Las protestas a nivel nacional en Irán, que desafían a la teocracia gobernante, han cumplido ya dos semanas, mientras que el número de muertos en hechos de violencia relacionados llegó a 116 personas, según activistas.
Con el acceso a internet y las líneas telefónicas cortadas, resulta difícil evaluar con precisión la magnitud de las manifestaciones desde el exterior. Sin embargo, los activistas han logrado documentar al menos 116 fallecidos, en su mayoría jóvenes, durante los violentos enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.
Las protestas estallaron inicialmente por el fallecimiento de Mahsa Amini, una joven de 22 años que murió bajo custodia de la policía moral, luego de ser detenida por supuestamente violar el estricto código de vestimenta para mujeres en Irán. Su muerte desató una ola de indignación y reclamos por mayores libertades y derechos, especialmente para las mujeres.
Desde entonces, las manifestaciones se han extendido a diversas ciudades del país, convirtiéndose en el desafío más serio al poder de los ayatolás en años. Los manifestantes, entre los que se encuentran estudiantes, trabajadores y miembros de la clase media, han gritado consignas como "Muerte al dictador" y han quemado velos y retratos del líder supremo, el ayatollah Ali Khamenei.
Las fuerzas de seguridad han respondido con una violenta represión, utilizando gases lacrimógenos, balas de goma y, según los activistas, también disparos con munición real. Amnistía Internacional ha denunciado que la policía y los Guardianes de la Revolución han cometido "graves violaciones de derechos humanos", incluyendo ejecuciones extrajudiciales.
Ante la escalada de la violencia, el gobierno iraní ha cortado el acceso a internet y a las redes sociales, dificultando aún más la cobertura y documentación de los hechos. Sin embargo, los manifestantes han logrado sortear estos obstáculos y continuar con sus protestas, desafiando el férreo control del régimen.
La comunidad internacional ha condenado enérgicamente la violenta represión de las autoridades iraníes y ha exigido el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales. Algunos países han impuesto sanciones a funcionarios y entidades vinculadas a la violencia contra los manifestantes.
Mientras tanto, el gobierno iraní mantiene su postura inflexible, acusando a "enemigos extranjeros" de instigar las protestas y calificándolas de "disturbios". Sin embargo, los manifestantes parecen decididos a continuar con su lucha por un cambio político y social en Irán, a pesar del alto costo en vidas humanas.
