Lima, Perú – La inestabilidad política en Perú ha alcanzado un nuevo punto crítico con la destitución de José Jerí, el presidente interino, por parte del Congreso. Este evento marca el séptimo cambio de mando presidencial en los últimos diez años, consolidando una preocupante tendencia de gobiernos incapaces de completar sus mandatos constitucionales. La remoción de Jerí, quien ocupaba el cargo por apenas cuatro meses, se suma a la salida de Dina Boluarte, destituida previamente por el mismo órgano legislativo, y pone de manifiesto una profunda crisis de gobernabilidad que amenaza la democracia peruana.
El analista político Fernando Tuesta Soldevilla describe la situación como una “anormalidad democrática”, señalando que el Parlamento ha usurpado el poder ejecutivo, convirtiéndose en el verdadero árbitro político del país. “Jerí es parte de esta larga fila de presidentes sin poder. En sistemas presidenciales como el nuestro, donde es jefe de Gobierno y jefe de Estado, es quien tiene más poder, pero eso ha cambiado en nuestro país”, afirmó Tuesta a France 24. “Hace diez años, el Parlamento o las coaliciones que lo conforman han quitado esa prerrogativa, no en términos de la Constitución, sino de la realidad. Quien manda, quien coloca o retira, es el Parlamento, como ha ocurrido el día de hoy”.
La inminencia de las elecciones del 12 de abril, con la asunción de nuevas autoridades prevista para julio, añade una capa de complejidad a la crisis. Según Tuesta, las agrupaciones políticas buscan evitar cualquier situación que pueda afectar sus posibilidades electorales. Sin embargo, el futuro del próximo mandatario, independientemente de quién sea, es incierto. De los 130 escaños del Congreso, 88 buscarán la reelección, lo que podría perpetuar la dinámica de inestabilidad si el nuevo presidente no cuenta con un respaldo parlamentario sólido.
El analista advierte que el sucesor inmediato de Jerí tendrá un margen de maniobra limitado, dado que su mandato concluirá el 28 de julio. En cuanto al ganador de las elecciones, Tuesta expresa dudas sobre su capacidad para gobernar con estabilidad: “Dependerá de qué tan fuerte sea en el Parlamento. Si no lo es, como en los últimos diez años, podemos seguir alargando este tipo de vida política de inestabilidad”.
La historia reciente de Perú está marcada por una sucesión de presidentes destituidos o forzados a renunciar. Ollanta Humala fue el último mandatario en completar un período constitucional de cinco años. Pedro Pablo Kuczynski, quien asumió el cargo hace una década, renunció en marzo de 2018 en medio de acusaciones de corrupción relacionadas con el caso Odebrecht. Su sucesor, Martín Vizcarra, también fue destituido en noviembre de 2020 bajo la figura de “incapacidad moral permanente”.
La breve presidencia de Manuel Merino, quien asumió el cargo tras la destitución de Vizcarra, fue aún más efímera. Anunció elecciones para 2021, pero renunció a los seis días debido a las violentas protestas masivas que dejaron dos civiles muertos a causa de la represión policial. Francisco Sagasti, designado por el Congreso, condujo la administración y el proceso electoral, poniendo fin al turbulento período de 2016 a 2021.
Sin embargo, la elección de Pedro Castillo no logró estabilizar la situación. Su administración estuvo plagada de denuncias de corrupción y una tensa relación con el Congreso. En diciembre de 2022, Castillo intentó disolver el hemiciclo en un movimiento que fue calificado como un “autogolpe de Estado” y que resultó en su destitución y arresto.
Dina Boluarte, su sucesora, enfrentó protestas y críticas por falta de legitimidad, pero logró mantenerse en el poder hasta octubre de 2025, aunque no exenta de cuestionamientos por corrupción y abuso de poder. Al igual que sus predecesores, Boluarte fue declarada de “permanente incapacidad moral” y destituida, abriendo el camino para la breve presidencia de Jerí, que ahora también ha llegado a su fin.
La herramienta utilizada para destituir a los presidentes, la “vacancia por declaración de permanente incapacidad moral”, es un artículo de la Constitución de 1839 que originalmente se refería a la imposibilidad física o mental. Sin embargo, su definición vaga ha permitido que se utilice para castigar conductas éticas y, en última instancia, para destituir presidentes por razones políticas.
El proceso de vacancia es relativamente sencillo, lo que ejerce presión sobre el gobierno de turno. La única alternativa para evitar la destitución es disolver el Parlamento, una medida que, sin embargo, agrava la tensión política. La moción de censura, por otro lado, es una herramienta parlamentaria dirigida a cargos de confianza, como el presidente del Congreso, y su aprobación implica la interrupción inmediata de funciones. A diferencia de la vacancia, no requiere causas fijas y necesita menos votos, permitiendo al destituido reincorporarse al Congreso.
La crisis política en Perú plantea serias interrogantes sobre el futuro de su democracia. La constante rotación de presidentes, la injerencia del Parlamento y la falta de estabilidad política socavan la confianza de los ciudadanos en las instituciones y dificultan la implementación de políticas a largo plazo. La resolución de esta crisis requerirá un diálogo nacional profundo y la búsqueda de consensos que permitan fortalecer la gobernabilidad y garantizar la estabilidad democrática del país. Las próximas elecciones representan una oportunidad para que los peruanos elijan a un líder capaz de superar la polarización y construir un futuro más próspero y estable.
