Santo Domingo, República Dominicana – Un tribunal de la provincia Hermanas Mirabal dictó este martes tres meses de prisión preventiva contra Jeilyn García Burgos, conocido como “El Pare”, como medida de coerción por el asesinato a puñaladas del comerciante Orgidio Antonio Núñez Mata, ocurrido en el distrito municipal Blanco Arriba, municipio Tenares. La decisión fue tomada a solicitud del Ministerio Público, que presentó un sólido caso basado en pruebas materiales, testimoniales y audiovisuales.
García Burgos deberá cumplir la medida en el Centro de Privación de Libertad Juana Núñez, en la provincia Salcedo, mientras se continúa la investigación y se prepara el juicio en su contra. El Ministerio Público lo imputa por violación a los artículos 265, 266, 295, 304, 379 y 385 del Código Penal Dominicano, así como a los artículos 83 y 86 de la Ley 631-16 sobre Armas, Municiones y Materiales Relacionados.
El horrendo crimen tuvo lugar alrededor de las 9:00 de la mañana del 17 de enero de 2026, cuando residentes de Blanco Arriba descubrieron el cuerpo sin vida de Núñez Mata en el piso de una habitación con acceso al colmado de su propiedad. La víctima presentaba múltiples heridas de arma blanca en el tórax y un trauma craneal que le ocasionaron la muerte de manera inmediata.
La investigación, liderada por el fiscal José Orlando Liriano, reveló que García Burgos llegó al colmado cerca de las 2:10 de la madrugada a bordo de una motocicleta, acompañado de un adolescente identificado con las iniciales L. M. Las cámaras de seguridad captaron el momento en que ambos ingresaron al establecimiento y, horas más tarde, lo abandonaron cargando una mochila.
El arma utilizada para cometer el crimen fue un punzón de aproximadamente 12 pulgadas, encontrado en la escena junto a una empuñadura de tela blanca ensangrentada. Las autoridades determinaron que el móvil del asesinato podría estar relacionado con un robo, aunque no descartan otras hipótesis.
Tras el hecho, García Burgos y el adolescente intentaron ocultarse en la vivienda de un conocido en la comunidad Villa Progreso, Veragua, municipio Gaspar Hernández, provincia Espaillat. Allí, confesaron haber cometido el homicidio y entregaron una botella de whisky y un teléfono celular que habían sustraído del colmado. Sin embargo, la madre del joven, al enterarse de lo sucedido, se negó a permitirles permanecer en su residencia.
En su desesperado intento por evadir a las autoridades, los imputados huyeron en una motocicleta que habían robado a otro conocido. Afortunadamente, el propietario del vehículo, al percatarse del uso indebido de su motocicleta, la entregó voluntariamente a la Policía Nacional.
El rastreo de las cámaras de seguridad permitió a los investigadores trazar la ruta de escape de los delincuentes y ubicar el teléfono celular de la víctima, una pieza clave para vincular a García Burgos y al adolescente con el crimen. La información obtenida del dispositivo móvil corroboró la participación de ambos en el asesinato y proporcionó detalles cruciales sobre la planificación y ejecución del ataque.
Durante la audiencia, el fiscal Liriano presentó un dossier completo con las pruebas recolectadas, incluyendo las imágenes de las cámaras de seguridad, los testimonios de los testigos y los informes forenses. La contundencia de las pruebas convenció al tribunal de dictar la prisión preventiva contra García Burgos.
En cuanto al adolescente involucrado, el caso fue declinado al Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes, debido a su minoría de edad. Su audiencia ha sido fijada para el 3 de febrero de 2026, donde se determinará su responsabilidad penal y las medidas socioeducativas que se le aplicarán.
Los imputados fueron arrestados el 22 de enero de 2026, en virtud de la orden judicial RAJ-2026-00035. La rápida actuación de las autoridades, gracias a la colaboración ciudadana y el uso de la tecnología, permitió capturar a los responsables del crimen y llevarlos ante la justicia.
Este caso ha conmocionado a la comunidad de Tenares, donde Orgidio Antonio Núñez Mata era un comerciante conocido y respetado. Sus familiares y amigos exigen que se haga justicia y que los responsables del crimen reciban un castigo ejemplar.
Las autoridades han reforzado la seguridad en la zona para prevenir nuevos incidentes y garantizar la tranquilidad de los residentes. Se ha intensificado el patrullaje policial y se han implementado medidas de control en los establecimientos comerciales.
El Ministerio Público ha reiterado su compromiso de combatir la delincuencia y garantizar la seguridad ciudadana en todo el país. Se ha dispuesto una investigación exhaustiva para determinar si García Burgos y el adolescente están involucrados en otros delitos.
Este caso sirve como un recordatorio de la importancia de la colaboración ciudadana y el uso de la tecnología en la lucha contra el crimen. La rápida respuesta de las autoridades y la contundencia de las pruebas han sido fundamentales para llevar a los responsables ante la justicia. Se espera que este hecho sirva como un precedente para disuadir a otros delincuentes y proteger a la sociedad dominicana. La comunidad espera ansiosamente el desarrollo del juicio y la aplicación de la ley en este caso de brutal asesinato.
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