Madrid, España – Miles de mujeres, en su mayoría migrantes, sostienen el entramado doméstico de la capital española, a menudo a costa de sus propios derechos y bienestar. Un reportaje especial revela las persistentes dificultades que enfrentan las empleadas del hogar, desde la explotación laboral hasta la falta de protección legal, a pesar de los avances recientes en materia de legislación.
Fabiola Estrada, Sara Alvarado y Sara Lita, tres mujeres ecuatorianas que comparten sus experiencias a través del colectivo Territorio Doméstico, son el rostro visible de una realidad silenciada. Fabiola, quien llegó a Madrid en 1998 huyendo de la crisis económica en Ecuador, relata una experiencia inicial marcada por el abuso y la desprotección. Despojada de su pasaporte, obligada a trabajar sin descanso ni remuneración, y aislada del mundo exterior, su historia es un testimonio de las prácticas explotadoras que aún persisten en el sector. “Decidí que aunque me quedara en la calle y aunque no me paguen tenía que irme”, afirma Fabiola, recordando su decisión de abandonar un empleo en condiciones inhumanas.
Sara Alvarado, también llegada en 1998, comparte una experiencia similar. Atraída por la promesa de estudiar y trabajar, se encontró con una realidad donde la prioridad era pagar la deuda del viaje y la formación quedó relegada a un segundo plano. Como muchas otras, se vio atrapada en el régimen de interna, donde la disponibilidad total y las jornadas interminables son la norma. “Yo sí lo veo como una esclavitud”, sentencia Sara, evocando recuerdos de largas noches limpiando terrazas hasta altas horas de la madrugada.
El trabajo interno, en particular, se caracteriza por la falta de límites entre la vida laboral y personal. La disponibilidad constante, la normalización de jornadas extenuantes y la persistencia de prácticas arcaicas como el uso de campanillas para llamar a las empleadas son síntomas de una cultura de abuso que se resiste a desaparecer.
A pesar de los esfuerzos de organizaciones como Territorio Doméstico, que han logrado importantes conquistas como la inclusión en el régimen general, el derecho al paro y la prevención laboral, las mujeres recién llegadas siguen siendo especialmente vulnerables. La falta de conocimiento de sus derechos, la barrera del idioma y la irregularidad administrativa las convierten en presas fáciles de la explotación.
Según datos del Ministerio de Trabajo, casi el 70% de las más de 348.000 mujeres afiliadas al empleo de hogar y cuidados en España son de origen extranjero o tienen doble nacionalidad. Además, el colectivo está envejecido, con un 80% de mujeres mayores de 40 años. Se estima que cerca de 38.000 trabajan como internas, aunque la cifra real podría ser mayor debido al alto número de migrantes sin papeles que desempeñan este tipo de trabajo.
El salario medio en el sector ronda los 1.014 euros mensuales, una cifra que se queda lejos del mínimo deseado establecido por la ley: 1.221 euros brutos mensuales en 14 pagas o 1.424,50 euros en 12 pagas, hasta alcanzar 17.094 euros brutos anuales. Esta brecha salarial, combinada con la falta de protección social y la precariedad laboral, perpetúa la vulnerabilidad de las empleadas del hogar.
Sara Lita, quien llegó a Madrid en 2020, representa una nueva etapa migratoria. A diferencia de Fabiola y Sara, trabaja por horas en varias casas y se beneficia de una legislación más favorable en cuanto a derechos laborales. Sin embargo, su situación sigue siendo precaria. En situación irregular y a la espera de una respuesta a su solicitud de arraigo sociolaboral desde junio de 2023, se enfrenta a la incertidumbre y a la posibilidad de ser explotada. “Te pueden pagar 6 euros la hora también. Y te toca aceptar si quieres”, confiesa Sara, revelando la presión a la que se ven sometidas muchas trabajadoras para aceptar condiciones laborales desfavorables.
La situación de Sara Lita no es un caso aislado. Existen denuncias de empleadas domésticas que son obligadas a realizar tareas domésticas y de cuidado en condiciones abusivas, incluso en obras de construcción, sin recibir la remuneración adecuada.
El año pasado, se produjo un avance significativo en materia de prevención de riesgos laborales en el sector del empleo doméstico. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, presentó la Herramienta de Prevención para el Empleo en el Hogar, elaborada por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Esta herramienta gratuita y de acceso libre a través del portal Prevencion10.es, permite a los empleadores cumplir con sus nuevas obligaciones legales en materia de evaluación de riesgos y medidas preventivas.
“Hoy venimos a cumplir con una promesa de país. Una promesa hecha a las trabajadoras del hogar, que durante demasiado tiempo fueron invisibles en las estadísticas, en las leyes y en las prioridades políticas”, afirmó Díaz durante la presentación de la herramienta.
Sin embargo, como señalan las mujeres de Territorio Doméstico, la ley por sí sola no es suficiente. La aplicación efectiva de los derechos laborales requiere de una mayor concienciación, una fiscalización más rigurosa y un cambio cultural que ponga fin a la normalización del abuso. La pregunta de quién cuida a la que cuida sigue sin respuesta, y la lucha por la dignidad y el respeto de las empleadas domésticas migrantes continúa. La herramienta de prevención es un paso adelante, pero la verdadera transformación requiere un compromiso colectivo para garantizar que todas las trabajadoras del hogar puedan vivir con seguridad, justicia y dignidad.
