La Ceiba, Atlántida – Las 298 municipalidades de Honduras aguardan con creciente expectativa una revisión del Presupuesto General de la República para 2026, con la esperanza de que el gobierno del presidente Nasry Asfura finalmente cumpla con la Ley de Municipalidades, que desde 2015 ordena la transferencia anual del 11% del presupuesto nacional a los gobiernos locales. Esta deuda histórica, acumulada a lo largo de varias administraciones, amenaza la capacidad de los municipios para proveer servicios esenciales y ejecutar proyectos de desarrollo.
La Mancomunidad de Municipios del Centro de Atlántida (Mamuca), pionera en la integración intermunicipal desde 1998, ha sido una de las voces más firmes en la reclamación de estos fondos. Constituida por los municipios de El Porvenir, Esparta, La Másica, San Francisco y Arizona, Mamuca sirve como unidad técnica intermunicipal, brindando capacitación y apoyo en la gestión de proyectos a los gobiernos locales de la región. Su director ejecutivo, Mario Pavón, enfatiza que la continuidad de los programas en curso depende directamente de la disponibilidad presupuestaria.
“Hoy por hoy, lo primero es esperar la aprobación del Presupuesto Nacional, porque eso podrá definir si hay un incremento o no de las transferencias que se hacen por ley y eso determina mucho el tema de proyectos”, explicó Pavón. La situación es crítica, ya que, según sus datos, hasta el 2025 ninguna administración anterior cumplió con el 11% estipulado en la Ley de Municipalidades. El gobierno anterior, de hecho, solo entregó el 7%, dejando un déficit significativo que impacta negativamente la capacidad de los municipios para responder a las necesidades de sus ciudadanos.
La expectativa se centra en la figura del presidente Asfura, quien, como ex-regidor y alcalde del Distrito Central, conoce de primera mano los desafíos que enfrentan los gobiernos locales. Durante su campaña presidencial, Asfura prometió fortalecer el municipalismo, apostando por la descentralización y la transparencia como pilares de su gestión. “Trabajaremos con los alcaldes y le apostaremos a la descentralización, sin distingos de colores políticos”, repetía constantemente en sus mítines.
Analistas políticos recuerdan que Asfura ha manifestado su creencia en el municipalismo como un motor clave para el desarrollo social y económico del país. Esta postura alimenta la esperanza de que su gobierno priorice el cumplimiento de la Ley de Municipalidades y destine los fondos necesarios para fortalecer las capacidades de los gobiernos locales.
La Asociación de Municipios de Honduras (AMHON) agrupa a las 46 mancomunidades que existen en el país, facilitando la colaboración y el intercambio de experiencias entre los gobiernos locales. Estas mancomunidades desempeñan un papel crucial en la gestión de proyectos intermunicipales y en la búsqueda de soluciones conjuntas a problemas comunes.
El ministro de Finanzas, Emilio Hernández Hércules, ha confirmado que se están realizando ajustes al Presupuesto General de la República para 2026, los cuales serán presentados al presidente Asfura en Consejo de Ministros antes de ser enviados al Congreso Nacional para su aprobación. Este proceso representa una oportunidad crucial para que se considere el cumplimiento de la Ley de Municipalidades y se asignen los fondos necesarios para fortalecer el régimen municipal.
El gobierno entrante ha realizado algunos desembolsos pendientes a alcaldías del Litoral Atlántico, afectadas por las recientes lluvias y frentes fríos. Si bien esta medida representa un alivio inmediato, no aborda el problema estructural de la falta de transferencias ordenadas por la ley.
La Ley de Municipalidades establece un mecanismo de distribución de los fondos del 11% que busca garantizar una asignación equitativa y justa a las municipalidades. El 50% de las transferencias se distribuye en partes iguales entre los 298 municipios, mientras que el 20% se calcula en función de la población proyectada, según los datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE). El 30% restante se basa en el índice de pobreza de cada municipio, utilizando el método de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI).
La implementación efectiva de este mecanismo de distribución requiere de una planificación cuidadosa y de una coordinación estrecha entre el gobierno central y los gobiernos locales. La falta de transparencia y de rendición de cuentas en la gestión de los fondos públicos ha sido una de las principales críticas al régimen municipal en Honduras.
Mario Pavón, de Mamuca, se muestra cautelosamente optimista. “Esperamos darle continuidad a varios procesos, pero todo dependerá del presupuesto que dispongamos en el año 2026. El actual presidente ha manifestado que cree mucho en el municipalismo y ojalá que podamos tener buenas noticias de parte del gobierno central”.
La resolución de este conflicto presupuestario no solo es crucial para el funcionamiento de los gobiernos locales, sino también para el fortalecimiento de la democracia y la gobernabilidad en Honduras. El cumplimiento de la Ley de Municipalidades permitiría a los municipios asumir mayores responsabilidades en la prestación de servicios públicos, la promoción del desarrollo económico y la mejora de la calidad de vida de sus ciudadanos. La atención del país, y especialmente de sus alcaldes, está puesta en las decisiones que tomará el gobierno de Nasry Asfura en las próximas semanas. El futuro del municipalismo hondureño está en juego.
