La Contraloría General de la República ha puesto bajo escrutinio la gestión de recursos destinados a la atención de las más de 250.000 personas afectadas por las recientes lluvias e inundaciones en Colombia, generando dudas sobre la necesidad de decretar una nueva emergencia económica cuando, según el ente de control fiscal, existen fondos disponibles para atender la crisis. La situación es particularmente crítica en departamentos como Córdoba, donde más de 68.000 familias han perdido sus hogares y pertenencias, y donde la ayuda estatal ha tardado en llegar, dejando a muchos damnificados a la deriva.
La historia de Marnedis Ramos Llorente, una residente de Montería, Córdoba, ilustra la desesperación de muchos afectados. Tras perder electrodomésticos y muebles en la inundación de su vivienda, doña Marnedis se encuentra refugiada en casa de un familiar, esperando una asistencia que aún no llega. Su relato, junto con el de miles de otros, pone de manifiesto las deficiencias en la respuesta institucional y la urgencia de una acción coordinada y eficiente.
El Gobierno del presidente Gustavo Petro decretó una emergencia económica para abordar la crisis, pero la Contraloría cuestiona la justificación de esta medida, señalando que el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo (FNGR) dispone de $1,69 billones y cuenta con reservas presupuestales para 2025 cercanas al billón de pesos. El ente de control fiscal advierte que estos recursos podrían utilizarse para atender a los damnificados sin necesidad de recurrir a nuevas medidas económicas.
Ante esta situación, la Contraloría ha activado un “seguimiento especial” a los movimientos presupuestales y financieros de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), exigiendo información detallada sobre el Plan de Acción Específico (PAE) diseñado para la contingencia. Además, se realizará un seguimiento “estricto” al paquete de medidas económicas y tributarias adoptadas en el marco del decreto de emergencia, asegurando que los recursos recaudados se destinen exclusivamente a la atención de la crisis.
El personal de la Contraloría participará en los Puestos de Mando Unificado (PMU) y en las Salas de Crisis en los territorios afectados, supervisando la entrega de ayudas y la contratación necesaria para superar la emergencia. Asimismo, se llevarán a cabo verificaciones en terreno junto a personerías y veedurías ciudadanas para garantizar la transparencia y la eficiencia en el uso de los recursos públicos.
El seguimiento adelantado por la Contraloría ha revelado desafíos en la coordinación entre municipios, departamentos y la UNGRD, lo que ha afectado la oportunidad en la atención a las familias damnificadas. También se ha detectado que algunas zonas del país aún no reciben ayuda humanitaria y que algunos municipios no han reportado el listado oficial de afectados, dificultando la dimensionamiento de la respuesta institucional.
En 2023, la Contraloría ya había advertido a la UNGRD sobre la baja ejecución de recursos del decreto 2113 de 2022, que declaraba la “existencia de una Situación de Desastre de carácter nacional”. Esta alerta se basaba en la afectación causada por el huracán Julia en La Guajira y San Andrés, así como por el fenómeno de La Niña en 21 departamentos y 390 municipios. Además, existen cinco procesos de responsabilidad fiscal por $62.389 millones relacionados con hechos en Puerto Boyacá, Tolima y La Mojana.
Según el último corte del 14 de febrero, la UNGRD reportó 94.431 familias, equivalentes a 254.531 personas, afectadas por las fuertes lluvias en diferentes regiones del país. El balance preliminar da cuenta de al menos 17 personas fallecidas, 11.216 hectáreas inundadas, 18.232 viviendas averiadas y 4.099 viviendas destruidas.
Después de Córdoba, los departamentos más afectados son La Guajira (11.286 familias), Antioquia (3.886 familias), Chocó (3.393 familias) y Sucre (1.562 familias). En Sucre, el desbordamiento de los ríos Cauca y San Jorge mantiene en alerta máxima a las comunidades de La Mojana y el San Jorge.
La UNGRD ha respondido a las advertencias de la Contraloría, argumentando que los recursos de vigencias anteriores del FNGR tienen destinación específica y respaldan compromisos jurídicos adquiridos en años anteriores, por lo que no están disponibles para atender la emergencia actual. Sin embargo, el director de la UNGRD, Carlos Carrillo, ha anunciado una reunión con la Contraloría para abordar el tema y buscar soluciones conjuntas.
La Asociación Colombiana de Infectología (Acin) ha advertido sobre los riesgos para la salud pública asociados a la emergencia climática en Córdoba, incluyendo la contaminación del agua, la proliferación de vectores y el hacinamiento en albergues temporales. La Acin ha destacado la importancia de prevenir brotes de enfermedades transmitidas por el agua y de garantizar condiciones sanitarias adecuadas en los refugios.
La situación exige una respuesta inmediata y coordinada por parte de las autoridades, así como una gestión transparente y eficiente de los recursos públicos. La Contraloría General de la República ha asumido un papel fundamental en la supervisión de este proceso, garantizando que la ayuda llegue a quienes más la necesitan y que los recursos se utilicen de manera responsable y efectiva. La historia de Marnedis Ramos Llorente y de miles de otros damnificados es un recordatorio constante de la urgencia de esta tarea.
