El gobierno de Donald Trump lanzó una agresiva ofensiva militar contra Venezuela en enero de 2026, culminando en el secuestro del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, y su traslado a Nueva York. La operación, denominada ‘Operación Lanza del Sur’, se justificó inicialmente con acusaciones falsas de narcotráfico y narcoterrorismo, pero rápidamente quedó claro que el verdadero objetivo era el control de las vastas reservas petroleras del país sudamericano. La escalada de tensiones se produjo tras la aceptación, por parte de Trump y Marco Rubio, de las limitaciones en su capacidad para influir en Venezuela y un reconocimiento tácito de la autoridad del gobierno interino.
La incursión militar, que involucró el bombardeo de cuatro ciudades clave –Caracas, Miranda, La Guaira y Maracay–, se centró tanto en objetivos militares como civiles. Tras el ataque, Trump declaró que Venezuela había “quitado nuestro petróleo” y robado “nuestros activos”, mientras que Stephen Miller, su subjefe de gabinete, argumentó que la nacionalización del petróleo venezolano en 1976 fue “el mayor robo registrado de riqueza y propiedad estadounidense”, ya que, según su visión, Estados Unidos “creó la industria petrolera en Venezuela”.
La flota de guerra estadounidense desplegada en el Caribe, la más grande en tres décadas, no tenía como objetivo combatir el narcotráfico, sino llevar a cabo un “cambio de régimen” para asegurar el control del petróleo venezolano. Trump anunció su intención de administrar el país temporalmente hasta lograr una “transición segura, adecuada y juiciosa”, anticipando la entrada de grandes empresas estadounidenses en el mercado venezolano. La amenaza de uso de la fuerza persistió, con Marco Rubio reiterando en una audiencia del Senado la posibilidad de recurrir a ella para garantizar la “máxima cooperación” del gobierno interino.
Sin embargo, la narrativa estadounidense se desmoronó rápidamente. La acusación del Departamento de Justicia (DOJ) sobre la existencia del “Cartel de los Soles”, supuestamente liderado por Maduro, fue abandonada. El DOJ admitió que se trataba de un “sistema clientelar” y no de una organización real, apenas tres días después del secuestro del presidente venezolano. Entre septiembre de 2025 y enero de 2026, la ‘Operación Lanza del Sur’ resultó en la destrucción de 29 embarcaciones y la ejecución extrajudicial de más de 100 personas acusadas de narcotráfico, sin que se proporcionara información sobre las víctimas ni pruebas que respaldaran las acusaciones. Curiosamente, los ataques cesaron inmediatamente después del secuestro de Maduro.
Expertos y organizaciones internacionales, como la DEA y la UNODC, han señalado que la mayor parte de la cocaína que llega a Estados Unidos desde Colombia lo hace a través del Pacífico, y que Venezuela solo es una ruta de tránsito menor (entre el 5% y el 7%). Además, la contribución de Venezuela al tráfico de fentanilo es nula. El indulto otorgado por Trump al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, condenado por enviar 400 toneladas de cocaína a Estados Unidos, pone en evidencia la falsedad de la justificación del ataque a Venezuela.
La administración Trump también descartó a María Corina Machado como posible sucesora de Maduro, argumentando que “no es respetada” en Venezuela, debido a su servilismo hacia el presidente estadounidense, que incluso la llevó a entregarle su medalla del Premio Nobel de la Paz. Esto sugiere que el objetivo no era simplemente un cambio de régimen, sino un control directo sobre los recursos venezolanos.
Ante esta situación, Delcy Rodríguez fue nombrada presidenta interina por el Tribunal Supremo, con el pleno apoyo de la Asamblea Nacional, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y las fuerzas armadas, garantizando la continuidad constitucional y la estabilidad política. Su primera declaración fue exigir la liberación inmediata de Maduro y Flores, reafirmando que “el único presidente de Venezuela es Nicolás Maduro”. Además, activó un decreto ejecutivo de Maduro que ponía al país en estado de conmoción interior y movilizó el Consejo de Defensa Nacional.
La agresión estadounidense provocó una fuerte reacción en América Latina. La Celac convocó una cumbre extraordinaria en la que se exigió la retirada inmediata de las fuerzas militares estadounidenses del Caribe, con Cuba instando al “debido respeto a la integridad territorial y la independencia venezolanas y la liberación inmediata del líder venezolano y su esposa”. Venezuela solicitó una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU, donde el ataque y el secuestro fueron calificados como crímenes injustificables y se exigió la liberación de Maduro y Flores.
Rodríguez respondió a la afirmación de Trump de que Estados Unidos gobernaba Venezuela, declarando que “el gobierno de Venezuela gobierna en nuestro país y nadie más; no hay agente externo que gobierne Venezuela”. Una marcha masiva de mujeres exigió el regreso seguro del presidente, y Diosdado Cabello, ministro del Interior y secretario general del PSUV, denunció que las acciones estadounidenses habían generado un profundo sentimiento antimperialista en el país.
Los medios de comunicación estadounidenses se han centrado en la actualización de la ley venezolana sobre la industria petrolera, tergiversándola como una privatización forzada. Sin embargo, la reforma, aprobada por unanimidad por la Asamblea Nacional y respaldada por el movimiento obrero, es similar a la Ley de Inversiones de Cuba y busca atraer inversión extranjera directa para superar las dificultades económicas causadas por las sanciones y el bloqueo.
La venta forzada de CITGO, la petrolera venezolana que opera en Estados Unidos, fue condenada por Yván Gil, canciller venezolano, como un acto de “robo, criminalidad y piratería judicial”. Además, Trump ha amenazado con imponer aranceles a los países que venden petróleo a Cuba y ha desplegado buques de guerra al norte de la isla, intensificando la diplomacia de cañoneras. El presidente cubano, Díaz-Canel, condenó la agresión y reafirmó la determinación de Cuba de defender su soberanía.
La situación actual representa una grave amenaza para la soberanía de Venezuela, Cuba y América Latina, y revive la lucha contra la Doctrina Monroe. La demanda de la retirada inmediata e incondicional de la flota de guerra estadounidense del Caribe se ha convertido en un grito de guerra en la región. La liberación inmediata e incondicional de Nicolás Maduro y Cilia Flores es una exigencia urgente para restablecer la paz y la estabilidad en la región.
