La Organización de las Naciones Unidas (ONU) enfrenta una crisis existencial, luego de que el gobierno de Estados Unidos, históricamente su principal sostén financiero, decidiera recortar o congelar el financiamiento a decenas de organismos internacionales, tanto del sistema ONU como de carácter multilateral independiente.
Esta decisión del presidente Donald Trump no debe leerse como el origen del problema, sino como la revelación de una crisis que venía gestándose desde hace años. La ONU, que nació con la ambición de ser un espacio de diálogo y mediación para evitar nuevas guerras mundiales, se ha convertido en un "elefante blanco burocrático, politizado y con escasos controles efectivos".
El Consejo de Seguridad, con su derecho a veto, evita grandes guerras entre potencias, pero al mismo tiempo institucionaliza la parálisis. Mientras tanto, la proliferación de agencias, oficinas, programas y comités ha generado una "industria humanitaria" que ha minado la credibilidad y neutralidad de la organización.
La politización y la falta de rendición de cuentas han corroído la credibilidad de la ONU, como lo demostró el caso de la UNRWA, la agencia encargada de los refugiados palestinos, donde se denunciaron actos terroristas de algunos de sus empleados.
Ahora, con el recorte de fondos de Estados Unidos, la ONU se enfrenta a tres posibles escenarios: la supervivencia funcional, enfocada en desafíos globales como pandemias y cambio climático; la reforma forzada, con menos estructuras y más impacto medible; o la sustitución parcial por alianzas entre potencias que deciden sin foro universal.
Para países medianos como Ecuador, la ONU no es un "lujo ideológico", sino un "escudo imperfecto" frente al poder de Estados más grandes. Por eso, la crisis de la ONU no comienza con Trump, sino que simplemente se vuelve visible cuando alguien se atreve a "encender la luz" y dejar al descubierto el estado de descomposición de estas instituciones.
