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La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha desatado una fuerte controversia al revelar los exorbitantes pagos que reciben algunos ex trabajadores de Petróleos Mexicanos (PEMEX) y Luz y Fuerza del Centro (LyFC) como jubilados, alcanzando en algunos casos hasta 12 millones de pesos anuales. Ante esta situación, la mandataria presentó una propuesta de reforma constitucional para eliminar estas pensiones millonarias, calificándolas de injustificables y contrarias al espíritu de austeridad y justicia social que busca su gobierno.
La revelación, realizada en conjunto con Raquel Buenrostro, titular de la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, expuso un esquema de pensiones para altos mandos de confianza en estas instituciones que supera con creces el promedio nacional e incluso el salario de la propia Presidenta. Buenrostro detalló cifras que describió como “fuera de rango”, evidenciando una disparidad alarmante entre las percepciones de estos ex funcionarios y las de los trabajadores de base.
Según el informe presentado, estas pensiones no corresponden a trabajadores de base o bajo contratos colectivos, sino a los altos ex funcionarios que, en algunos casos, perciben mensualmente lo que un trabajador promedio tardaría décadas en acumular. La magnitud de estas pensiones ha generado indignación y cuestionamientos sobre la transparencia y la equidad en el sistema de pensiones del país.
El desglose de las cifras proporcionado por Raquel Buenrostro revela la siguiente situación:
* **PEMEX:** El monto total pagado en pensiones a ex directivos asciende a 3 mil 685 millones de pesos anuales.
* **LyFC (extinto):** La erogación anual en pensiones a ex funcionarios de esta institución alcanza los mil 417 millones de pesos.
* **Total:** La suma total de las pensiones millonarias pagadas por PEMEX y LyFC supera los 5 mil 102 millones de pesos anuales.
Para poner en perspectiva estas cifras, Buenrostro las comparó con las pensiones promedio de las instituciones de seguridad social del país. El ISSSTE, por ejemplo, otorga pensiones promedio de alrededor de 8 mil pesos mensuales, mientras que el IMSS registra un promedio de 6 mil pesos mensuales. La diferencia entre estas pensiones y las que reciben los ex directivos de PEMEX y LyFC es abismal, evidenciando un privilegio injustificado.
Ante este escenario, la Presidenta Sheinbaum anunció una iniciativa de reforma al artículo 127 constitucional para poner un tope a estas percepciones millonarias. La propuesta busca que ningún ex alto mando reciba una pensión superior a la mitad de lo que gana el titular del Ejecutivo federal, es decir, la Presidenta. Actualmente, el salario de la Presidenta es de aproximadamente 160 mil pesos mensuales, lo que implicaría un tope de pensión de 80 mil pesos mensuales.
La mandataria aclaró que esta medida no afectará a los trabajadores de base ni a los contratos colectivos, ya que el objetivo es recuperar aproximadamente 5 mil millones de pesos anuales, los cuales serían destinados a programas sociales. “No estamos buscando afectar a los trabajadores de base, ni a los contratos colectivos. Lo que estamos buscando es que no haya privilegios injustificados y que los recursos públicos se utilicen para el beneficio de la mayoría”, afirmó Sheinbaum.
La Presidenta contrastó estas cifras con su propia expectativa de retiro, señalando que tras décadas de trabajo académico y público, su jubilación a través del ISSSTE rondaría los 30 mil pesos mensuales. “Yo, después de toda una vida de trabajo, mi jubilación va a ser de alrededor de 30 mil pesos mensuales. Creo que es importante que haya congruencia entre lo que se predica y lo que se practica”, expresó la mandataria.
La iniciativa de reforma constitucional será enviada formalmente a la Cámara de Senadores el próximo lunes para su discusión y eventual aprobación. Se espera que la propuesta genere un debate intenso en el Congreso, ya que podría enfrentar resistencia por parte de aquellos que se benefician de este esquema de pensiones privilegiadas.
La propuesta de reforma ha sido recibida con reacciones mixtas. Algunos sectores han aplaudido la iniciativa como un paso necesario para combatir la corrupción y la desigualdad, mientras que otros han expresado preocupación por la posible afectación a los derechos adquiridos de los jubilados. Sin embargo, la Presidenta Sheinbaum ha insistido en que la reforma es fundamental para garantizar una distribución más justa de los recursos públicos y para fortalecer la confianza de la ciudadanía en las instituciones.
La discusión sobre las pensiones millonarias de los ex funcionarios de PEMEX y LyFC ha puesto de manifiesto la necesidad de una revisión profunda del sistema de pensiones en México, con el objetivo de garantizar que sea justo, equitativo y sostenible a largo plazo. La iniciativa de reforma constitucional presentada por la Presidenta Sheinbaum representa un primer paso en esta dirección, y se espera que impulse un debate constructivo que conduzca a una solución integral a este problema. La sociedad mexicana observa con atención el desarrollo de este tema, esperando que se logre un cambio significativo en la forma en que se gestionan las pensiones en el país.
