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Cajamarca, Perú – La indignación crece en el país tras revelarse un caso estremecedor en el distrito de La Encañada, Cajamarca, que expone la alarmante normalización de la violencia sexual y la falta de protección estatal hacia las niñas y adolescentes peruanas. Una joven de 16 años denunció haber sido abusada por su padrastro durante cinco años, desde los 11, sin que las autoridades competentes – policía, centros de salud, personal de primera línea – iniciaran una investigación o dispusieran medidas de protección. A esto se suma el silencio ante su embarazo, y el hecho de ser ya madre de tres hijos de su agresor.
La denuncia, que salió a la luz gracias a la intervención de la justicia comunitaria, ha desatado una ola de críticas y cuestionamientos sobre la efectividad del sistema de protección y la arraigada cultura machista que permea la sociedad peruana. La gestora cultural y miembro del Consejo Directivo de la Asociación Civil Transparencia, residente en Cajamarca, quien prefiere mantener su anonimato por motivos de seguridad, advierte que este caso no es aislado, sino la punta del iceberg de una crisis estructural.
“Tenemos que ser una sociedad extremadamente y perversamente machista para que las familias encubran a los violadores de sus propias hijas, nietas, sobrinas, hermanas”, afirma la especialista, quien ha dedicado más de una década a trabajar en proyectos sociales y culturales en el sector público y privado. “Debemos tener instituciones tan precarias para que una víctima pierda la confianza en las instancias ordinarias de atención y acuda a la justicia comunitaria para que su caso sea visible y denunciado”.
La gravedad de la situación se evidencia en las estadísticas. Entre 2017 y 2022, se reportaron un promedio de 34 casos diarios de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes en el Perú, sumando un total de 74,413 casos. Según datos de UNICEF, el 92% de las víctimas son niñas y adolescentes mujeres. Estas cifras, lejos de ser meros números, representan vidas truncadas, sueños rotos y un futuro incierto para miles de jóvenes peruanas.
La gestora cultural subraya que la violencia sexual en el Perú no es un problema aislado, sino estructural. Se intersecta con factores como la pobreza, el analfabetismo, la migración, la etnia, la dependencia económica y la procedencia geográfica, creando un círculo vicioso de vulnerabilidad y exclusión. Además, es institucional, debido a las fallas en el sistema de atención, la falta de medidas de protección oportunas y el tratamiento inadecuado a las víctimas.
“La mayoría de estos casos se da en el seno familiar”, explica. “Los agresores son los padres, padrastros, abuelos, tíos, primos, hermanos. Esto demuestra que la violencia no es un problema externo, sino interno, arraigado en las dinámicas familiares y sociales”.
La especialista también denuncia los retrocesos en materia de derechos humanos, especialmente la aprobación o eliminación de leyes que vulneran el derecho de niñas, niños y adolescentes a acceder a una educación sexual integral. “Este país no protege a sus niñas. Las quiere siendo madres. Las quiere revictimizadas. Las quiere desprotegidas. Las quiere calladas. Las quiere desinformadas”, lamenta.
La falta de educación sexual integral deja a las niñas y adolescentes vulnerables a la manipulación, el abuso y el embarazo precoz. Les impide conocer sus derechos, identificar situaciones de riesgo y buscar ayuda. Además, perpetúa estereotipos de género y roles tradicionales que refuerzan la desigualdad y la violencia.
El caso de Cajamarca ha generado un debate nacional sobre la necesidad de fortalecer el sistema de protección a las víctimas de violencia sexual, mejorar la coordinación entre las instituciones competentes y promover una cultura de respeto y tolerancia. Se exige una respuesta contundente por parte de las autoridades, que incluya la investigación y sanción de los responsables, la atención integral a la víctima y la implementación de medidas preventivas para evitar que casos similares se repitan.
Organizaciones de la sociedad civil y defensores de los derechos humanos han instado al Congreso a reconsiderar las leyes que atentan contra los derechos de las niñas y adolescentes, y a aprobar una legislación integral que garantice su protección y desarrollo. Asimismo, han llamado a la población a denunciar cualquier caso de violencia sexual y a romper el silencio que permite que estos crímenes queden impunes.
La gestora cultural enfatiza la importancia de la participación ciudadana y el empoderamiento de las mujeres y niñas. “Debemos construir una sociedad donde las niñas y adolescentes se sientan seguras, valoradas y respetadas”, afirma. “Una sociedad donde la violencia sexual no sea tolerada ni normalizada, sino combatida con firmeza y determinación”.
El caso de Cajamarca es un llamado de atención urgente. Es hora de que el Perú deje de ser un país donde las niñas son víctimas de la violencia y la impunidad, y se convierta en un lugar donde todas las niñas y adolescentes puedan crecer y desarrollarse en un entorno seguro, justo y equitativo. La responsabilidad es de todos: autoridades, familias, instituciones y ciudadanos. El silencio ya no es una opción.
