El reciente Informe Indicativo del Salario Docente (III trimestre 2025) de la Secretaría de Educación de la Nación ha arrojado una luz implacable sobre la situación salarial de los maestros en Mendoza. Los datos, correspondientes a septiembre de 2025, revelan que la provincia se posiciona como la jurisdicción con el salario bruto más bajo del país para un maestro de jornada simple con 10 años de antigüedad. Este hallazgo, lejos de ser una anomalía, expone una problemática estructural que afecta la calidad educativa y la dignidad de los profesionales de la enseñanza en la provincia.
El informe de la Secretaría de Educación de la Nación, diseñado para monitorear la evolución del salario docente a nivel nacional, utiliza un cargo testigo estándar para realizar comparaciones justas entre las diferentes provincias. Este cargo testigo, que representa a un maestro de jornada simple con 10 años de antigüedad, permite identificar las disparidades salariales sin considerar los adicionales individuales que puedan variar de un docente a otro. En este contexto, Mendoza se ubica en el último lugar del ranking, con una brecha salarial significativa en comparación con otras jurisdicciones, especialmente con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde un docente con la misma antigüedad puede percibir más de $330.000 adicionales.
La estructura salarial en Mendoza, según el salario mínimo garantizado de bolsillo vigente desde noviembre de 2025, presenta una escala que no recompensa adecuadamente la antigüedad. Los docentes con entre 0 y 11 años de antigüedad perciben $709.500, mientras que aquellos con entre 12 y 16 años reciben $716.500. La escala continúa con $723.500 para los docentes con entre 17 y 23 años de antigüedad, $730.500 para los que tienen entre 24 y 29 años, y finalmente, $757.500 para aquellos con más de 30 años de servicio. Esta estructura, caracterizada por una pendiente salarial cada vez menor, implica que la diferencia salarial entre un docente que recién comienza y uno con más de 30 años de experiencia es relativamente pequeña, lo que desincentiva la permanencia en la profesión y la acumulación de experiencia.
La Dirección General de Escuelas (DGE) de Mendoza ha impulsado en los últimos años un modelo salarial basado en incentivos, como la permanencia, el cumplimiento de tareas y la formación continua. Sin embargo, estos incentivos no son accesibles para todos los docentes, lo que genera una disparidad salarial aún mayor. Mientras que un docente con 10 años de antigüedad y arraigo en la misma escuela puede superar el millón de pesos, otro con la misma antigüedad pero sin arraigo puede percibir un salario significativamente menor. Esta situación evidencia que la diferencia salarial ya no se basa principalmente en la antigüedad, sino en el acceso a estos incentivos, lo que genera una sensación de injusticia y desigualdad entre los docentes.
La DGE sostiene que Mendoza cumple con el piso salarial docente nacional establecido por la Secretaría de Educación de la Nación, que actualmente se encuentra en $500.000. Sin embargo, este argumento es meramente formal, ya que el piso salarial es solo una garantía mínima y no refleja la realidad salarial de los docentes en la provincia. El informe nacional expone la estructura salarial relativa, y en esa estructura, Mendoza aparece última en septiembre de 2025 para el cargo de maestro con 10 años de antigüedad.
La situación salarial de los docentes en Mendoza ha generado un debate intenso entre el gobierno provincial y los sindicatos. El Sindicato Único de Trabajadores de la Educación (SUTE) ha acompañado y aceptado los acuerdos salariales vigentes, defendiendo públicamente la evolución del salario provincial e incluso afirmando en algunos momentos que el salario docente se posicionaba en el puesto 12º a nivel nacional. Sin embargo, el informe oficial de la Secretaría de Educación de la Nación contradice estas afirmaciones, revelando una realidad diferente cuando se analiza el cargo comparable.
La discusión que se avecina no se limita a la cantidad de aumento porcentual que se otorgue en la próxima paritaria, sino que se centra en la estructura salarial en sí misma. No se trata de negar que haya docentes que cobren cifras superiores al millón de pesos, sino de reconocer que la estructura salarial actual no garantiza una remuneración justa y equitativa para todos los docentes.
El problema estructural radica en el bajo salario básico docente, que obliga a los docentes a depender de los incentivos para alcanzar un ingreso digno. Ningún sistema educativo puede sostener la calidad si el ingreso de los docentes depende de no enfermarse, no ejercer sus derechos laborales y no atravesar situaciones familiares complejas. Lo que se necesita es una recomposición genuina del salario básico que garantice dignidad, previsibilidad y respeto por los derechos adquiridos.
La situación en Mendoza es un claro ejemplo de cómo un sistema salarial basado en incentivos puede generar desigualdad y precarización laboral. Es fundamental que el gobierno provincial y los sindicatos trabajen juntos para diseñar una estructura salarial que valore la experiencia, la formación y el compromiso de los docentes, y que garantice un salario digno para todos los profesionales de la enseñanza. De lo contrario, la calidad educativa seguirá siendo una asignatura pendiente en la provincia. La transparencia en los datos salariales y la apertura al diálogo son cruciales para encontrar una solución justa y sostenible para todos los involucrados. El futuro de la educación en Mendoza depende de ello.
