Panamá ha alcanzado su peor registro histórico en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2025, obteniendo apenas 33 puntos sobre 100 y ubicándose en el puesto 116 de 182 países evaluados. La repetición de la calificación del año anterior no solo confirma un preocupante estancamiento, sino que también enciende las alarmas sobre el deterioro de la confianza ciudadana en las instituciones y el sistema democrático panameño. El informe, presentado por Transparencia Internacional, revela una realidad sombría que va más allá de la malversación de fondos, afectando la calidad de los servicios públicos y alimentando un creciente descontento social.
Lina Vega, presidenta de la junta directiva de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, advirtió que el problema radica en la falta de resultados tangibles y la incapacidad del Estado para garantizar una vida digna a sus ciudadanos. “El deterioro del sentir de la gente frente a la corrupción, la sensación de desilusión y de molestia con la democracia, tiene que ver con la falta de resultados y con la falta de servicios públicos eficientes”, explicó Vega durante la presentación del informe. Esta frustración, según la dirigente, está generando una “desafectación de las personas con el sistema democrático” y un peligroso aumento del apoyo a liderazgos populistas y autoritarios, una tendencia preocupante a nivel global.
Olga de Obaldía, directora ejecutiva de la misma fundación, enfatizó que el resultado de Panamá está muy por debajo del promedio de las Américas, que se sitúa en 42 puntos. “Esto indica que Panamá tiene un gran trabajo por hacer en temas de justicia, separación de poderes, instituciones de control y manejo de los recursos públicos”, afirmó. El IPC, que se basa en una metodología rigurosa que agrega 13 fuentes internacionales de alta credibilidad, incluyendo el World Justice Project, el World Economic Forum y la unidad de inteligencia de The Economist, evalúa a Panamá con siete de estas fuentes, el mínimo requerido para su inclusión en la medición.
La repetición de la calificación de 33 puntos por segundo año consecutivo es una clara señal de estancamiento en la lucha contra la corrupción. Desde 2012, el país ha oscilado apenas entre tres y cuatro puntos, con un breve repunte alrededor de 2014 seguido de una caída pronunciada en los últimos años. El informe también refleja un panorama regional poco alentador, con un promedio de 42 puntos en las Américas y un contraste marcado con Europa Occidental, que sigue siendo la región con mejores niveles de transparencia. En el extremo opuesto se encuentra el África subsahariana, con un promedio de 32 puntos.
A nivel regional, Canadá, Uruguay y Barbados lideran el ranking, mientras que Haití, Nicaragua y Venezuela se ubican en los últimos lugares. Panamá se encuentra en un grupo intermedio bajo, compartiendo puntuación con países como Ecuador y El Salvador, lo que refuerza la preocupación por el retroceso institucional. El índice mide prácticas como sobornos, malversación, enriquecimiento injustificado, nepotismo, captura del Estado por intereses privados, acceso a la información pública y la existencia de mecanismos de rendición de cuentas.
De Obaldía destacó que el problema es estructural y que Panamá presenta debilidades en áreas clave como la falta de una ley robusta de protección a denunciantes, las limitaciones en la transparencia de las declaraciones patrimoniales y los persistentes casos de nepotismo. “En la cultura panameña no siempre se ve esa conexión familiar con los cargos públicos como un problema de uso de fondos del Estado, y ahí hay un tema pendiente de fiscalización”, señaló. La raíz del problema, según la directora, es política: “Administración tras administración no ha habido la voluntad política para hacer cambios sustanciales. Apostamos más al clientelismo que a la profesionalización del servicio público, y eso se refleja en estas cifras”.
Sheyla Castillo, directora de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI), reconoció el estancamiento, pero defendió el trabajo de la institución, destacando mejoras en temas de acceso a la información, nepotismo y conflicto de intereses. La ANTAI tramita decenas de expedientes por nepotismo y ha recibido cerca de 19,600 declaraciones juradas de intereses de funcionarios públicos, con un cumplimiento del 100% por parte de los directores de instituciones del Estado y los altos mandos. Sin embargo, Castillo admitió que la publicación de estas declaraciones es un debate pendiente que depende de la decisión de la Asamblea Nacional.
La diputada Janine Prado, de la coalición Vamos, advirtió que el informe debe ser una “bandera roja” para el país y que es urgente pasar del discurso a la acción. Prado recordó que en la Asamblea hay más de 15 proyectos anticorrupción presentados por la bancada independiente que siguen engavetados, incluyendo iniciativas para transparentar los beneficiarios finales de las empresas que contratan con el Estado y una ley contra las llamadas “botellas” (transferencias de fondos públicos a cuentas privadas).
La falta de avances no es solo responsabilidad del Legislativo, según Prado, sino que requiere la voluntad de los tres órganos del Estado. “Hemos visto fallos de la Corte Suprema de Justicia que limitan la transparencia y también señales desde el Ejecutivo de que no hacen falta más leyes, pero los números demuestran lo contrario”, dijo. Como ejemplo, Prado recordó que la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional rechazó en octubre de 2025 los proyectos de ley Nos. 291 y 292, presentados por el procurador general de la Nación, Luis Carlos Manuel Gómez Rudy, con el objetivo de modernizar la lucha contra la corrupción en Panamá.
La iniciativa 291, orientada a adoptar una Ley General Anticorrupción, y la 292, que proponía modificaciones al Código Penal para endurecer sanciones a delitos contra la administración pública, no obtuvieron los votos necesarios para pasar al segundo debate, debido a la oposición de diputados oficialistas liderados por Luis Eduardo Camacho, del Partido Revolucionario Democrático y Cambio Democrático. Estos argumentaron que los proyectos no estaban listos o no eran pertinentes, mientras que sectores opositores denunciaron una oportunidad perdida para fortalecer el marco legal contra la corrupción.
El IPC 2025 deja un mensaje claro: Panamá no solo enfrenta un problema de percepción, sino un estancamiento real en sus estructuras de control y rendición de cuentas. La normalización de la corrupción y el deterioro de los servicios públicos están generando una creciente desconfianza en el sistema democrático, como advirtió Lina Vega, y amenazan con socavar los cimientos de la gobernabilidad y el desarrollo sostenible del país. La situación exige una respuesta urgente y coordinada de todos los poderes del Estado, con una voluntad política real para implementar reformas estructurales que fortalezcan la transparencia, la rendición de cuentas y la integridad en la gestión pública.
