Edison José Torres Fernández, un funcionario de la Policía del estado Portuguesa, falleció mientras se encontraba recluido en la sede de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Caracas, conocida como Zona 7. Su muerte ocurrió apenas 62 horas después de que las autoridades venezolanas anunciaran un proceso de excarcelaciones de presos políticos en el país.
Según la información difundida por el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPP), Torres Fernández, de 52 años, contaba con más de 20 años de servicio en el cuerpo policial de Portuguesa y estaba adscrito a la brigada hospitalaria de Guanare. Fue detenido el pasado 9 de diciembre de 2025, presuntamente tras compartir mensajes críticos en redes sociales contra la administración actual y el gobernador de dicha entidad, Primitivo Cedeño.
La ONG señaló en su comunicado que "no existe información oficial sobre las circunstancias ni las causas de su muerte, ni sobre la atención médica que habría recibido", y responsabilizó al Estado por la vida e integridad de quienes se encuentran bajo su custodia.
La muerte de Torres Fernández se produce en un contexto de denuncias recurrentes sobre la situación de los presos políticos en Venezuela, quienes han sido objeto de abusos y malos tratos, así como de condiciones de detención precarias que ponen en riesgo su salud y seguridad.
Organizaciones de derechos humanos han exigido reiteradamente al gobierno venezolano que garantice el respeto a los derechos de los presos políticos y que investigue de manera exhaustiva los casos de fallecimientos bajo custodia del Estado. Sin embargo, las autoridades han sido acusadas de incumplir con estas obligaciones y de mantener un patrón de impunidad en torno a estos hechos.
La muerte de Torres Fernández es un recordatorio doloroso de la urgente necesidad de abordar la crisis de los derechos humanos en Venezuela y de garantizar la protección y el bienestar de todas las personas privadas de libertad, independientemente de sus convicciones políticas.
