Guatemala celebra el fin del estado de sitio con resultados contundentes contra las pandillas, pero prepara un nuevo frente en la lucha contra el crimen organizado. El presidente Bernardo Arévalo anunció este domingo una reducción significativa de la actividad criminal durante los 30 días de la medida excepcional, que concluye este lunes.
En una cadena nacional de radio y televisión, Arévalo destacó que el estado de sitio, ratificado por el Congreso, permitió frenar la escalada de violencia protagonizada por el Barrio 18, una de las pandillas consideradas por Estados Unidos como organización terrorista. “En los 30 días del estado de sitio, puedo decirles que la estrategia ha dado resultados contundentes”, afirmó el mandatario.
La principal estrategia implementada durante el estado de sitio se centró en cortar los sistemas de comunicación dentro de las cárceles, desbaratando la coordinación entre los reclusos y las maras que operan en las calles. Esta acción, según Arévalo, fue clave para debilitar la capacidad operativa de las pandillas.
Además de la interrupción de las comunicaciones, las autoridades llevaron a cabo una serie de operativos que resultaron en la captura de 83 pandilleros considerados “de alta peligrosidad”. Paralelamente, se realizó un importante decomiso de casi cinco toneladas de cocaína, el más grande de los últimos 12 años, según destacó el presidente.
Uno de los indicadores más significativos del éxito de la estrategia es la reducción del 33% en las extorsiones, un delito que ha afectado gravemente a la población guatemalteca. Asimismo, se logró una disminución del 50% en el número de homicidios en comparación con el mismo período del año pasado, aunque el presidente no proporcionó cifras exactas.
Otro logro importante durante el estado de sitio fue la conclusión del “censo penitenciario”, una herramienta que, según Arévalo, permitirá aumentar el control de las cárceles y mejorar la seguridad en los centros penitenciarios. Este censo proporcionará información detallada sobre la población reclusa, lo que facilitará la identificación de líderes pandilleros y la prevención de actividades ilícitas dentro de las prisiones.
En el ámbito de la cooperación internacional, se extraditaron siete criminales a Estados Unidos, lo que demuestra el compromiso del gobierno guatemalteco en la lucha contra el crimen transnacional.
Sin embargo, el presidente Arévalo advirtió que la lucha contra el crimen organizado no termina con el fin del estado de sitio. Para sostener los avances logrados y continuar con los operativos “quirúrgicos”, anunció que el martes 17 de febrero decretará “el estado de prevención en todo el país”.
El estado de prevención, según la legislación guatemalteca, es una medida menos restrictiva que el estado de sitio y no requiere la aprobación del Congreso. Tiene una vigencia máxima de 15 días y, a diferencia del estado de sitio, no permite realizar capturas sin orden judicial.
“Mantener el control y librarnos del miedo es nuestra prioridad”, subrayó Arévalo, enfatizando la importancia de garantizar la seguridad y la tranquilidad de los ciudadanos.
La decisión de decretar el estado de prevención refleja la determinación del gobierno de mantener la presión sobre las pandillas y el crimen organizado, a pesar de las limitaciones impuestas por el marco legal.
El estado de sitio fue decretado tras una escalada de violencia en enero, cuando once policías fueron asesinados y se produjeron motines en las cárceles. La medida permitió a la Policía y al ejército asumir mayores responsabilidades en el control del orden público y en la lucha contra las pandillas.
La efectividad del estado de sitio ha sido objeto de debate entre expertos y organizaciones de derechos humanos. Algunos críticos argumentan que la medida ha vulnerado derechos fundamentales, como la libertad de expresión y el derecho a la privacidad. Sin embargo, el gobierno de Arévalo defiende la legalidad y la proporcionalidad de la medida, argumentando que era necesaria para proteger la vida y la seguridad de los ciudadanos.
El futuro de la lucha contra el crimen organizado en Guatemala dependerá de la capacidad del gobierno para implementar políticas integrales que aborden las causas estructurales de la violencia, como la pobreza, la desigualdad y la falta de oportunidades. Además, será fundamental fortalecer las instituciones del Estado, mejorar la coordinación entre las fuerzas de seguridad y promover la participación ciudadana en la prevención del delito.
La transición del estado de sitio al estado de prevención representa un desafío para el gobierno de Arévalo, que deberá demostrar que es capaz de mantener el control de la situación sin recurrir a medidas excepcionales que puedan afectar los derechos fundamentales de los ciudadanos. La implementación efectiva del estado de prevención requerirá una planificación cuidadosa, una ejecución rigurosa y una evaluación constante de los resultados.
El éxito de la estrategia de seguridad del gobierno de Arévalo dependerá, en última instancia, de la confianza y el apoyo de la población guatemalteca, que anhela vivir en un país seguro y en paz.
