El sistema de financiamiento de la educación superior en Chile ha sido objeto de intenso debate en los últimos años. Sebastián Donoso Díaz, educador y Doctor en Educación de la Universidad Católica del Norte, analiza en profundidad esta problemática y plantea que el avance en este campo requiere un diálogo sincero y decisiones políticas trascendentes.
Donoso Díaz señala que la gratuidad universal implementada en los últimos años ha generado una crisis política y financiera de gran magnitud, que era predecible desde el mismo debate de la ley en 2016. Cuestiona si es sustentable para un país de ingreso medio como Chile dar un soporte financiero de carácter universal a todos los estudiantes de educación superior, y si se debe financiar por igual a todos los estudiantes independientemente de la carrera que elijan.
El experto destaca un reciente informe de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) que revela que el 35% de las carreras actualmente ofrecidas por las instituciones de educación superior presenta un retorno económico negativo, y que han aumentado los estudiantes que optan por estos programas, alcanzando cerca del 40% el 2023. Esto plantea la necesidad de analizar y definir el impacto de las inversiones en este campo, más allá de los ideologismos, y considerar la posibilidad de que ciertas carreras con retornos negativos tengan cuotas de estudiantes financiados por gratuidad.
Respecto al sistema de créditos estudiantiles, Donoso Díaz señala que si bien ha contribuido a la masificación de la matrícula, no ha resuelto el problema del financiamiento de los estudiantes, ni tampoco cumple del todo con los retornos esperados para los graduados ni para el fisco. Plantea que los créditos configuran sujetos deudores y generan dinámicas de movilización y conflicto político, problemas inherentes a este modelo de financiamiento.
En cuanto al nuevo sistema de Financiamiento de Educación Superior (FES) propuesto, el experto indica que existen objeciones y dudas de carácter técnico, con implicancias políticas de gestión y gobernanza del sistema. Destaca que la Contraloría General de la República ha señalado que los recursos que se entregarían no cumplirían con las condiciones para ser reconocidos como activos, sino que deben considerarse como gasto público.
Donoso Díaz concluye que el avance en este campo requiere un diálogo sincero y decisiones políticas trascendentes sobre la universalidad de la política de gratuidad y el debate del FES, con precisiones político-técnicas sobre los valores públicos que fundan su diseño y sus resultados esperados. Enfatiza la necesidad de generar un amplio acuerdo político sobre los mejores mecanismos para lograr una política de formación de capital humano avanzado que aborde los desafíos del país.
