La reciente alerta emitida por el Departamento de Estado de Estados Unidos instando a sus ciudadanos a abandonar de inmediato Venezuela ha encendido un debate intenso entre gobiernos, expertos y observadores internacionales sobre la legitimidad y las implicaciones políticas de dicha recomendación.
La amenaza, según Washington, se basa en informes de grupos armados que supuestamente estarían bloqueando carreteras y registrando vehículos en busca de personas de origen estadounidense o simpatizantes de Estados Unidos, generando un escenario de riesgo extremo para visitantes y residentes extranjeros.
Sin embargo, desde Caracas, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela calificó la alerta como una "fabricación de una percepción de riesgo que no existe", asegurando que el país vive en una "absoluta calma, paz y estabilidad". Las autoridades venezolanas recalcaron que todos los puntos de control, vías de comunicación y dispositivos de seguridad operan con "normalidad" y que las armas del Estado están bajo control único del Ejecutivo.
Analistas críticos señalan que ambas posturas parecen responder no solo a evaluaciones de seguridad reales, sino también a un contexto de tensión diplomática y competencia geopolítica que ha escalado en los últimos meses entre Estados Unidos y Venezuela. Este clima de desconfianza se ve alimentado por viejas heridas históricas, recientes sanciones económicas y acusaciones mutuas que complican cualquier intento de diálogo o consenso sobre la verdadera situación en el terreno.
Mientras tanto, ciudadanos extranjeros y propios venezolanos observan con preocupación las señales cruzadas, preguntándose si la alarma internacional responde a una amenaza verídica o forma parte de un choque de narrativas con implicaciones profundas para la región.
