Las encuestas electorales son una herramienta fundamental para analizar las intenciones de voto y los temas que más preocupan a los ciudadanos previo a un proceso electoral. Sin embargo, la realización de estos estudios conlleva importantes costos que deben ser financiados de diversas formas.
Según la información del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) de Costa Rica, nueve firmas encuestadoras se han inscrito para realizar sondeos de cara a los comicios del 2026. Cada uno de estos estudios implica el pago a encuestadores, supervisores, analistas e investigadores, así como el uso de programas informáticos y servicios de Internet y electricidad.
Ronald Alfaro, investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica (UCR), explicó que una encuesta presencial a 1.500 personas puede superar fácilmente los $40.000 (unos 20 millones). No obstante, cuando se trata de encuestas realizadas por entidades públicas, los costos pueden ser menores.
José Andrés Díaz, investigador del Instituto de Estudios Sociales en Población (Idespo) de la Universidad Nacional (UNA), señaló que una encuesta puede tener un costo de entre 15 y 17 millones, incluyendo aspectos como los salarios de los investigadores y los insumos utilizados.
Según la información disponible en el sitio web del TSE, cuatro de las encuestadoras inscritas han reportado sus fuentes de financiamiento. OPOL Consultores utiliza recursos propios de su firma asociada, mientras que Idespo, CIEP y Demoscopia se financian a través de fondos institucionales, programas de investigación y la recuperación de la inversión por la venta de informes, respectivamente.
El TSE exige a las encuestadoras inscribirse y presentar la ficha técnica de sus estudios, la cual debe incluir información sobre el financiamiento, el investigador responsable, la cobertura geográfica, el método de recolección de datos, entre otros aspectos. Esto con el objetivo de garantizar la rigurosidad técnica de estos sondeos, que pueden incidir directamente en la toma de decisiones de los electores.
