La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios ha abierto una investigación que sacude al Instituto Peruano del Deporte (IPD) tras revelaciones sobre el presunto uso indebido de palcos oficiales durante el concierto de Bad Bunny en el Estadio Nacional el pasado 16 de enero. La investigación se centra en el presidente del IPD, Sergio Ludueña, y en la experiodista deportiva Milena Merino Torrejón, acusada de peculado de uso.
El detonante de la investigación fue un informe publicado por el portal de investigación El Foco, que expuso la falta de transparencia en los protocolos de acceso a los palcos oficiales del Estadio Nacional, un espacio reservado para autoridades y personal VIP. La información revelada sugiere que personas allegadas a funcionarios del IPD accedieron a estos espacios durante el concierto del artista puertorriqueño sin una justificación formal, lo que ha generado una ola de cuestionamientos sobre la gestión de Ludueña.
La Fiscalía ha solicitado al IPD una serie de documentos cruciales para esclarecer lo sucedido. Entre ellos, se encuentran los registros de acceso al palco, los contratos de uso, las grabaciones de las cámaras de videovigilancia, la relación del personal de seguridad presente durante el evento y la identificación del funcionario responsable de la administración de los palcos en esa fecha. El objetivo principal es determinar quién autorizó el ingreso al palco del IPD y bajo qué condiciones se produjo, así como verificar si existieron irregularidades en el control y uso de estos ambientes durante el concierto.
Paralelamente, la Fiscalía ha abierto una investigación específica contra Milena Merino Torrejón, quien, según el informe de El Foco, asistió al concierto acompañada de dos amigas desde uno de los palcos oficiales asignados al IPD. Hasta el momento, ni el IPD ni Merino Torrejón han emitido comunicados oficiales o descargos públicos sobre este asunto, lo que ha alimentado aún más las especulaciones y la controversia.
La investigación fiscal se extiende también a la contratación de Merino Torrejón por parte del IPD. Según la documentación revisada, la experiodista deportiva no figura como trabajadora permanente del instituto, pero recibió una orden de servicio por 24 mil soles para realizar labores de comunicación institucional durante un periodo de 40 días. Esta contratación se produjo pocos días después de que Sergio Ludueña asumiera la presidencia del IPD, lo que ha levantado sospechas sobre un posible favoritismo.
El expediente que sustenta el pago a Merino Torrejón consta de siete páginas, en su mayoría fotografías, y atribuye a su labor un incremento del 42% en la visibilidad institucional y un aumento del 45% en el alcance mediático de los Juegos Bolivarianos Ayacucho–Lima 2025. Sin embargo, estas cifras no han sido validadas oficialmente por el IPD, lo que pone en duda la veracidad de los resultados presentados.
Durante una inspección en la VIDENA junto a representantes de Panam Sports, el presidente del IPD, Sergio Ludueña, se limitó a señalar que el instituto está recopilando la información solicitada por la Fiscalía y que será entregada dentro de los plazos establecidos. Esta declaración, aunque formal, no ha logrado disipar las dudas sobre la gestión de los palcos oficiales y la contratación de Merino Torrejón.
Este caso no es aislado. La gestión de Ludueña al frente del IPD ya había sido objeto de cuestionamientos periodísticos previos, los cuales tampoco han recibido una respuesta oficial por parte del instituto. La investigación fiscal actual, por lo tanto, se suma a una serie de interrogantes sobre la transparencia y la eficiencia en la administración de los recursos públicos en el IPD.
La investigación se centra en determinar si el acceso a los palcos oficiales durante el concierto de Bad Bunny constituyó un delito de peculado de uso, es decir, si se utilizó un bien del Estado para fines particulares sin la debida autorización. Si se comprueba esta acusación, tanto Ludueña como Merino Torrejón podrían enfrentar sanciones penales y administrativas.
El caso ha generado una fuerte reacción en las redes sociales, donde usuarios han expresado su indignación por el presunto uso indebido de los palcos oficiales y han exigido una investigación exhaustiva para esclarecer los hechos y sancionar a los responsables. La transparencia en la gestión de los recursos públicos es un tema sensible en el Perú, y este caso ha reavivado el debate sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y fiscalización.
La Fiscalía continuará con las diligencias investigativas, incluyendo la toma de declaraciones a testigos y la revisión de documentos, con el objetivo de determinar si existió un delito contra la administración pública. El resultado de la investigación podría tener importantes implicaciones para el futuro de Sergio Ludueña como presidente del IPD y para la imagen del instituto en su conjunto.
La Redacción Trome seguirá de cerca este caso y mantendrá informados a sus lectores sobre los avances de la investigación y las posibles consecuencias para los implicados. La verdad y la transparencia son pilares fundamentales de nuestro trabajo periodístico, y nos comprometemos a seguir informando con rigor y objetividad sobre los temas que afectan a la sociedad peruana.
