El Gobierno boliviano presentó un ambicioso proyecto de Ley de Transparencia y Alivio Tributario que busca, según sus promotores, revertir décadas de informalidad y simplificar el sistema impositivo. La propuesta, ya en manos de la Asamblea Legislativa, se centra en dos pilares fundamentales: la creación del Sistema Integrado Especial de Transición para Emprendedores al Régimen General (SIETE-RG) y una modificación radical en la forma en que se presenta el Impuesto al Valor Agregado (IVA) en las facturas.
El viceministro de Política Tributaria, Fernando Tapia, defendió con vehemencia estas medidas en una entrevista exclusiva con el programa Influyentes de EL DEBER, argumentando que son herramientas esenciales para “transparentar y generar un alivio tributario” y reconstruir una relación de confianza, actualmente “deteriorada”, entre los contribuyentes y el Estado. Tapia enfatizó que la iniciativa responde a un problema estructural de gran magnitud, describiendo la informalidad como un fenómeno “preocupante y dramático” que, según sus estimaciones, supera el 85% de la economía nacional.
El SIETE-RG, la joya de la corona del proyecto, propone un esquema de monotributo del 5% sobre ventas para empresas unipersonales, gremiales, oficios y profesionales independientes con un capital inferior a Bs 400.000. Este pago único integraría el IVA, el Impuesto a las Transacciones (IT) y el Impuesto Unificado (IUE) o el Régimen Complementario al IVA (RC-IVA), simplificando significativamente las obligaciones fiscales de los pequeños contribuyentes.
Tapia argumenta que el sistema actual es excesivamente “pesado” y que la alta presión fiscal ha generado un “terrorismo fiscal” que ha empujado a muchos a operar en la economía sumergida. El nuevo esquema prevé una transición gradual de tres años hacia el régimen general, permitiendo a los contribuyentes adaptarse progresivamente a las nuevas obligaciones. A pesar de la necesidad de emitir factura, esta no generará débito fiscal de IVA, aunque el comprador podrá computar un crédito fiscal del 5%.
Sin embargo, la propuesta no está exenta de críticas y reservas. El especialista tributario Marco Mora, si bien considera que la idea del monotributo es “beneficiosa” en términos de simplificación, advierte que su éxito dependerá crucialmente de la reglamentación que se dicte. “Debemos esperar la reglamentación y un análisis exhaustivo de la operativa”, subrayó Mora, poniendo el foco en los desafíos tecnológicos y de conectividad, especialmente en las regiones más alejadas del país.
Mora cuestionó la viabilidad de la facturación en línea en áreas con infraestructura deficiente y recordó los problemas previos con la plataforma del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), incluyendo caídas de servidores e interpretaciones discrecionales en las fiscalizaciones. “Estos temas pueden sonar muy beneficiosos, pero la operativa específica es la que debe trabajarse mucho más”, enfatizó, advirtiendo que una implementación deficiente podría generar más problemas que soluciones.
El segundo eje central del proyecto, la “transparencia” del IVA, busca eliminar la confusión histórica sobre la tasa real del impuesto. La propuesta establece que el 13% se muestre separado del precio en la factura, poniendo fin a la práctica de incorporar el impuesto dentro del precio final, lo que resulta en un 14,94% efectivo.
Tapia explicó que esta práctica, que data de la Ley 843 de 1986, ha generado una dicotomía innecesaria sobre si la tasa real era 13% o 14,94%. “Dejamos de tener esa dicotomía del 14,94% o 13%”, sostuvo, añadiendo que la medida también reducirá la base del Impuesto a las Transacciones, al evitar que se calcule sobre un precio que ya incluye IVA.
Mora coincidió en que el cambio aporta claridad técnica y recordó que en la práctica comercial se aplican cálculos erróneos, como la creencia de que “con factura es el 16% más”. La separación explícita del IVA, según el especialista, podría ordenar el sistema y evitar distorsiones. Sin embargo, insistió en que la implementación tecnológica será clave para garantizar que la medida funcione correctamente y no genere nuevas complicaciones.
Además de estos dos ejes principales, el proyecto de ley contempla una serie de medidas adicionales destinadas a facilitar la formalización y aliviar la carga tributaria. Entre ellas, se destaca la condonación de deudas hasta el 31 de diciembre de 2017, siempre y cuando no superen los Bs 10 millones, y un plan de regularización de 120 días para las obligaciones contraídas entre 2018 y 2026, con condonación de intereses y multas.
Asimismo, el proyecto restituye la prescripción tributaria a cuatro años, lo que significa que el Estado tendrá un plazo limitado para reclamar impuestos no pagados. Para Mora, este punto será efectivo en la medida en que la administración tributaria utilice de forma eficiente la notificación electrónica y el buzón tributario, garantizando que los contribuyentes estén debidamente informados de sus obligaciones.
En resumen, el proyecto de Ley de Transparencia y Alivio Tributario representa un intento ambicioso de modernizar el sistema impositivo boliviano y fomentar la formalización de la economía. Sin embargo, su éxito dependerá de una reglamentación cuidadosa, una implementación tecnológica eficiente y una comunicación clara con los contribuyentes. La Asamblea Legislativa tiene ahora la tarea de analizar en detalle la propuesta y determinar si es la herramienta adecuada para lograr los objetivos planteados por el Gobierno. La discusión promete ser intensa, ya que los intereses en juego son significativos y las expectativas son altas. El futuro de la economía boliviana podría depender, en gran medida, de las decisiones que se tomen en las próximas semanas.
