Unicef y la Procuraduría General de la Nación investigan denuncias de maltrato, abuso y negligencia en el Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen, poniendo en el centro del debate la idoneidad de los albergues como sistema de protección infantil en Panamá. La situación ha generado una profunda preocupación a nivel nacional e internacional, con llamados urgentes a las autoridades para garantizar los derechos y el bienestar de los menores bajo protección estatal.
El pronunciamiento de Unicef, emitido tras la presentación de una denuncia por la diputada Alexandra Brenes, destaca la gravedad de las acusaciones y la necesidad de una respuesta inmediata y efectiva por parte del Estado panameño. El organismo internacional enfatiza que los albergues, si bien pueden ser necesarios en ciertas circunstancias, no son entornos óptimos para el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes, y aboga por el fortalecimiento de alternativas de protección basadas en la familia, como el programa de familias acogentes.
“Estamos profundamente preocupados por las denuncias que han surgido en relación con el CAI de Tocumen”, declaró un portavoz de Unicef. “Es imperativo que las autoridades investiguen a fondo estas acusaciones y tomen todas las medidas necesarias para proteger a los niños y niñas afectados. Panamá ha avanzado significativamente en la reforma de su sistema de protección infantil en los últimos años, pero aún queda mucho por hacer para garantizar que cada niño y niña que necesita protección especial reciba un cuidado seguro, estable y afectuoso”.
La denuncia de la diputada Brenes, presentada tras una inspección al albergue junto a otros miembros de la Comisión de la Mujer de la Asamblea Nacional, detalla presuntas irregularidades en el funcionamiento del CAI de Tocumen, incluyendo posibles casos de maltrato físico y psicológico, así como negligencia en la atención de los menores. La diputada ha solicitado una investigación exhaustiva para determinar las responsabilidades correspondientes y garantizar que se tomen medidas para prevenir futuros abusos.
Ante la gravedad de las acusaciones, la Procuraduría General de la Nación (PGN) anunció el inicio de diligencias investigativas en el CAI de Tocumen. Equipos del Ministerio Público, acompañados de peritos y personal forense, se desplazaron al albergue para realizar verificaciones técnicas, levantar información relevante y documentar las distintas situaciones observadas. La PGN ha subrayado su compromiso de esclarecer los hechos y garantizar la protección de los derechos de las personas en condición de vulnerabilidad, especialmente de los menores de edad.
“La investigación está en curso y se están tomando todas las medidas necesarias para determinar si se han cometido hechos punibles y, de ser el caso, establecer las responsabilidades correspondientes”, afirmó un fiscal a cargo del caso. “Nuestro principal objetivo es proteger a los niños y niñas que se encuentran en situación de riesgo y garantizar que se les brinde la atención y el cuidado que necesitan”.
Unicef ha reiterado su compromiso de seguir apoyando a Panamá en la reforma de su sistema de protección infantil, destacando la necesidad de asignar recursos suficientes a la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) para ampliar el programa de familias acogentes y garantizar la financiación y el seguimiento adecuados de todas las medidas de protección. El organismo internacional también ha instado a los órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial a actuar con celeridad, equidad y justicia, y a mantener una colaboración armónica para restaurar y preservar los derechos de la niñez y adolescencia involucrada en este caso.
La situación en el CAI de Tocumen pone de manifiesto la urgencia de fortalecer las medidas alternativas de protección infantil en Panamá, priorizando las soluciones basadas en la familia y la comunidad. El programa de familias acogentes, que ofrece a los niños y niñas un entorno familiar temporal mientras se busca una solución a largo plazo, se ha demostrado como una alternativa eficaz para proteger a los menores en situación de riesgo y promover su desarrollo integral.
Sin embargo, la ampliación de este programa requiere una inversión significativa en recursos humanos y financieros, así como una coordinación efectiva entre las diferentes instituciones involucradas en la protección infantil. Unicef ha ofrecido su apoyo técnico y financiero a Senniaf para fortalecer el programa de familias acogentes y garantizar su sostenibilidad a largo plazo.
Además, es fundamental garantizar la financiación y el seguimiento adecuados de todas las medidas de protección, desde la prevención hasta la atención y la reunificación familiar. Esto implica fortalecer los servicios de atención psicosocial, brindar apoyo a las familias en riesgo y promover la participación de la comunidad en la protección de la niñez y adolescencia.
El caso del CAI de Tocumen ha generado un debate nacional sobre la necesidad de reformar el sistema de protección infantil en Panamá y garantizar que se cumplan los derechos de todos los niños y niñas, especialmente aquellos que se encuentran en situación de vulnerabilidad. La sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales y los medios de comunicación han desempeñado un papel importante en la denuncia de las irregularidades y en la exigencia de una respuesta efectiva por parte de las autoridades.
Se espera que los resultados de la investigación de la PGN arrojen luz sobre las presuntas irregularidades en el CAI de Tocumen y permitan tomar medidas para prevenir futuros abusos. La transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales para restaurar la confianza en el sistema de protección infantil y garantizar que se protejan los derechos de todos los niños y niñas de Panamá. La comunidad internacional observa atentamente el desarrollo de este caso, esperando que las autoridades panameñas tomen las medidas necesarias para garantizar la protección y el bienestar de los menores bajo su cuidado.
