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SANTO DOMINGO.- La investigación sobre el presunto desfalco al Seguro Nacional de Salud (Senasa) ha dado un giro inesperado este martes, con la solicitud de prisión preventiva para los imputados que actualmente cumplen arresto domiciliario. El abogado Miguel Surun Hernández, representando a la Convergencia Nacional contra el Robo de la Seguridad Social y a la Fundación Primero Justicia, presentó un recurso ante la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, exigiendo que Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo sean enviados a la cárcel.
Esta solicitud se produce en un momento crítico de la investigación, donde la magnitud real del fraude está siendo cuestionada. Mientras el Ministerio Público estima el desfalco en 15 mil millones de pesos, Surun Hernández argumenta, basándose en una investigación de dos años realizada por la Convergencia Nacional contra el Robo de la Seguridad Social, que la cifra real asciende a alarmantes 43 mil millones de pesos. Esta discrepancia en las cifras plantea serias dudas sobre la profundidad y el alcance de la investigación oficial.
“Mientras el Ministerio Público habla de 15 mil millones, nuestros cálculos, basados en dos años de investigación, sitúan el fraude real en 43 mil millones de pesos, dinero de la salud de los pobres. Esto no es un simple evento administrativo; es un atentado contra el sistema de seguridad social. No puede haber indulgencia”, declaró el abogado Surun Hernández con firmeza.
La gravedad de la situación, según el jurista, trasciende lo meramente económico. Se trata de un desvío de fondos destinados a la atención médica de los más vulnerables: envejecientes, niños y personas de escasos recursos. Surun Hernández no dudó en señalar las consecuencias directas de este presunto fraude, afirmando que “hablamos de cientos de personas que hoy están bajo tierra porque no recibieron tratamientos que estaban presupuestados y debieron ser cubiertos por Senasa. Si esos recursos no hubieran sido desviados, muchas de esas vidas se habrían salvado”.
La Convergencia Nacional contra el Robo de la Seguridad Social y la Fundación Primero Justicia se han constituido como víctimas querellantes en el proceso, amparándose en la normativa procesal vigente. Su objetivo principal es garantizar que la investigación abarque la verdadera magnitud del presunto entramado de corrupción y que se haga justicia con las víctimas.
El abogado Surun Hernández también expresó su rechazo absoluto a cualquier tipo de acuerdo o conciliación que pudiera beneficiar a los imputados. Considera que la gravedad del fraude no permite ninguna concesión y que los responsables deben responder ante la justicia por sus acciones.
Paralelamente a la solicitud de prisión preventiva para Read Estrella, Acosta Sención y Pineda Perdomo, la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional también conocerá otro recurso presentado por los imputados que actualmente se encuentran detenidos en Las Parras. Estos buscan obtener su libertad. Entre los detenidos se encuentran figuras clave como Santiago Marcelo Hazim Albany, exdirector de Senasa; Rafael Luis Martínez Hazim; Gustavo Enrique Messina Cruz; Germán Rafael Robles Quiñones; Francisco Iván Minaya Pérez; Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera.
La audiencia de este martes se presenta como un punto de inflexión en la investigación del caso Senasa. La decisión de la Corte de Apelación sobre los recursos presentados tendrá un impacto significativo en el curso del proceso y en la búsqueda de la verdad sobre el presunto desfalco.
La controversia sobre el monto real del fraude, la solicitud de prisión preventiva para los imputados en arresto domiciliario y la defensa de los detenidos en Las Parras, convierten este caso en uno de los más importantes y complejos de la historia reciente de la República Dominicana. La ciudadanía espera con ansias que se esclarezcan los hechos y que se castigue a los responsables, garantizando así la protección del sistema de seguridad social y el derecho a la salud de todos los dominicanos.
La investigación continúa en curso, y se espera que en los próximos días se revelen nuevos detalles sobre este presunto entramado de corrupción que ha conmocionado al país. La transparencia y la imparcialidad en el proceso serán fundamentales para garantizar la confianza de la ciudadanía en la justicia y en las instituciones del Estado. El caso Senasa se ha convertido en un símbolo de la lucha contra la corrupción y la impunidad en la República Dominicana, y su resolución será un paso importante para fortalecer el estado de derecho y proteger los recursos públicos.
