El ministro de Trabajo, Harold Burbano, rendirá su versión libre y voluntaria este lunes 12 de enero, a las 11:00, dentro de una investigación previa que impulsa la Fiscalía General del Estado por un presunto delito de tráfico de influencias, relacionado con el levantamiento de un impedimento para que Álvaro Rosero, exfuncionario público, pudiera ejercer cargos.
La causa se originó a mediados de noviembre de 2025 tras la denuncia del exfuncionario Christian Marín, quien aseguró que el ministro Burbano acudió a su despacho para presionarlo a eliminar de los registros del Ministerio de Trabajo la prohibición de ejercer cargo público que constaba contra Rosero, quien fue nominado por el presidente Daniel Noboa como ministro de Gobierno, designación que finalmente no se concretó.
Marín sostiene que estos hechos constan en una denuncia formal presentada ante la Fiscalía y que estarían respaldados con fotografías, chats, audios y registros de llamadas, elementos que forman parte del expediente en fase preprocesal.
La Fiscalía también convocó a Álvaro Rosero para que rinda su versión por segunda ocasión, en calidad de tercera persona que podría aportar información relevante para el esclarecimiento de los hechos. Además, se ordenó la recepción de versiones de otros funcionarios y exfuncionarios, la extracción y análisis de información de teléfonos celulares, pedidos de datos a las operadoras móviles y requerimientos al Ministerio del Trabajo para que informe sobre el procedimiento seguido para el levantamiento del impedimento que pesaba sobre Rosero.
El ministro Burbano ya expuso su posición ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional en noviembre pasado, donde negó las acusaciones en su contra y calificó de "temeraria" la denuncia presentada por Marín. El ministro rechazó haber ejercido presiones para modificar registros administrativos a favor de Rosero y sostuvo que los señalamientos carecen de sustento.
Este caso se enmarca en un escándalo más amplio que involucra al comunicador Álvaro Rosero, quien fue nominado por el presidente Noboa para ocupar el cargo de ministro de Gobierno, pero finalmente no se concretó su designación. La Fiscalía busca esclarecer si hubo irregularidades en el levantamiento del impedimento que pesaba sobre Rosero para ejercer cargos públicos.
La investigación pone en tela de juicio los estándares éticos del país y la transparencia en el manejo de los asuntos públicos. Será crucial el desarrollo de las diligencias programadas para este lunes, donde tanto el ministro Burbano como Álvaro Rosero rendirán sus versiones ante la Fiscalía.
