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La persistente narrativa en el debate venezolano, que asume una caída inmediata del régimen autoritario como preludio a un restablecimiento pleno del Estado de Derecho, los Derechos Humanos y la democracia, es tan seductora como peligrosa. Si bien la aspiración es comprensible, la historia y la teoría política comparada demuestran que las transiciones reales son procesos complejos, lejos de ser idealistas o de “mesa limpia”.
La idea de una ruptura total con el antiguo régimen, sustituyendo el mal por el bien, es una ilusión. Las transiciones no son actos morales, sino procesos de poder, y el caso venezolano presenta desafíos únicos debido a la naturaleza inédita del poder criminal que controla territorio, economía, fuerzas armadas y redes internacionales ilícitas. No se trata de “hacer el Estado” por arte de magia, sino de desarrollar una fase de autoridad y reforma bajo control coercitivo que garantice orden y obediencia.
La reciente presencia de Laura Dogu en Venezuela, más que una Jefa de Misión Diplomática de EEUU, representa una figura clave en la implementación de esta estrategia pragmática, una clara demostración de *realpolitik*. La transición no comienza con el Estado de Derecho, sino que aspira a él después de un largo proceso de purga y decantación. Intentar “desmantelar” un poder criminal arraigado sin una fase de estabilización es un error estratégico que podría conducir al caos.
La crítica a la Casa Blanca, como la expresada por figuras de la oposición venezolana, que promueven una narrativa de derechos y democracia sin considerar las realidades del terreno, es contraproducente. La pregunta crucial no es si el pueblo está dispuesto a “inmolarse” por la Constitución, sino si está dispuesto a trabajar, con seguridad, por su sustento y el de sus familias. Reeditar luchas desiguales, incluso con un régimen debilitado, no genera obediencia popular. La república saneada es el objetivo, pero requiere inevitablemente una fase de síntesis y reducción.
Equiparar transición política con restauración inmediata del orden constitucional es un error conceptual. Primero deben crearse las condiciones para una relegitimación de los poderes, que podría comenzar con un proceso constituyente. Sin embargo, antes de cualquier reforma política, es esencial rehabilitar a una sociedad desmembrada, devolviendo la esperanza con acceso a servicios básicos como luz, agua, comida, trabajo y medicinas. La normalización del Estado no se decreta, se construye.
La literatura clásica sobre democratización, como la de Samuel P. Huntington, advierte que la transición no es la democracia en sí misma, sino el tránsito hacia ella, un proceso cuyo desenlace no está garantizado. Huntington fue explícito: muchas transiciones fracasan, se estancan o derivan en híbridos autoritarios. La democratización depende de correlaciones de poder, pactos entre élites y control efectivo del aparato coercitivo del Estado.
La Jefe de Misión Diplomática de EEUU en Venezuela, Laura Dogu, ha presentado una “Table d’Hôte”, una mesa servida, para establecer los límites del juego y evitar que las partes se excedan. No es un asunto ético, sino de poder, control y autoridad. Thomas Carothers, un crítico del “paradigma de transición”, argumenta que la suposición de que todos los regímenes autoritarios “transitan” hacia la democracia liberal es una ilusión normativa. La mayoría de los países quedan atrapados en zonas grises, donde coexisten instituciones formales con prácticas autoritarias heredadas.
Venezuela es un caso extremo. El desafío es lograr un cambio real desde un Estado ausente y criminal hacia uno democrático, sin caer en la ingenuidad de creer que los derechos se restauran a partir de silogismos falaces. El poder en Venezuela ha sido vaciado de moral pública y control institucional. La primera tarea, por imposible que parezca, no es una ruptura total con el régimen, sino la recuperación de la autoridad y el respeto a un orden superior.
El chavismo tardío, especialmente en su fase madurista, no es solo un régimen autoritario, sino un ecosistema de poder criminalizado que combina control militar del territorio, economías ilícitas (oro, narcotráfico, contrabando), captura del aparato judicial y redes transnacionales de evasión y financiamiento. Pretender que un sistema así se disuelve mediante una proclamación de legitimidad constitucional es confundir legalidad con poder real.
La liberación de presos políticos no está fuera de la fase de estabilización sugerida por EEUU, ni el “Table d’hôte” excluye la protección de los derechos de propiedad o la erradicación de la persecución política. La ley de Amnistía, aunque pueda contener acuerdos ocultos, es un instrumento para que la Casa Blanca exija la liberación de presos políticos, el regreso de exiliados y la participación de la oposición en el poder público. La impunidad debe evitarse, y las instituciones, los ciudadanos y las víctimas se encargarán de ello en una Venezuela reconstituida.
Max Weber definió el Estado como el monopolio legítimo de la coerción. Cuando ese monopolio es capturado por una red criminal, la legitimidad sin control es simbólica, no operativa. Existen autoridades legítimas que no controlan el Estado, y exigirles resultados institucionales plenos es condenarse al fracaso.
Las transiciones exitosas del siglo XX y XXI no fueron limpias, rápidas ni moralmente puras. La transición española posterior a 1975, a menudo idealizada, fue menos rupturista de lo que se cree. El franquismo no se desmontó de inmediato, sino que se transformó desde adentro. Las élites administrativas, militares y judiciales permanecieron en gran medida intactas durante años. El Pacto del Olvido no fue una claudicación moral, sino una decisión estratégica para evitar una recaída en la guerra civil.
En Chile, Augusto Pinochet abandonó la presidencia en 1990, pero conservó el mando del Ejército y un escaño vitalicio en el Senado. La transición chilena fue negociada, gradual e imperfecta, pero evitó el colapso económico y la violencia estructural. En Sudáfrica, Nelson Mandela entendió que la coexistencia con sectores del antiguo poder blanco era esencial para evitar la violencia. La Comisión de Verdad y Reconciliación no fue justicia plena, sino justicia posible.
La política hacia Venezuela en la era Trump marca un giro de la retórica maximalista a una gestión pragmática del conflicto. Marco Rubio comprendió que el régimen no caería por colapso interno, que las sanciones son un instrumento más y que la transición es posible imponiendo una fase inicial de estabilización y orden.
Exigir una transición perfecta es paradójicamente garantizar la no transición. La historia demuestra que los regímenes criminales no se disuelven por exhortación ética, sino por reconfiguración gradual del poder, pactos incómodos y coexistencias temporales. La justicia no desaparece, se difiere. El derecho no se abandona, se reconstruye. La transición venezolana no fracasará por falta de legitimidad, sino por exceso de purismo. La política no es un tribunal, sino una ingeniería de poder.
