La fiesta universitaria “Aldea Futrono”, realizada en Bahía Coique, comuna de Futrono, ha desatado una tormenta política y legal tras dejar a un asistente en riesgo vital y revelar una serie de irregularidades en su organización y autorización. La investigación fiscal en curso, sumada a la confirmación de que el evento se llevó a cabo sin los permisos correspondientes de la Delegación Presidencial Provincial del Ranco ni del municipio local, ha puesto en el centro de la atención a la Inmobiliaria Arenas Blancas S.A., empresa vinculada a la familia del expresidente Sebastián Piñera.
El incidente más grave ocurrió en la madrugada del domingo, cuando Ronald González, un vecino de Valdivia de 41 años, fue brutalmente agredido por tres individuos mientras esperaba en la fila de un puesto de comida dentro del recinto. Según el testimonio de una acompañante, recogido por The Clinic, la agresión fue repentina y desencadenada por un supuesto altercado menor con otros asistentes. La gravedad de las lesiones sufridas por González es alarmante: politraumatismo, contusiones craneales y torácicas, laceración hepática, múltiples fracturas costales y nasales. Actualmente, se encuentra internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Base de Valdivia, luchando por su vida.
La Fiscalía Regional de Los Ríos ha actuado con rapidez, deteniendo a tres personas acusadas del delito de homicidio calificado frustrado. La investigación busca esclarecer las circunstancias exactas de la agresión y determinar la responsabilidad de cada uno de los implicados.
Sin embargo, la golpiza no es el único foco de controversia. La Delegación Presidencial Provincial del Ranco ha confirmado que la fiesta “Aldea Futrono” nunca recibió autorización para llevarse a cabo. El proceso administrativo para obtener los permisos necesarios estuvo plagado de observaciones técnicas por parte de diversos organismos, lo que finalmente condujo a la decisión de no otorgar la autorización. El alcalde de Futrono, Fernando Flández, corroboró esta información en una sesión del Concejo Municipal el 9 de febrero, indicando que el municipio tampoco había dado su visto bueno y que se mantenían a la espera de la resolución de la Delegación. A pesar de estas negativas, el evento se realizó de todas formas.
Vecinos del sector denunciaron que el volumen del sonido durante la fiesta superaba los límites permitidos y que, al contactar a Carabineros para reportar la situación, se les informó erróneamente que la actividad contaba con los permisos necesarios. Esta información, posteriormente desmentida por las autoridades administrativas, generó confusión y frustración entre los residentes.
La propiedad donde se celebró la fiesta está inscrita a nombre de Inmobiliaria Arenas Blancas S.A., una empresa con fuertes vínculos con la familia Piñera-Morel y el family office Odisea. Entre sus representantes legales figuran nombres de peso como Vicente Parodi Cruzat y Andrés Gazitua, este último gerente de administración y finanzas de Odisea. Nicolás Noguera, un histórico administrador de los negocios del family office, también aparece en la estructura societaria de la inmobiliaria. Noguera ya había estado involucrado en el pasado en el caso Exalmar, relacionado con la compra de acciones de la pesquera por parte de Bancard (hoy Odisea) durante el litigio entre Chile y Perú en La Haya, aunque la Fiscalía decidió no perseverar en esa investigación en 2017.
Además de estos nombres, la estructura societaria vinculada a los activos inmobiliarios incluye a Miguel Guerrero y Catalina Lamarca Délano. En febrero de 2025, la inmobiliaria presentó el proyecto “Nuevo Desarrollo inmobiliario Bahía Coique”, que contempla la construcción de 208 viviendas, una iniciativa que ha recibido observaciones ambientales.
Ante las preguntas de El Desconcierto sobre el arriendo del terreno y el conocimiento de la falta de permisos, la inmobiliaria optó por remitir las consultas a la productora organizadora del evento, Convocadora.
La productora Convocadora, que opera bajo la razón social Inversiones Convocadora RR.PP. SpA, está constituida por Florencia Silva Laso y Martín Abogabir Egaña. Abogabir también participa en sociedades como “Festival Aldea SpA”, la entidad utilizada para producir la fiesta en Bahía Coique. Su conexión con el mundo empresarial se extiende a “Inmobiliaria y Comercial Diegon Limitada”, donde figura junto a su hermano Diego Abogabir Egaña, un abogado que ha representado a empresas en litigios financieros, incluyendo el caso Factop.
El historial de Martín Abogabir incluye una querella presentada en 2021 por el entonces intendente de Valparaíso, Jorge Martínez, debido a la realización de fiestas en Zapallar durante la pandemia. Sin embargo, el Ministerio Público decidió no perseverar en esa investigación en 2022 por falta de antecedentes suficientes. También se mencionan sociedades como “Santo Diablo SpA” e “Inversiones Santo Diablo SpA”, actualmente inactivas.
Los intentos de El Desconcierto por contactar a Martín Abogabir para obtener su versión de los hechos y conocer las medidas adoptadas tras la agresión y la confirmación de la falta de permisos han sido infructuosos.
Este incidente plantea serias interrogantes sobre la fiscalización de eventos masivos, la responsabilidad de los organizadores y la influencia de intereses económicos y políticos en la aplicación de la ley. La investigación en curso deberá determinar si hubo negligencia por parte de las autoridades y si la falta de permisos contribuyó a crear un ambiente propicio para la violencia y el descontrol. La conexión con la familia Piñera añade una capa adicional de complejidad al caso, generando un debate público sobre la transparencia y la ética en la gestión de activos y la organización de eventos. La comunidad de Futrono y la opinión pública en general esperan respuestas claras y contundentes ante esta situación.
