El Poder Judicial dictó 24 meses de prisión preventiva contra el exgobernador regional del Callao, Ciro Castillo Rojo Salas, y otros ocho investigados, en el marco de una investigación por los presuntos delitos de organización criminal y colusión agravada.
La decisión fue adoptada este domingo 11 de enero de 2026 por el Décimo Primer Juzgado de Investigación Preparatoria del Callao, luego de evaluar los requerimientos presentados por el Ministerio Público, los cuales fueron considerados suficientes para imponer la medida restrictiva de libertad contra los investigados.
El juez Edie Solórzano Huaraz ordenó la inmediata ubicación y captura de Ciro Castillo Rojo Salas, disposición que rige tanto a nivel nacional como internacional. La orden fue comunicada a los órganos auxiliares de justicia para su ejecución inmediata en caso de ser ubicado dentro o fuera del país.
Castillo Rojo mantiene la condición de prófugo de la justicia desde diciembre de 2025, luego de evadir una intervención policial. Según se recuerda, el pasado 15 de diciembre, minutos antes de que agentes llegaran a una clínica ubicada en Pueblo Libre con una orden de captura, el entonces gobernador regional abandonó el establecimiento médico en silla de ruedas, con mascarilla y acompañado por personal de salud.
De acuerdo con la investigación fiscal, el exgobernador habría liderado una presunta organización criminal dedicada al direccionamiento irregular de procesos de contratación pública. Las diligencias sostienen que, a través de mecanismos ilícitos, se habrían favorecido a terceros mediante licitaciones dirigidas, comprometiendo montos que superarían los 1.4 millones de soles provenientes de recursos estatales.
El magistrado también evaluó los elementos de convicción que vinculan a los otros ocho investigados con los presuntos actos de colusión agravada. Como parte de esta investigación, ocho personas ya fueron detenidas, mientras continúan las acciones para dar con el paradero de Castillo Rojo, cuyo paradero sigue siendo desconocido.
Esta decisión judicial se enmarca en los esfuerzos del Poder Judicial por combatir la corrupción y la impunidad en el país, especialmente en el ámbito de la administración pública. La prisión preventiva impuesta a Castillo Rojo y sus presuntos cómplices busca asegurar su presencia durante el desarrollo del proceso penal y evitar riesgos de fuga u obstrucción a la justicia.
