Stalin Rolando Olivero Vargas, alias Marino, fue señalado como cabecilla del grupo criminal Los Lagartos, con presencia en el sur de Guayaquil y vinculación con actividades de narcotráfico, sicariatos y extorsiones. Sin embargo, investigaciones periodísticas revelaron que, además de su perfil criminal, Olivero estuvo vinculado a empresas de seguridad privada, lo que le permitió figurar como contratista del Estado a través de compañías como Vigilancia y Protección Máxima Vigpromax Cía. Ltda.
Una de las empresas donde Olivero fue relacionado es Vigpromax Cía. Ltda., dedicada a servicios de seguridad, investigación y guardianía. En 2022, Marino adquirió parte de esta empresa, que ya estaba habilitada para participar en procesos de contratación pública. Como proveedor estatal, Vigpromax logró adjudicarse al menos un contrato con la Empresa de Agua Potable Hidroplayas EP, por servicios de seguridad y guardianía por aproximadamente 90 665 dólares.
Además, como empresa de seguridad privada, Vigpromax obtuvo permisos oficiales para porte de armas, autorizando que su personal y operaciones incluyan armamento en el ejercicio de sus funciones, con casi un centenar de armas registradas bajo ese permiso mientras Olivero aún figuraba como accionista.
El acceso a estos mecanismos y la ausencia de inhabilidades formales permitieron a la empresa competir legalmente, aun cuando uno de sus accionistas estaba bajo investigación policial. Esto evidencia una de las principales falencias del sistema de contratación pública, especialmente cuando las empresas adjudicadas prestan servicios de seguridad que implican el uso de armas y están asociadas a cabecillas de grupos delictivos.
La noche del 7 de enero de 2026, Stalin Olivero Vargas, alias Marino, fue asesinado en un ataque armado en la urbanización exclusiva Mocolí Golf Club, en la Isla Mocolí, cantón Samborondón, provincia del Guayas. Según las autoridades, Marino era considerado un "objetivo de alto valor" por su liderazgo en Los Lagartos, y el hecho podría relacionarse con disputas entre organizaciones criminales.
Este caso evidencia cómo los "infiltrados de cuello blanco" pueden aprovechar las brechas en los sistemas de contratación pública para operar legalmente, incluso cuando están vinculados a actividades delictivas. Expertos advierten que la presión estatal contra estas bandas podría desencadenar una mayor fragmentación y reactivación de la violencia criminal.
