Subrayó que se trata de un tendido relativamente corto y que el costo informado resulta inusual. El edil aclaró que el planteamiento surge directamente de la inquietud de un vecino de la zona, quien le consultó al respecto debido a la magnitud del gasto requerido.
La denuncia de Hernández no solo se centra en el monto en sí, sino también en la falta de transparencia y justificación del cobro. El edil cuestionó si existen criterios claros y uniformes para la determinación de los costos de conexión, y si el vecino está siendo objeto de un cobro indebido o arbitrario. La situación ha generado preocupación entre los residentes del barrio Las Violetas, quienes temen que este caso sea un precedente para futuros reclamos similares.
La solicitud de revisión al directorio de OSE busca esclarecer si el cobro de 104.000 pesos por 25 metros de conexión se ajusta a las regulaciones vigentes y a los criterios técnicos establecidos por el organismo. Hernández insistió en que un cobro de tal magnitud “está fuera de contexto” y consideró probable que exista algún tipo de error administrativo o técnico que amerita ser investigado.
El caso ha generado un debate sobre la política de tarifas de OSE y la necesidad de garantizar un acceso equitativo y asequible a los servicios de agua potable para todos los ciudadanos. Algunos sectores han criticado la falta de regulación y control en los costos de conexión, mientras que otros han defendido la necesidad de que OSE recupere los costos de inversión y mantenimiento de la infraestructura.
La Junta Departamental de Durazno ha tomado nota de la inquietud planteada por Hernández y se ha comprometido a seguir de cerca la evolución del caso. Se espera que el directorio de OSE responda a la solicitud de revisión en un plazo breve y que se adopten las medidas necesarias para garantizar que los vecinos de Las Violetas no sean perjudicados por un cobro injustificado.
Este incidente pone de manifiesto la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión de los servicios públicos. Los ciudadanos tienen derecho a conocer los criterios que se utilizan para determinar los costos de los servicios y a reclamar en caso de considerar que han sido objeto de un cobro indebido. La denuncia de Hernández es un ejemplo de cómo la participación ciudadana y el control social pueden contribuir a mejorar la calidad de los servicios públicos y a proteger los derechos de los consumidores.
La situación también plantea interrogantes sobre la necesidad de revisar la normativa vigente en materia de conexiones domiciliarias y de establecer mecanismos de control más efectivos para evitar abusos y garantizar la equidad en el acceso a los servicios básicos. OSE, como proveedor de un servicio esencial, tiene la responsabilidad de asegurar que sus tarifas sean justas y razonables, y que los ciudadanos no sean sometidos a cargas financieras excesivas.
Se espera que la investigación del directorio de OSE arroje luz sobre las causas del cobro desproporcionado y que se adopten medidas correctivas para evitar que situaciones similares se repitan en el futuro. La transparencia en la gestión de los recursos públicos y la protección de los derechos de los ciudadanos son pilares fundamentales de una sociedad democrática y justa. El caso de Las Violetas es un llamado de atención para que las autoridades competentes presten mayor atención a las necesidades y preocupaciones de los ciudadanos y que se adopten medidas para garantizar un acceso equitativo y asequible a los servicios básicos para todos.
