El ministro del Interior de Alemania, Alexander Dobrindt, ha anunciado que el gobierno impulsará leyes más duras y dedicará más recursos a las fuerzas de seguridad para combatir el "extremismo de izquierda" después de que el grupo Vulkangruppe (Grupo Volcán) dejara sin electricidad a unas 100.000 personas en Berlín el pasado fin de semana.
"Estamos contraatacando y no cederemos terreno a los extremistas de izquierda ni a los extremistas climáticos. Más personal, más competencias y leyes más duras son la respuesta al terrorismo", ha afirmado Dobrindt en una entrevista publicada este domingo por el diario 'Bild'. El ministro ha subrayado que la seguridad es una "prioridad absoluta", aunque "sin dejar de lado la lucha contra el extremismo de extrema derecha".
La respuesta que preparan las autoridades incluye un incremento de personal para los servicios de inteligencia y también una ampliación de las competencias digitales para investigar el lugar de los hechos y los rastros digitales con mayor rapidez. Además, el Parlamento alemán, el Bundestag, debate una reforma legal para proteger las infraestructuras críticas, la llamada Ley Kritis (acrónimo de infraestructuras críticas).
Según esta propuesta, las empresas eléctricas, de agua y de telecomunicaciones estarían obligadas a informar de los incidentes en el futuro y a elaborar planes para gestionar cualquier riesgo imaginable. Asimismo se les exigirá una mayor protección de los sistemas informáticos para evitar el hackeo o el sabotaje. Dobrindt ha resaltado que esta sería una segunda capa de protección.
Los activistas del Grupo Volcán provocaron un incendio en un puente que servía de soporte para cables de la infraestructura eléctrica, la última de una serie de acciones climáticas, contra infraestructuras y grandes empresas que comenzaron en 2011. La Fiscalía Federal de Karlsruhe se ha hecho cargo de la investigación.
Según la Oficina Federal para la Protección de la Constitución (BfV), los ataques de extrema izquierda a empresas e infraestructuras críticas causan daños anuales de decenas de millones de euros en Alemania. Por ello, el gobierno alemán ha decidido endurecer su respuesta a este tipo de acciones.
