Santiago, Chile – La creciente longevidad de la población chilena plantea un desafío que va más allá de la simple gestión administrativa o la promulgación de leyes, según expertos y analistas. El envejecimiento demográfico, lejos de ser un problema a contener, debe ser comprendido como un avance civilizatorio que exige una profunda revisión de los valores sociales, las nociones de productividad y el concepto mismo de éxito en el país.
Durante años, la idea de “gestionar el envejecimiento” ha permeado el discurso político y técnico en Chile. Esta perspectiva, aunque aparentemente eficiente y moderna, ha sido criticada por reducir un proceso vital y complejo a una cuestión de administración de recursos y contención de riesgos. La preocupación se centra en aspectos como pensiones, salud, dependencia y cuidados, elementos cruciales sin duda, pero que, según los críticos, son insuficientes para abordar la verdadera magnitud del cambio demográfico.
“Cuando nos limitamos a gestionar el envejecimiento, evitamos la pregunta fundamental: ¿Qué lugar le damos a la vejez en nuestro proyecto de país?”, plantea la Dra. Sofía Ramírez, gerontóloga y académica de la Universidad de Chile. “Una sociedad que solo gestiona su envejecimiento es una sociedad que no reconoce el valor intrínseco de la experiencia, el conocimiento acumulado y el potencial social de las personas mayores.”
El problema, según Ramírez y otros expertos, radica en el arraigado edadismo presente en la cultura chilena. Este edadismo, una forma de discriminación basada en la edad, se manifiesta en actitudes y creencias que infravaloran a las personas mayores y las excluyen de la vida social, económica y política. Frases comunes como “ya no estoy para eso”, “mejor dar un paso al costado” o “a esta edad no corresponde” revelan una mentalidad que limita las oportunidades y la participación de los adultos mayores.
Este sesgo cultural no solo afecta a las personas mayores individualmente, sino que también condiciona el diseño de las políticas públicas. Incluso con la mejor de las intenciones, las políticas que parten de una visión negativa o limitada de la vejez tienden a ser reactivas y paliativas, en lugar de proactivas y transformadoras.
La reciente aprobación de la Ley Integral de las Personas Mayores y de Promoción del Envejecimiento Digno, Activo y Saludable representa un avance significativo en este sentido. Por primera vez, Chile cuenta con un marco legal que establece derechos y principios para garantizar una vida digna y plena para las personas mayores. La ley busca ordenar una política históricamente fragmentada y promover el envejecimiento activo y saludable.
Sin embargo, los expertos advierten que la ley es solo un primer paso. “Es un marco necesario, pero no suficiente”, afirma el abogado especialista en derechos de las personas mayores, Juan Pérez. “La ley necesita financiamiento adecuado y una correcta articulación institucional para ser efectiva. Pero, incluso en el mejor de los escenarios, no resolverá el problema de fondo si no logramos cambiar la forma en que pensamos la vejez.”
El desafío, según Pérez, es atreverse a resignificar el envejecimiento, a entenderlo como un logro civilizatorio que enriquece a la sociedad en su conjunto. Esto implica reconocer el valor de la experiencia y el conocimiento acumulado por las personas mayores, promover su participación activa en la vida social y política, y crear entornos que sean inclusivos y accesibles para todas las edades.
Para lograr esta transformación, se requiere un enfoque integral que aborde las necesidades de las personas mayores en todas las etapas de la vida. Esto incluye políticas que garanticen pensiones dignas, acceso a servicios de salud de calidad, cuidados a largo plazo para quienes los necesiten, y oportunidades de participación social y laboral.
Pero también implica ir más allá de las medidas paliativas y abordar las causas estructurales del edadismo. Esto requiere una educación que promueva una visión positiva de la vejez, campañas de sensibilización que desafíen los estereotipos negativos, y políticas que fomenten la inclusión y la participación de las personas mayores en todos los ámbitos de la vida.
La creación de ciudades amigables con las personas mayores es otro aspecto fundamental. Esto implica diseñar espacios públicos accesibles, promover el transporte público seguro y eficiente, y ofrecer servicios y actividades que satisfagan las necesidades de las personas mayores.
Asimismo, es necesario repensar el mercado laboral para que no excluya a los trabajadores mayores. Esto implica promover la formación continua, ofrecer oportunidades de trabajo flexible, y combatir la discriminación por edad.
En última instancia, el desafío que plantea el envejecimiento demográfico no es solo un problema técnico o administrativo, sino un desafío cultural y ético. Requiere una transformación profunda de la forma en que pensamos la vejez y su lugar en la sociedad.
“Un país que envejece aceleradamente no puede conformarse con administrar el daño”, concluye la Dra. Ramírez. “Necesita políticas que cuiden cuando la autonomía se pierde, pero también que prevengan la exclusión, la soledad y la pérdida de sentido mucho antes. Necesita una sociedad que se permita ser transformada por la experiencia y la sabiduría de sus mayores.” La pregunta clave, según Ramírez, no es cómo administrar una sociedad que envejece, sino si estamos dispuestos a dejarnos transformar por ella.
