La defensa de la democracia se encuentra en una encrucijada, amenazada por una preocupante selectividad en la condena de regímenes autoritarios alrededor del mundo. Así lo advierte Felipe Vergara Maldonado, analista internacional de la Universidad Andrés Bello, en un análisis contundente sobre la necesidad de coherencia democrática y el rechazo inequívoco a cualquier forma de dictadura, independientemente de su ideología o justificación.
Vergara Maldonado critica la tendencia a minimizar o negar la naturaleza dictatorial de ciertos gobiernos, como el de Cuba, basándose en supuestos logros o en la afinidad ideológica. “Negar una dictadura no la hace desaparecer, sería bueno que el PC así lo entienda. Cambiarle el nombre, justificarla por sus supuestos logros o relativizarla según la ideología que la respalde no altera su esencia”, afirma el analista. Esta postura, según Vergara, resulta “intelectualmente deshonesta” y socava la credibilidad de quienes defienden la democracia.
El patrón de concentración del poder, represión de la disidencia y restricciones a las libertades fundamentales y los Derechos Humanos es, según el experto, un denominador común en regímenes autoritarios, tanto en el pasado como en el presente. En América Latina, Vergara señala el caso de Nicaragua, donde la deriva autoritaria se manifiesta en la persecución política, el cierre de medios de comunicación y la eliminación de la competencia electoral real. Venezuela, por su parte, ha experimentado un vaciamiento de las instituciones democráticas, la cooptación del poder judicial y la criminalización de la oposición, configurando un sistema donde la soberanía popular es meramente formal.
Incluso en contextos más debatidos, como El Salvador, el analista advierte sobre la concentración de poder, el debilitamiento de los contrapesos institucionales y el uso prolongado de estados de emergencia como señales de alerta sobre una posible deriva autoritaria, a pesar del respaldo electoral que pueda tener el gobierno.
La preocupación no se limita al continente americano. Vergara también destaca la situación en Europa, específicamente en Hungría, donde el deterioro del Estado de derecho, la captura de los medios de comunicación y la subordinación del poder judicial han dado lugar a un régimen “iliberal”, una democracia vaciada desde dentro donde las elecciones existen, pero la competencia y la libertad política están profundamente erosionadas.
El analista internacional enfatiza que la discusión no debe centrarse en si un régimen “hizo cosas buenas” o si actuó en nombre de causas populares, de la seguridad o de la justicia social. “Ese razonamiento instala una distinción peligrosa: la idea de que existen dictaduras aceptables y otras condenables. No las hay”, advierte. Según Vergara, suprimir libertades, perseguir a opositores, controlar la prensa y gobernar sin límites efectivos al poder siempre conduce al mismo resultado, independientemente del signo ideológico o del relato justificatorio.
Reconocer esta realidad, subraya el analista, no implica equiparar historias nacionales ni desconocer contextos distintos, sino más bien mantener una “coherencia democrática”. “No se puede condenar con razón las violaciones a los derechos humanos cometidas por una dictadura y, al mismo tiempo, minimizar o negar las que ocurren bajo otra porque resulta políticamente incómoda”, argumenta. La defensa de la democracia, en su opinión, pierde toda credibilidad cuando se vuelve selectiva.
Vergara Maldonado concluye que decir las cosas por su nombre no es un gesto provocador ni ideológico, sino un “mínimo ético”. Si realmente se cree que la democracia y los derechos humanos no son negociables, entonces se deben afirmar sin matices convenientes. “No hay dictaduras buenas o malas: hay dictaduras. Y todas deben ser reconocidas y rechazadas como tales”, sentencia el analista de la Universidad Andrés Bello.
La advertencia de Vergara Maldonado llega en un momento crucial, en el que la polarización política y la proliferación de narrativas alternativas amenazan con erosionar los principios fundamentales de la democracia y los derechos humanos. Su llamado a la coherencia y al rechazo inequívoco de cualquier forma de autoritarismo representa un importante recordatorio de la necesidad de defender los valores democráticos con firmeza y sin concesiones. La credibilidad de la defensa de la democracia depende, en última instancia, de la capacidad de condenar las violaciones a los derechos humanos en todas partes, sin importar la ideología o los intereses políticos en juego. La complacencia o la justificación de regímenes autoritarios, por muy sutiles que sean, solo sirven para fortalecerlos y debilitar la lucha por un mundo más justo y libre. La comunidad internacional, y cada ciudadano comprometido con la democracia, tiene la responsabilidad de estar alerta ante estas amenazas y de defender los principios fundamentales que sustentan una sociedad libre y justa. El silencio o la indiferencia ante la opresión solo contribuyen a perpetuarla.
