El anuncio del presidente Gustavo Petro de fijar un incremento del 23% en el salario mínimo para 2026 ha desatado un intenso debate en el sector de la propiedad horizontal del país. La decisión ha generado inquietud entre propietarios y residentes de conjuntos residenciales y edificios, quienes temen que este aumento se traslade directamente a las cuotas de administración, uno de los gastos fijos más relevantes para los hogares que habitan bajo este régimen.
La preocupación se origina en la estructura de costos que enfrentan las copropiedades. Servicios esenciales como la vigilancia privada, el aseo, el mantenimiento de zonas comunes y la administración suelen estar amparados por contratos que, en muchos casos, se ajustan de acuerdo con el salario mínimo legal vigente. Bajo esta lógica, algunas administraciones han planteado que el alza del 23% debe reflejarse de forma proporcional en el valor que pagan mensualmente los residentes para cubrir dichos compromisos.
De hecho, en varios conjuntos residenciales ya se han comunicado incrementos que toman como base ese mismo porcentaje, lo que ha despertado inconformidad entre propietarios que consideran que el impacto no debería trasladarse de manera automática. Este escenario ha puesto sobre la mesa la discusión acerca de los criterios que deben aplicarse para actualizar las cuotas de administración y el margen de maniobra que tienen las asambleas de copropietarios para adoptar decisiones equilibradas.
En contraste, otras copropiedades han optado por un enfoque distinto y han tomado como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Para estos conjuntos, la inflación resulta un referente más acorde con la realidad del costo de vida y con la capacidad de pago de los residentes.
La discusión trascendió el ámbito interno de las copropiedades y llegó al escenario político. El presidente Gustavo Petro se pronunció públicamente sobre el tema y envió un mensaje directo a las asambleas de propiedad horizontal. A través de su cuenta en la red social X, el mandatario hizo un llamado a actuar con prudencia y a evitar aumentos que consideró desproporcionados, especialmente aquellos asociados a contratos de vigilancia privada que, según su postura, pueden encarecerse sin una justificación suficiente.
En su intervención, el jefe de Estado recordó que las asambleas de propietarios tienen la facultad de analizar, debatir y, si así lo consideran, rechazar decisiones que impliquen incrementos excesivos en la cuota de administración. Asimismo, sugirió que la inflación sea el principal criterio para definir los ajustes, en lugar de trasladar de forma automática el aumento del salario mínimo.
La discusión en torno a las cuotas de administración en la propiedad horizontal se mantiene abierta, con posturas encontradas entre propietarios, administraciones y el propio gobierno. Será clave que las asambleas de copropietarios logren encontrar un equilibrio entre los intereses de los residentes y la sostenibilidad financiera de los conjuntos, evitando aumentos que puedan resultar excesivos o desproporcionados.
