La región de Junín se encuentra en estado de alerta debido al paro de 48 horas que comenzó este miércoles 18 de febrero, bloqueando estratégicamente la Carretera Central, una vía crucial para el transporte de mercancías y personas hacia y desde la capital, Lima. La medida, impulsada por asociaciones sociales, sindicatos, transportistas y sectores productivos, responde a la frustración por la falta de avances y recursos destinados al proyecto de la nueva Carretera Central, una infraestructura considerada vital para el desarrollo de la región y sus provincias vecinas.
El gobernador regional de Junín, Zósimo Cárdenas, confirmó el cierre de la vía en puntos clave como Yauli-La Oroya, anticipando posibles afectaciones en el acceso a Lima y a la zona central del país. La demanda central de los manifestantes es la asignación inmediata de un presupuesto de 1.200 millones de soles para iniciar los trabajos de la nueva carretera, una solicitud que, según denuncian, ha sido ignorada por el gobierno central.
La protesta no es unánime en el comercio local. Mientras que algunos establecimientos, como los mercados mayoristas y el Mercado Modelo en Huancayo, han acatado el paro, otros, como los comercios del Damero de Huancayo, han optado por mantener sus actividades con normalidad, al menos por el momento. Una vendedora local declaró a Exitosa que la decisión de continuar trabajando podría revisarse el día siguiente, dependiendo de las conversaciones con los presidentes y delegados de los mercados.
A pesar del paro, el tránsito en el terminal terrestre de Yerbateros, en Lima, se desarrolla con normalidad, sin reportes de bloqueos ni incrementos en los precios de los pasajes. Los viajeros que se dirigen a diversas regiones del país no han encontrado obstáculos en su camino, lo que sugiere que el impacto inicial del paro se concentra en la Carretera Central en sí misma.
La Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) ha expresado su respaldo al paro regional, instando al Poder Ejecutivo a actuar con responsabilidad y a garantizar la ejecución del proyecto de la Carretera Central. En un pronunciamiento, la CGTP exigió al Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) que inicie la construcción de la autopista de cuatro carriles sin más dilaciones.
En solidaridad con la protesta, el Gobierno Regional de Junín ha suspendido la atención al público en sus sedes administrativas, aunque ha garantizado la continuidad de los servicios esenciales para no afectar la salud y la atención de emergencias. Los trámites administrativos en curso no se verán interrumpidos, ya que los plazos legales quedarán suspendidos durante el paro.
El Comité Multisectorial de la Macroregión Centro–Oriente–Amazónica ha presentado seis exigencias concretas al gobierno central: priorizar el proyecto, no aislar a La Oroya, fijar fechas claras para el inicio y la culminación de la obra (junio de 2026 y julio de 2031, respectivamente), viabilizar el financiamiento sin cambiar la modalidad actual, convocar a una reunión urgente con las autoridades y declarar nula la resolución del contrato Gobierno a Gobierno (G2G).
La protesta se mantiene firme a pesar de la reciente censura del exministro de Transportes y Comunicaciones, José Jerí, por parte del Congreso. Los líderes del paro, como Raúl Ariste, presidente del Comando Unitario de Lucha de Junín, han manifestado su apoyo a la censura, pero han insistido en que la protesta continuará hasta que se atiendan sus demandas. Ariste advirtió que, de no obtener una respuesta favorable, el paro podría convertirse en una medida indefinida.
La indignación de los manifestantes se centra en la asignación de apenas 190 millones de soles para la Carretera Central, una cifra que consideran insuficiente en comparación con los 318 millones de soles solicitados. Exigen una explicación clara por parte del MTC y las autoridades involucradas.
La falta de diálogo con el Ejecutivo también ha exacerbado la tensión. Organizaciones sociales y la Comisión Multisectorial decidieron retirarse de las negociaciones debido a la ausencia de la ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, y del propio José Jerí en la reunión convocada el 16 de febrero.
El paro regional cuenta con el respaldo de diversos sectores, incluyendo juntas de riego, productores de café y cacao, agroexportadores, juntas vecinales y asociaciones de transportistas. Se espera que la suspensión del transporte de productos a Lima, incluyendo alimentos básicos como papa, hortalizas, frutas y carnes, genere retrasos en la distribución, aumentos en los costos logísticos y un posible desabastecimiento en los mercados mayoristas de la capital.
La Región Policial de Junín ha desplegado un plan de operaciones en puntos estratégicos de la Carretera Central para garantizar el orden público y prevenir disturbios y bloqueos. Unidades especializadas, lideradas por el general PNP César Calero Cisneros, se encargarán de mantener la seguridad durante el desarrollo del paro.
La situación sigue evolucionando y se espera que las próximas horas sean cruciales para determinar el futuro del proyecto de la Carretera Central y el impacto del paro en la región de Junín y en el resto del país. La firmeza de los manifestantes y la falta de una respuesta clara por parte del gobierno central auguran una prolongada crisis que podría afectar significativamente la economía y la calidad de vida de los habitantes de la macroregión centro-oriente.
