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Tras más de un año y medio de exilio forzado, el líder opositor venezolano Andrés Velásquez regresó a su país para denunciar lo que califica como un “fraude” y una “ley chucuta” la recién aprobada Ley de Amnistía. En un encuentro con miembros de su partido, La Causa R, en la ciudad de Bolívar, Velásquez expuso sus argumentos, señalando que la normativa, lejos de promover la reconciliación nacional, se ha convertido en una herramienta política para consolidar el poder del gobierno actual.
Velásquez fue contundente al afirmar que la ley ha jugado con las esperanzas y el dolor de las familias de los presos políticos. “Se prometió públicamente que todos serían puestos en libertad y eso no va a ocurrir”, denunció, cuestionando la veracidad de las intenciones detrás de la amnistía. Su crítica se centra en la discrepancia entre las promesas realizadas y la realidad que, según él, se avecina: una liberación selectiva y condicionada, que no abarcará a todos los que han sido encarcelados por motivos políticos.
La unanimidad con la que fue aprobada la ley en la Asamblea Nacional también fue objeto de la crítica de Velásquez. “Es imposible que frente a un régimen que se convirtió en una corporación criminal haya unanimidad. Eso no habla de independencia, habla de complicidad”, declaró, poniendo en duda la legitimidad del proceso legislativo y sugiriendo que la aprobación unánime es evidencia de una manipulación y control por parte del gobierno. Esta falta de disidencia, según el líder opositor, revela una profunda falta de independencia en el poder legislativo y una sumisión al poder ejecutivo.
El dirigente de La Causa R también lamentó que la ley haya ignorado las observaciones y recomendaciones de especialistas en derechos humanos y organizaciones defensoras de los mismos. “No tomaron en cuenta ninguna recomendación. Estamos ante una instrumentalización para que el régimen aparezca como magnánimo, mientras mantiene intacta su estructura de represión”, afirmó. Esta desconsideración por las opiniones de expertos, según Velásquez, demuestra que la ley no busca una solución real a la crisis política y social del país, sino simplemente mejorar la imagen del gobierno a nivel nacional e internacional.
Velásquez enfatizó el carácter excluyente de la ley, señalando que deja fuera a un gran número de presos de conciencia. “Deja presos que no han cometido delito alguno. Aquí hay gente detenida por defender un voto, por publicar un tuit o por reclamar servicios básicos. Todos son presos de conciencia”, afirmó, describiendo la situación de aquellos que han sido encarcelados por ejercer sus derechos fundamentales a la libertad de expresión y a la participación política.
Una de las críticas más severas de Velásquez se refiere a la ausencia de cualquier mención a las violaciones de derechos humanos cometidas por el Estado. “No hay ni una sola referencia a las torturas, a los tratos crueles, a los delitos de lesa humanidad. Es una ley de autoamnistía que garantiza impunidad a quienes ejercen el poder”, aseguró. Esta falta de reconocimiento de las responsabilidades del Estado por los abusos cometidos, según el líder opositor, perpetúa la impunidad y niega la justicia a las víctimas.
Velásquez también argumentó que la ley no cumple con los estándares internacionales de justicia transicional, que incluyen la creación de comisiones de la verdad, la memoria y la reparación a las víctimas. “No habla de comisiones de la verdad, ni de memoria, ni de reparación. El principio de no repetición no existe; al contrario, amenaza con castigar de nuevo a quienes supuestamente reincidan”, explicó, señalando que la ley no ofrece garantías de que las violaciones de derechos humanos no se repitan en el futuro.
El líder opositor advirtió que la Ley de Amnistía forma parte de una estrategia más amplia del gobierno para prolongar su permanencia en el poder. “Ellos tienen un plan claro: ganar tiempo y quedarse. No desmontan el aparato represivo porque es su sostén. Mientras eso no ocurra, no habrá libertad real”, afirmó, sugiriendo que la ley es una táctica dilatoria para mantener el control político y reprimir la disidencia.
En este contexto, Velásquez insistió en que la única solución viable es una transición efectiva que conduzca a elecciones libres y transparentes. “Esto debe desembocar en un nuevo proceso electoral para la Presidencia y el Parlamento, y luego para gobernaciones y alcaldías. Esa es la ruta democrática”, señaló, abogando por un cambio de régimen a través de mecanismos pacíficos y constitucionales.
Velásquez fue categórico al afirmar que una verdadera democratización del país es imposible dentro del actual sistema político. “¿Puede acaso en el seno de la tiranía producirse una redemocratización del país? Eso es imposible, y esta ley lo confirma”, sentenció, reiterando su convicción de que es necesario un cambio radical en el sistema para lograr una verdadera transformación democrática.
Finalmente, Velásquez reafirmó su compromiso de continuar la lucha política hasta lograr la liberación de todos los presos políticos y la restauración de la democracia en Venezuela. “Nuestra lucha es inquebrantable. No descansaremos hasta que no quede un solo preso político en Venezuela y hasta que la democracia sea una realidad”, concluyó, transmitiendo un mensaje de esperanza y determinación a sus seguidores y a la población venezolana en general. Su regreso al país y sus declaraciones representan un desafío directo al gobierno y un llamado a la acción para la comunidad internacional.
