Tacna, 18 de febrero de 2026 – Una ola de protestas sacude el distrito de Calana, en la región de Tacna, tras la aprobación de un proyecto de servicio de agua y alcantarillado que, según los vecinos, beneficia desproporcionadamente a once empresas inmobiliarias en detrimento del acceso al agua potable para la población local. Cerca de 200 residentes se congregaron frente a la municipalidad distrital el pasado martes 17 de febrero, exigiendo al Concejo Municipal, liderado por el alcalde Enrique Taquila Huarina, que presente un recurso de apelación por la vulneración de sus derechos fundamentales.
La controversia radica en la percepción de que el proyecto prioriza el desarrollo inmobiliario sobre las necesidades básicas de los habitantes de Calana, quienes ya enfrentan serias dificultades para acceder al agua. Los manifestantes denuncian que actualmente solo reciben entre dos y tres horas diarias de servicio, una situación que podría agravarse con la implementación del nuevo proyecto. Temen que la ampliación de la red de agua y alcantarillado, destinada principalmente a las inmobiliarias, sobrecargue la capacidad de la planta de tratamiento, provocando un racionamiento aún más severo.
La regidora Jessica Taylin Quispe Ururi fue la primera en levantar la voz de alarma sobre la aprobación del proyecto, alertando sobre el posible racionamiento. Su advertencia encontró eco en Jorge Gamarra, presidente de la Asociación Central de Pecuarios de Calana, quien expresó su preocupación por el impacto directo que la medida tendría en el sector pecuario, vital para la economía local. “Días anteriores aprobaron un acuerdo municipal para un proyecto de ampliación de agua potable y alcantarillado para inmobiliarias. Nos han alertado que la zona pecuaria será afectada con el racionamiento porque la capacidad de la planta de tratamiento no se abastece”, declaró Gamarra, reflejando el temor generalizado entre los productores.
La indignación de los vecinos se manifestó en una tensa jornada de protestas, durante la cual un grupo intentó ingresar a la sede edil. La situación requirió la intervención del personal de Serenazgo y de la Policía Nacional del Perú (PNP) para restablecer el orden y evitar incidentes mayores. Los manifestantes expresaron su frustración y decepción por lo que consideran una traición a la confianza depositada en sus autoridades durante las elecciones de octubre de 2022.
Según los denunciantes, el acuerdo fue aprobado por el alcalde Taquila Huarina y los regidores Sandro Cahui, Luis Rivera, Delia Ticona y Felipa Cotrado. La única voz disidente en el Concejo Municipal fue la de la regidora Quispe Ururi, quien votó en contra del proyecto. Esta división interna ha exacerbado la desconfianza de los vecinos hacia sus representantes, quienes acusan de favorecer intereses privados en detrimento del bienestar de la comunidad.
La presentación de un recurso de apelación requiere la firma de al menos dos regidores. Los vecinos de Calana se encuentran ahora a la espera de conseguir el apoyo de un segundo regidor que se sume a la oposición liderada por Jessica Taylin Quispe Ururi, con el objetivo de dejar sin efecto el proyecto y buscar una solución que garantice el acceso equitativo al agua para todos los habitantes del distrito.
La situación en Calana pone de manifiesto la creciente preocupación por la gestión de los recursos hídricos en el Perú, especialmente en las zonas fronterizas como Tacna, donde la escasez de agua es un problema recurrente. La falta de planificación y la priorización de intereses particulares sobre las necesidades de la población pueden agravar aún más esta situación, generando conflictos sociales y poniendo en riesgo el desarrollo sostenible de la región.
El caso de Calana también plantea interrogantes sobre la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión pública. Los vecinos exigen que las autoridades municipales brinden explicaciones claras y detalladas sobre los criterios utilizados para aprobar el proyecto, así como sobre los beneficios que este reportará a la comunidad. La falta de información y la percepción de favoritismo han erosionado la confianza de los ciudadanos en sus representantes, lo que dificulta la búsqueda de soluciones consensuadas.
La protesta en Calana se suma a una serie de manifestaciones similares que se han registrado en otras regiones del Perú en los últimos meses, evidenciando el malestar social por la gestión de los recursos naturales y la falta de atención a las necesidades básicas de la población. La situación exige una respuesta urgente y efectiva por parte de las autoridades, que debe incluir una revisión exhaustiva de los proyectos de inversión en infraestructura, una mayor participación ciudadana en la toma de decisiones y una política de gestión del agua que garantice el acceso equitativo y sostenible a este recurso vital para todos los peruanos.
La comunidad de Calana ha anunciado que mantendrá las protestas hasta que sus demandas sean atendidas y se garantice el acceso al agua potable para todos los habitantes del distrito. La situación sigue siendo tensa y la resolución del conflicto dependerá de la voluntad política de las autoridades municipales y de su capacidad para dialogar con la población y encontrar una solución que satisfaga las necesidades de todos los sectores. El futuro de Calana, y el acceso al agua de sus habitantes, pende de un hilo.
